Desde la comodidad de nuestras circunstancias, exigimos a los gazatíes que condenen a Hamás mientras el fuego israelí llueve sobre sus cabezas. Del mismo modo, instalados en nuestro bienestar, fruto de décadas de disfrute del sistema democrático liberal —y con el estómago lleno—, no alcanzamos a comprender que las izquierdas latinoamericanas, hartas de los padecimientos a los que sus pueblos han sido sometidos durante siglos, sucumban a la tentación totalitaria. Las naciones del Sur Global no se sublevan porque sus medios de comunicación -en manos de élites alineadas económica, política e ideológicamente con las del Norte- apenas ofrecen información relevante. No estamos en la sociedad de la información, sino en la del entretenimiento. Es muy distinto. Pocos medios en Europa han tenido la intención de describir de forma veraz lo que ha sucedido en Venezuela desde 1999, cuando comienzan los gobiernos de Hugo Chávez, cuyos procesos electorales fueron reconocidos como limpios y válidos por el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos. Antes de que se creara PDVSA, en 1976, el control del mercado petrolífero venezolano era casi absoluto por parte de empresas extranjeras, principalmente estadounidenses. En 1928, tres compañías controlaban el 98% de la industria petrolera nacional. Dos de ellas eran estadounidenses: Standard Oil (hoy ExxonMobil) y Gulf Oil, a las que había que sumar la angloholandesa Royal Dutch Shell. Durante 30 años, desde 1913 hasta 1943, el Estado venezolano apenas recibió un mínimo de regalías del 15%, mientras que las empresas estadounidenses se quedaban con el resto para cubrir costes y beneficios.

Aunque en 1976 el Estado venezolano asumió el control formal, las empresas estadounidenses (Exxon, Mobil y Gulf Oil) recibieron indemnizaciones cercanas a los 1.000 millones de dólares de la época, y siguieron operando mediante contratos de asistencia tecnológica. Los Gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera permitieron a las multinacionales volver a entrar con fuerza en el país, de manera que en los años noventa se crearon asociaciones en las que las empresas extranjeras (lideradas por las estadounidenses ConocoPhillips y ExxonMobil) tenían participaciones de hasta el 60% o más en proyectos estratégicos de la Faja del Orinoco. Hugo Chávez cambia la situación, obligando por ley a que PDVSA tuviera al menos el 60% de participación en todos los proyectos, lo que provocó la salida y demanda de ExxonMobil y ConocoPhillips, que no aceptaron tener una participación minoritaria. Esta asimetría en las relaciones de poder y la explotación de recursos propios por parte de empresas extranjeras no se produce en Estados Unidos, que gestiona con celo sus propios minerales e hidrocarburos. Aunque las empresas extranjeras pueden operar en el país, deben hacerlo en las condiciones que dictan las leyes estadounidenses, muy distintas a los expolios que muchas empresas occidentales llevan a cabo en muchos lugares del mundo. No es necesario leer a Kissinger o Kennan: son incontables los políticos estadounidenses que, de manera descarnada, han explicado que la política exterior de su país se guía por los intereses geoestratégicos y económicos de sus grandes grupos bancarios, armamentistas e industriales. Los pueblos tienen derecho a revelarse contra las injusticias y a elegir su destino de forma soberana. Y es muy difícil que naciones tan pequeñas como las de América Latina puedan sustraerse a un poder tan grande y abrumador como el de Estados Unidos, que dispone de muchos mecanismos para imponer su orden.

Maduro ha sido un  gobernante brutal y corrupto. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentan cientos de asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias desde 2014 en las protestas que han tenido lugar en Venezuela. Estos registros también han sido confirmados por organizaciones venezolanas muy respetadas como Foro Penal y PROVEA. Pero no explicar la historia en todos sus detalles supone caer en las mismas prácticas deleznables que defiende la ultraderecha, que recurre a absurdos reduccionismos para explicar problemas de enorme complejidad. Luego no se trata únicamente de condenar a Maduro desde nuestra ignorancia y desde nuestra óptica eurocéntrica y eurooccidental. En cualquier caso, achacar todos los males de América Latina al imperialismo estadounidense es tan absurdo como pretender ignorar sus  terribles efectos. La izquierda no puedo enaltecer a dictadores, de ningún signo.

Fíjense en el paralelismo de Brasil y la importancia estratégica del petróleo: Dilma Rousseff fue destituida por el Senado brasileño el 31 de agosto de 2016 por cuestiones administrativas, no por corrupción. Durante dos largos años, varios medios de la derecha se dedicaron con esmero a deteriorar su imagen, ridiculizándola de muchas maneras con el propósito de que los brasileños vieran con buenos ojos su destitución. La lluvia fina también cala. Llegó un momento en el que, efectivamente, la población se mostró favorable a que se adoptasen medidas excepcionales contra ella. Incluso brasileños que viven en la pobreza extrema se alegraron de que un selecto grupo de millonarios, capitaneados por el presidente Michel Temer -con once procesos abiertos por corrupción y nada menos que diez ministros acusados en su gabinete-, asumiera el gobierno de Brasil. En cuanto Temer tomó posesión, el ruido cesó.

La primera medida tomada por el nuevo presidente, con inusitada celeridad, fue subastar el gigantesco depósito de petróleo de Pre-Sal -considerado el cuarto mayor hallazgo de la industria petrolífera de la historia, solo superado en reservas de crudo por los campos de Ghawar (Arabia Saudita), Burgan (Kuwait) y Cantarell (México)-, mediante la aprobación en el Congreso y su posterior sanción por parte del Ejecutivo de la Ley nº 13.365, que eliminaba la obligación de que Petrobras fuera la operadora exclusiva. Esto abrió la puerta a empresas como BP, Shell, TotalEnergies, Equinor y otras menores para participar directamente en su exploración y producción. La idea inicial de Dilma Rousseff era que Petrobras explotase Pre-Sal de manera exclusiva, con el fin de destinar los enormes fondos al gasto social. Durante su segundo mandato, se sancionó una ley que asignaba el 75% de las regalías petroleras a la educación y el 25% a la sanidad. Para ello, Dilma Rousseff impulsó la creación del Fondo Social del Pre-Sal, una herramienta que canalizaría los ingresos del petróleo hacia ambos sectores. En 2015, reafirmó públicamente que los recursos del Pre-Sal debían financiar el sector educativo, y que ni siquiera los ajustes fiscales afectarían a esa prioridad. Algunas entidades como CLADE, FAPESP u Oxfan calculaban que, con esta inversión, Brasil alcanzaría los niveles educativos de Finlandia en un máximo de 15 años. Brasil no tiene ninguna maldición extraña ni ningún destino inexorable e infausto que deba cumplir; si el país no está bien es debido a la mala gestión política y, créanme, la única etapa en la que las necesidades del pueblo han sido una prioridad para el poder político, si exceptuamos el Gobierno del socialdemócrata Joao Goulart (1961-1964), es durante los períodos en los que ha gobernado el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Documentos filtrados por WikiLeaks revelaron que los gigantes petroleros Chevron y Exxon presionaron activamente a través de diplomáticos estadounidenses para cambiar las leyes del Pre-Sal. Estos cables demuestran que las empresas no estaban dispuestas a trabajar en el modelo que priorizaba a Petrobras y que el cambio de ley era su principal objetivo político en la región.

Días antes del final del, por fortuna, único mandato de Jair Bolsonaro (quienes se llaman “patriotas” son los verdaderos traidores), a finales de 2022, British Petroleum (BP) ganó el concurso para explorar y posteriormente explotar el enorme yacimiento de Bumerangue, a 400 kilómetros de la costa del estado de Río de Janeiro. Se trata del mayor yacimiento de petróleo y gas encontrado por BP en 25 años. Por esta licitación, este gigante energético ha pagado la ridícula cifra de 75 millones de dólares, cuando el valor estimado del área a explotar es de unos 45.000 millones, nada menos. BP solo tiene la obligación de devolver al Estado brasileño un exiguo 5,9% de estos beneficios. Con el fin de blanquear estas operaciones contra la soberanía económica de los pueblos, la prensa habla de “seguridad jurídica” -siempre que beneficie a Occidente- o de “oportunidades de progreso y creación de riqueza”. Se crea riqueza, sí, de forma ingente, pero para unos pocos. Que las derechas no nos hablen de justicia social porque están al servicio del poder neoliberal que está destruyendo el planeta en todos los órdenes.

Muchos analistas dicen hoy de forma solemne que estamos asistiendo al final de un orden internacional basado en reglas del que disfrutábamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese pretendido orden no es más que una falacia. Las intervenciones de Estados Unidos en América Latina desde 1945 son incontables, a las que se suman las invasiones en Vietnam, Afganistán o Irak, disfrazadas de misiones morales, que acabaron sumiendo a estos países en la inestabilidad y la miseria. Por su parte, Francia acumula un larguísimo historial de crímenes de guerra en Argelia e Indochina, que en términos de violencia directa superó con creces los crímenes de Estados Unidos en el resto del mundo. Por no hablar de sus actividades en sus antiguas colonias africanas, donde ha promovido golpes de Estado, asesinatos políticos, saqueo de recursos e incontables intervenciones violentas. ¿Hablamos de la ocupación israelí de Palestina? ¿De qué “orden” estamos hablamos entonces?

La paciencia de los pueblos no es infinita. Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela durante dos periodos y destituido por corrupción, negoció durante la campaña electoral de 1989 un rescate con el FMI mientras le decía al pueblo que sus intenciones eran exactamente las contrarias. Dos semanas después de su toma de posesión, presentó un durísimo paquete de medidas dictadas desde el propio FMI, que no eran más que la receta neoliberal de siempre que golpea a los pobres para preservar la posición de los ricos. Cuando las masas tomaron las calles en la mayor revuelta de la historia del país (el “caracazo”), el Gobierno respondió suspendiendo varios artículos de la Constitución que protegían el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad individual, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a reunirse en público y en privado y el derecho a protestar de forma pacífica. Hubo detenciones, torturas, ejecuciones y otras brutalidades que dejaron un saldo oficial de 276 personas asesinadas, pero estimaciones particulares hablan de 3.000 muertos. Los muertos de siempre. Como otros excesos que antes y después hemos visto en otros lugares del mundo, Chávez surge de la decepción del pueblo por las altas expectativas creadas por políticos corruptos y carentes de ideología. Les recomiendo ver el video en el que Alejandro Izaguirre, ministro del Interior de Venezuela durante este episodio, interrumpe su discurso en televisión incapaz de seguir hablando para defender la patraña de que la situación del país estaba bajo control después de la masacre causada por la policía y el ejército. Cuando compareció ante las cámaras, Izaguirre ya sabía que las morgues de Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracay o San Cristóbal estaban a rebosar de cadáveres. Así nació el chavismo. Cuéntenles nuestra idea de democracia y libertad a quienes llevan siglos padeciendo dolor, hambre, injusticias, miseria económica, humillaciones y muerte.

Eduardo Luis Junquera Cubiles.