INGRESO MÍNIMO VITAL EN ESPAÑA.

Asegura el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José luis Escrivá, que el Ingreso Mínimo Vital no es la solución a todos los problemas sociales que padece España. Primero hay que recordar, y hacerlo siempre, que Escrivá procede del Servicio de Estudios Económicos del BBVA, del que fue director. En el pasado, este ente llegó a tener un gran prestigio debido al extraordinario rigor de los análisis que elaboraba, pero tras la llegada a la presidencia de Francisco González al banco, en el año 2000, a propuesta del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, se llevó a cabo en el mismo una purga con el fin de eliminar a todos los economistas que no fueran abiertamente neoliberales. Dicho esto, no creo que nadie quiera construir su vida alrededor de una ayuda como esta, al contrario, lo que necesitamos de verdad es un pacto social para aumentar los salarios. Si comparamos el sueldo de nuestro país utilizando las diferentes formas de cálculo: medio, mediano o modal, siempre salimos mal parados respecto a los países de nuestro entorno, que son con los que nos debemos medir.

Vamos a huir-aunque es necesario escuchar todas las voces-de los conceptos reduccionistas de la derecha, que dicen que las subvenciones cronifican la pobreza (no se me ocurre un factor más decisivo a la hora de cronificar la pobreza que los salarios bajos) o que el que está económicamente mal lo está por sus malas decisiones. Entre otras cosas porque hoy en España está mal muchísima gente, y lo está porque los salarios son bajísimos, algo que hubiera parecido mucho más evidente de no haber entrado en la Unión Europea los países del Este, que han reducido el nivel medio de riqueza del continente y que, con el cambio de parámetros a la hora de medir los niveles de renta, han ayudado a camuflar los problemas endémicos de España. Lo mismo sucede con la economía sumergida, ya que la media europea también incluye los datos de estos países. Esto significa que, en la Europa actual, estas naciones lideran también el ranking de los países con más economía ilegal, tras los cuales están España, Portugal, Grecia e Italia. Sin los antiguos países satélites de la Unión Soviética, que han ayudado a maquillar estas cifras, España se situaría como el tercer país de Europa con más economía sumergida.

La cuantía del Ingreso Mínimo Vital será de entre 461 euros por adulto hasta 1.015 para familias de 5 miembros. Pero esa ayuda, una vez examinadas todas las circunstancias de los solicitantes, debería ser estatal para no crear más diferencias-aún-entre comunidades. Por ejemplo, la renta mínima del País Vasco en 2014 era el doble que la de Madrid. Estas cosas tienen una influencia decisiva en cómo los españoles nos percibimos unos a otros y, por supuesto, en nuestra vida real, de manera que no debemos extrañarnos si no existe un cierto sentimiento de patria, que nace de muchas y muy diferentes cuestiones, también de que exista una cierta homogeneidad entre todas las regiones del país. Sí, ya sé que no es solo esto, pero también es esto. También soy consciente de que podemos hablar de países que poseen un cierto sentimiento de unidad pese a las enormes diferencias entre sus territorios-el sur agrícola de EE. UU. en comparación al norte industrializado-, pero creo que somos ciudadanos de una democracia avanzada, con la suficiente madurez como para elaborar nuestras propias respuestas aquí, sin que sea necesario que nadie desde el exterior nos marque el camino.

Incluso en el marco de un país de salarios altos, es necesario que existan al menos tres tipos de ayudas más allá del Ingreso Mínimo Vital: ayudas por hijo, becas y ayudas a la dependencia. En un país como el nuestro, en el que por fortuna existe una fuerte conciencia de la importancia de mantener una sanidad pública de calidad sería necesario que se abriera el debate de la necesidad de cubrir por entero los gastos de las familias en las que uno o más miembros padecen alguna de las llamadas “enfermedades raras”, que suelen tener un altísimo coste y no están todas recogidas en la Ley de Dependencia. Sobre las becas, creo que todos conocemos casos de personas con varios hijos en edad universitaria que algún año no han podido matricularlos a todos. Estas cosas resultan sencillamente increíbles en la España del siglo XXI y deberíamos lanzarlas a la cara de todos los políticos que presumen de la pretendida modernidad de nuestro país, sobre todo cuando España mantiene gastos como los de armamento, que no suponen inversión alguna de futuro, que no se cuestionan en lo más mínimo, que están envueltos en la más absoluta opacidad y que exigen inconfesables artificios contables para ser aprobados porque están blindados en los presupuestos mediante garantías que no existen para inversiones estratégicas tan importantes como las relativas a la educación o la ciencia. Para racionalizar esas ayudas sería necesario centralizar de nuevo algunas competencias, y este debate es dificilísimo de abordar en la España actual.

También sabemos todos de casos sangrantes de personas que deberían recibir ayudas por alguno de los conceptos que he citado y no las reciben y, al contrario, personas que están cometiendo fraudes que hacen que resulten beneficiarios de ayudas que no deberían recibir. Toda ayuda social conlleva un fraude porque siempre habrá casos de personas que soliciten ayudas que no necesitan o no requieren tanto como otras, pero eso no significa que no existan condiciones de partida que deberían ser corregidas o al menos paliadas en origen por el Estado. La ausencia de controles en España da lugar a estos problemas, que se han convertido en algo endémico: nadie controla fraudes e irregularidades de todo tipo que afectan al mundo del trabajo y que terminan produciendo accidentes laborales. Empezando por ahí y terminando por empresas que defraudan porque la Agencia Tributaria carece de los medios necesarios para perseguir todos los fraudes, como bien denuncia Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, y pasando por los casos de personas que reciben ayudas por enfermedades que no tienen o por un grado de pobreza o exclusión que no padecen y un sinfín de irregularidades que un sistema más eficaz debería corregir.

La idea de poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital es una decisión política que no se ha querido llevar a cabo porque hasta hace poco más de un año el salario mínimo era de apenas 735 euros. Para muchas personas, principalmente para las que entonces trabajaban a tiempo parcial, hubiera sido más ventajoso solicitar y recibir, en el caso de que hubiera existido, un ingreso de renta mínima de entre 400 y 1.000 euros, en vez de tener que levantarse cada mañana para recibir un sueldo irrisorio. Sé que esto indigna a muchas personas que permanentemente hacen suyo el viejo discurso de que “la gente no quiere trabajar”, pero lo que de verdad debería indignarnos es que personas que viven en un país de primer nivel como España tengan que conformarse con salarios de miseria de 900 euros, que son los que perpetúan el modelo de país “low-cost” en el que estamos desde 2008 y del que es imposible salir sin un incremento salarial. Nos hemos acostumbrado a que nuestros políticos nos digan no a casi todo y hemos asumido que para que haya estabilidad económica es más necesario salvar a los bancos y las grandes empresas que a las familias, pero esta medida nos ayudará, al menos, a paliar los casos de pobreza más severa.

Eduardo Luis Junquera Cubiles.