Desde finales del pasado siglo, nuestros políticos nos dicen que la inviabilidad del sistema público de pensiones hace necesario que contratemos un plan privado que sirva para complementar el futuro cobro de una pensión. En países como España existe una enorme dificultad para que las clases populares dediquen parte de sus ingresos a contratar un plan privado de pensiones; las dos razones principales son los bajos salarios y la precariedad laboral, que hace que la continuidad en un puesto de trabajo no esté asegurada (en España hay el doble de contratos temporales que en 1995). Fuera de estas cuestiones, podemos examinar con detalle algunos otros intereses para que los planes privados de pensiones adquieran cada vez más protagonismo en nuestro país y en el resto de Occidente, lo cual constituye una vieja aspiración presente en la agenda neoliberal desde comienzos de los años setenta del siglo XX.

Los planes privados de pensiones han conseguido captar 109.244 millones de euros en España, aproximadamente el 8,5% del PIB de nuestro país. Pero esa cifra es pequeña en comparación al dinero que las entidades podrían recaudar si la población acepta la idea de que el sistema público de pensiones es inviable. Naturalmente, el proceso se produciría de forma paulatina y los nuevos trabajadores, persuadidos de que nunca cobrarán una pensión cuantiosa, comenzarán a invertir parte de su dinero disponible en planes privados de pensiones. Una de las estrategias del neoliberalismo (el capitalismo sin controles) para que la población deje de creer en un sector público eficaz y pujante consiste en abandonar la inversión en los diferentes estamentos públicos. A nivel mundial, existen dos ejemplos emblemáticos: la Sanidad y la Educación. En varios países occidentales, sus respectivos Gobiernos no invierten en estos sectores, como sí hacían antaño, las cantidades necesarias para que continúen siendo servicios excelentes, lo cual conduce a un deterioro objetivo de los mismos, que incluye un desprestigio social justificado que hace que la propia población dedique parte de sus recursos a pagar tanto una escuela privada de mayor calidad para sus hijos, como una sanidad privada más eficiente y solvente para sus familiares. El mismo resultado se produce en los países en vías de desarrollo, aunque no por desinversión, como sucede ahora en Europa, sino porque en estos países los servicios nunca han alcanzado el nivel de excelencia propio de una sociedad igualitaria y justa. De manera que es perfectamente posible menoscabar cualquier servicio público recortando la inversión hasta el punto de hacer realidad los peores presagios en cuanto a viabilidad, calidad y eficacia del mismo. El PP y el PSOE en España son dos partidos que llevan a cabo políticas económicas de derechas en consonancia con organismos como el Banco Mundial y el FMI, y con grupos de presión que influyen en la elaboración de leyes para favorecer sus intereses, que no coinciden con los intereses de los ciudadanos. Pero, además, estos grupos defienden premisas no sólo discutibles, sino falsas: como explicaba en los capítulos anteriores, lo decisivo para garantizar un sistema de pensiones viable no es el número de trabajadores, sino la riqueza generada por esos trabajadores. También debemos preguntarnos si el mismo dinero que los fondos privados de pensiones desean gestionar no puede ser manejado por la administración pública con criterios de eficacia, transparencia y bien común, y no, únicamente, en beneficio de unos pocos.

Existen vínculos muy estrechos entre el poder político y los grupos financieros más fuertes, que han conseguido penetrar en los partidos para que estos legislen a medida de sus intereses económicos. La entidad que gestiona más dinero de planes privados de pensiones en nuestro país es el BBVA, que también hace lo mismo en gran parte de América Latina. Rafael Doménech es el actual responsable de análisis macroeconómico del citado banco. También es miembro del foro de expertos del Instituto Aviva de Ahorro (Aviva es una aseguradora), un organismo que promueve el aumento de los planes de pensiones privados. Doménech, a su vez, fue subdirector de la Oficina Económica del presidente Zapatero y en 2013 fue uno de los 12 “expertos” encargados por el Gobierno de Mariano Rajoy de elaborar un informe sobre cómo deberían ser las pensiones futuras. Esta es otra de las estrategias preferidas del neoliberalismo: convencernos de que existen personas, en virtud de su extraordinaria formación, con un criterio “superior” desde el cual decidir con una pretendida infalibilidad acerca de cualquier materia. Por supuesto, el ciudadano medio jamás podrá opinar sobre la idoneidad de las medidas tomadas, aunque estas le afecten de forma directa, algo que no sucede con quienes elaboran tales leyes, que rara vez sufren las consecuencias de las mismas. Los informes finales de estos “sabios” terminan siendo un conjunto de argumentos destinados a justificar las medidas impopulares impuestas por el gobierno de turno. De los 12 miembros del comité para emitir un informe con el cual llevar adelante el llamado “factor de sostenibilidad” (dos de los cuales fueron elegidos a propuesta del PSOE), sólo 3 eran partidarios de un sistema público de pensiones, mientras que 8 cobraban directamente de la banca o de las aseguradoras que gestionan los fondos de pensiones privados.

El “factor de sostenibilidad” es un conjunto de coeficientes y factores que se aplicarán a partir de 2019 con el fin de reducir las pensiones a cobrar por los ciudadanos que accedan a la jubilación. El “factor de sostenibilidad” no es un invento del PP, sino que ya fue planteado en la última revisión que hizo el Gobierno de Zapatero en 2011. El aumento actual del 0,25% se deriva de una fórmula incluida en la reforma de 2013, aprobada de forma unilateral por el Gobierno del PP, que descartaba el IPC como principal indicador y lo sustituía por el Índice de Revalorización de las Pensiones (un índice que no constituye un indicador objetivo como el IPC), que tiene en cuenta varios parámetros para calcular como deben evolucionar las pensiones como, por ejemplo, la evolución de gastos e ingresos de la Seguridad Social durante los cinco años anteriores, en el año en curso y en los cinco años posteriores.

Como antes comentaba, cuando existe miedo en la sociedad es más fácil tomar medidas de excepción. Como era de esperar, la crisis fue la excusa perfecta para llevar a cabo recortes sociales de todo tipo, lo cual incluía desvalorizar las pensiones: la ley decía que, si los parámetros eran muy positivos, las pensiones no podrían crecer más de un 0,5%, el doble de lo que propone el Gobierno del PP para este año, una cantidad que continuaría siendo extremadamente baja. Pero, para que se produjese ese aumento de un 0,5% que, insisto, continúa siendo insuficiente, la economía española debería registrar el mayor crecimiento promedio de su historia y avanzar a ritmos anuales cercanos al 4%. Esto ha sido expuesto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (Airef), que ha elaborado un simulador en el que se observa que, si en los próximos años la economía crece un 3,9%, las pensiones comenzarían a subir levemente a partir de 2020. El aumento en 2021 sería de un 1,5% y de un 2,45% en 2022. Todos los supuestos se calculan con una referencia de inflación del 2%, algo poco realista porque este ha sido un indicador tradicionalmente elevado de la economía española.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es un organismo público “independiente” creado para garantizar que se cumpla el principio de estabilidad presupuestaria contenido en el artículo 135 de la Constitución (del que luego hablaremos). Este ente es el encargado de determinar anualmente si los parámetros utilizados por el gobierno para determinar la revalorización anual de las pensiones es el adecuado. Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, las últimas enmiendas incorporadas al texto de la ley en 2013 incluyeron la decisión de que este organismo valide los parámetros utilizados en los cálculos para revalorizar las pensiones. El 15 de julio de 2017, la Airef publicó su valoración acerca de la subida de las pensiones en 2017, declarando que correspondía aplicar la subida del,0,25%. La Airef añadió que cabía esperar que ese fuera el aumento hasta 2022. Exactamente tres días después, el 18 de julio, el Fondo Monetario Internacional pidió limitar el aumento de las pensiones en un máximo de un 0,25% anual “para que el sistema sea sostenible y el esfuerzo de ajuste se reparta entre generaciones».

Muchas cuestiones que atañen de forma directa a los ciudadanos y que tienen un decisivo impacto en sus vidas son decididas por personas que no llevan una vida normal ni padecen los problemas habituales del común de los ciudadanos. José Luis Escrivá Belmonte, presidente de Airef, recibe anualmente un salario bruto de 135.000 euros; por su parte, Christine Lagarde recibe cada año 458.700 euros en calidad de presidenta del FMI. Lagarde pide cada año moderación salarial en España, subida del IVA y abaratamiento del despido. También ha reclamado reducir el sueldo de los empleados públicos en nuestro país. Lagarde se subió el salario en un 11% cuando asumió el cargo de presidenta del FMI y además no paga impuestos. A su sueldo extraordinario hay que sumar dietas mensuales de 6.700 euros y el pago por parte de la entidad que preside de dietas, alojamiento, gastos de viajes, representación y manutención. Luis María Linde, gobernador del Banco de España, apuesta por retrasar hasta los 67 años la edad de jubilación. Linde es partidario de la moderación salarial, descarta subir las pensiones al ritmo del IPC y aboga por la contratación de planes privados. Luis María Linde recibe en calidad de gobernador del Banco de España un sueldo bruto de 186.800 euros anuales.

Siguiendo con la composición del comité de expertos encargados de asesorar al Gobierno del PP en materia de pensiones, el presidente del mismo, Víctor Pérez-Díaz, es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense y ha colaborado en varias ocasiones con la fundación FAES-fundada por el expresidente del Gobierno, José María Aznar-, un organismo partidario de disminuir el tamaño del Estado hasta niveles irrisorios y de aplicar políticas neoliberales a ultranza, pero que, curiosamente, acepta de buen grado cualquier subvención pública. Pérez-Díaz ha formado parte del consejo asesor de Repsol, de la Fundación Caixa Galicia y de Unespa, el organismo que representa los intereses de las aseguradoras en nuestro país. La propia Unespa financia el Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas, al que pertenece Pérez-Díaz, que ha elaborado dos informes sobre el sistema público de pensiones en los cuales, como es lógico, se defiende la idea de potenciar los planes privados en España.

José Ignacio Conde-Ruiz es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el laboratorio de ideas del Ibex-35, y profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. Es coautor de varios análisis y estudios sobre la viabilidad del sistema de pensiones, todos ellos financiados por bancos y grandes empresas.

Manuel Lagares Calvo es catedrático de Hacienda Pública en excedencia de la Universidad de Alcalá de Henares e inspector de la Agencia Tributaria. Durante el Gobierno de Adolfo Suárez fue subsecretario de Estado de Economía y consejero de Economía de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo. También fue consejero de la aseguradora Mapfre y director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Además, es miembro del consejo editorial del diario El Mundo.

Francisco Castellano Real es catedrático de Hacienda Pública en la UNED, también es jefe de la asesoría fiscal de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Miguel Ángel Vázquez Burgos es director de Análisis y estudios de Unespa, la patronal de las aseguradoras, de la cual fue responsable de comunicación.

José Enrique Devesa Carpio es profesor del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia. Es autor de un estudio para Fundación y Vida, un organismo que agrupa a varias de las mayores aseguradoras que operan en España y que defiende de forma activa la implementación de medidas que incentiven los planes de pensiones privados. Dicho estudio se cerró con la recomendación de que los jubilados complementen su pensión con un fondo privado.

Mercedes Ayuso fue la única mujer presente en el comité. Es catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona y experta en Economía Actuarial. En 2011 publicó un estudio para la reforma de las pensiones que coincidía con el de Unespa.

José María Marín Vigueras es especialista en mercados financieros y catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid. También fue presidente de la Asociación Española de Finanzas, así como director del Centro de Investigación en Economía Financiera. Asimismo, forma parte del Grupo de Asesores Económicos de la Autoridad Europea de los Mercados de Valores. Se declara experto en valoración de activos financieros, gestión de carteras y riesgos e innovación financiera.

José Luis Tortuero es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense y elaboró un estudio acerca de la reforma de las pensiones para el Gobierno de Zapatero.

Santos Miguel Ruesga Benito es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en relaciones laborales. También ha sido representante de UGT en el consejo de administración de RTVE. Publicó un estudio sobre la financiación de la Seguridad Social en el que se abogaba por reducir las cotizaciones a la Seguridad Social-pagadas por los empresarios- a la vez que se aumentarían impuestos como el IVA.

Miguel Ángel García Díaz es director del gabinete de estudios de Comisiones Obreras y también imparte clases de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es un defensor a ultranza del sistema público de pensiones.

La estrategia del neoliberalismo es bastante clara: alcanzar la hegemonía y el prestigio intelectual para que su voz sea la única en ser escuchada. Mediante la financiación de estudios y análisis subvencionados, el movimiento neoliberal se va apropiando del discurso oficial y “experto” no sólo en materia de pensiones, sino en todos los ámbitos de la economía. Los grandes emporios financieros defienden ferozmente esta corriente de pensamiento, de manera que los informes más publicitados por los grandes medios-repletos de periodistas afines al neoliberalismo- son aquellos que promueven una disminución del tamaño del Estado y un aumento del papel de las grandes empresas en la economía. Además, el neoliberalismo ha colocado a sus defensores en los principales laboratorios de ideas y en los ministerios claves de los países occidentales: Economía, Hacienda, Obras Públicas, etcétera. El movimiento impregna también la enseñanza universitaria, un proceso que va en constante aumento desde el advenimiento del grupo neoliberal de la Universidad de Chicago, capitaneado por Milton Friedman en los años cincuenta del pasado siglo. Una vez conseguida la supremacía intelectual, el neoliberalismo tan solo ha de esperar a que su discurso penetre en todos los rincones de nuestra sociedad hasta que sea aceptado por todos como algo inevitable. El triunfo del neoliberalismo es total cuando las clases medias y bajas, golpeadas por la crisis financiera de forma inmisericorde, repiten sin pestañear el discurso de las clases dominantes. Para llegar a esto, naturalmente, se ha producido un proceso de embrutecimiento paulatino y masivo, que consiste entre otras muchas cosas en considerar el entretenimiento vano y necio como un valor positivo. El sistema también ha promovido el individualismo salvaje (el paraíso soñado por el neoliberalismo), que acaba derivando en una sociedad disgregada e incapaz de articularse contra el poder. La subcultura del neoliberalismo estigmatiza la solidaridad y la considera un signo de debilidad.

En el año 1997, el Gobierno de José María Aznar creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, aunque no hizo efectiva su primera aportación hasta el año 2000. Desde 1998, la Seguridad Social no financia la Sanidad, de manera que a partir de 1999 este organismo comenzó a registrar superávit. Las aportaciones a la llamada “hucha de las pensiones” fueron continuas desde el año 2000 hasta 2011, a excepción de los años 2008 y 2009, en ambos ejercicios existió superávit en la Seguridad Social, pero el Gobierno de Zapatero ignoró la Ley y no aportó al Fondo los 14.000 millones de euros generados. Cuando Mariano Rajoy fue elegido presidente del gobierno en 2011, la Seguridad Social ya no generaba superávit. El mismo año, el Fondo de Reserva de las Pensiones contaba con 66.800 millones de euros, alcanzando su máximo histórico de reservas. Aznar había fijado en un 3% del gasto realizado en pensiones contributivas la cantidad máxima anual a extraer del Fondo, pero Mariano Rajoy suspendió ese límite por decreto ley en los años 2012, 2013 y 2014, y también lo hizo en 2015 y 2016 a través de los Presupuestos Generales del Estado. Para disponer del dinero del Fondo, el Gobierno sólo debe notificarlo al Congreso. En la actualidad, el Fondo de Reserva cuenta con apenas 8.095 millones de euros. En 2013, el Gobierno de Rajoy dificultaba el acceso a las jubilaciones anticipadas mediante el Real Decreto 5/2013. La Ley 23/2013 endureció aún más las condiciones de nuestros pensionistas al desvincular la revalorización de las pensiones de la inflación.

Por si esta estrategia propagandística que mezcla el miedo con la ideología neoliberal promocionada en los medios no fuera suficiente, el Gobierno ha incentivado los planes privados de pensiones de diversas formas para hacerlos más atractivos a los ahorradores. A final de 2014, el Gobierno del PP redujo por ley los cobros por gestión en los fondos de pensiones, a la vez, la Dirección General de Seguros pidió más transparencia al sector, algo que influyó en la posterior bajada de comisiones. Ya en octubre del mismo año, el Ministerio de Economía había limitado las comisiones máximas de los fondos de pensiones privados porque disminuían la rentabilidad y frenaban las inversiones en ese producto. Con estas medidas, el Ejecutivo pretendía impulsar los planes privados de pensiones, exactamente el mismo objetivo que persiguen las grandes aseguradoras y los bancos. La rebaja de comisiones en este producto fue una decisión política y no una consecuencia de la competencia en el sector. Naturalmente, la defensa de estos planes no es exclusiva del Partido Popular, sino también del PSOE: Celestino Corbacho, ministro de Trabajo entre 2008 y 2010, animó a los ciudadanos en su último año al frente del ministerio a contratar planes privados de pensiones. Las campañas de recomendación de contratar planes privados por parte de los diferentes gobiernos se intensifican a finales de año porque es entonces cuando los ciudadanos con dinero ahorrado buscan un producto que les permita pagar menos impuestos. La contratación de estos productos cuenta con enormes desgravaciones fiscales muy publicitadas por bancos y aseguradoras.

Como decía al comienzo de este artículo, las cotizaciones de los trabajadores no son la única forma de pagar las pensiones, el Estado tiene otras vías para afrontar los gastos. Si nos centramos en el descenso de las cotizaciones como un dato aislado no conseguiremos dar una solución eficaz al problema porque partiremos de premisas falsas. Las cotizaciones se han reducido porque hay más desempleo respecto a una década atrás y porque el empleo generado desde el inicio de la crisis es de poca calidad, con una disminución continua de la masa salarial en nuestro país.

Eduardo Luis Junquera Cubiles.