En Argentina, el soborno es parte integral de la cultura política del país. Pasan las décadas y nada cambia, solo el rostro de quien dirige el gigantesco entramado mafioso político-económico. Estremece y repugna a la vez investigar la realidad política de una nación que nunca termina de despegar realmente. La corrupción no es, como ocurre en otros lugares, una forma alternativa-un atajo-para acceder a licitaciones públicas, sino que constituye la principal estructura de poder en beneficio de unos pocos. Las diferentes formas de corrupción afectan al sector empresarial, a todos los partidos políticos, a todas las áreas del gobierno y al poder judicial, lo cual explica que tan solo un 2% de los casos que llegan a los tribunales terminen en condenas. En el orden social, los propios electores asumen la corrupción de los partidos a los que votan-que, por tanto, no son castigados en las urnas-argumentando que todos son corruptos. Flaco favor le ha hecho a la izquierda la expresidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, presentándose a estas elecciones, más aún cuando no dudará en subirse, después de la nueva victoria del peronismo, a la ola regeneracionista e ilusionante que recorre el mundo de norte a sur y de este a oeste en forma de manifestaciones que piden justicia, libertad, mejoras de todo tipo y el fin de la corrupción. Desde la corrupción no puede liderarse nada, desde la mentira y la demagogia, tampoco.

¿Acaso puede ella representar a tantos y tantos argentinos de izquierdas o de derechas, poco importa, que aspiran a vivir en un país que no sea la eterna ciénaga de podredumbre que conocemos desde la noche de los tiempos? Ella, justo ella, sobre la cual hay 13 procesos abiertos y 7 pedidos de prisión preventiva que no se ejecutan por su condición de senadora, algo que se verá reforzado por la protección legal que beneficia a los vicepresidentes. Ella, que se define como la defensora de los pobres y ha multiplicado su patrimonio de forma exponencial desde que ascendió al poder junto a Néstor Kirchner hasta sumar una treintena de propiedades, entre casas y apartamentos, y acciones en empresas hoteleras e inmobiliarias, pese a que declaró ante la Oficina Anticorrupción, en 2018, no poseer nada a su nombre. El poder judicial argentino es otro lodazal: el incremento patrimonial de los Kirchner entre 2007 y 2008, por ejemplo, fue tal que motivó una denuncia, sobreseída en tiempo récord por un juez cercano al kirchnerismo. También ha sido denunciada la venta de terrenos públicos en El Calafate, pero el caso no avanza porque la fiscal encargada es sobrina del matrimonio Kirchner. Los Kirchner han sido acusados de recibir sobornos, asociación ilícita en concesión de obra pública, lavado de dinero, enriquecimiento ilegal, encubrimiento, obstrucción a la justicia y administración fraudulenta con perjuicio para la hacienda argentina.

Durante la dictadura, el matrimonio no fue perseguido, como tantas veces han repetido con el fin de crear un relato cuasi mitológico tras el cual parapetarse (a finales de 1976, Néstor permaneció detenido apenas unas horas en la comisaría de Río Gallegos, interrogado por un militar amigo de su familia). Antes, al contrario, gracias a la circular 1050 del Banco Central de Argentina, los Kirchner adquirieron a precio de saldo 22 propiedades de familias en apuros por impagos de sus hipotecas. El periodismo de investigación probó que el matrimonio disponía de información privilegiada que les permitió adquirir las casas que salían a subasta a precios irrisorios. Parte de ellas, fueron posteriormente vendidas al empresario Lázaro Báez que, “casualmente”, vio como una de sus empresas, Austral Construcciones, se hacía con el 82% de las concesiones de obra pública en Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner era gobernador de esta provincia, entre 1991 y 2003 (52 contratos cuyo coste ascendía a más de 1.000 millones de euros). Vitoreada en múltiples ocasiones a su entrada en los juzgados, en una muestra más del fanatismo de una sociedad enferma que tolera la corrupción y hasta la aplaude porque la practican los suyos, que en Argentina son todos, vuelve al poder manteniendo todos los rasgos demagógicos que facilitaron su ascenso. La corrupción destruye cualquier sociedad porque socava la confianza entre el Estado y los ciudadanos, que esperan que su dinero sea utilizado de manera adecuada. Pero, cuando los escándalos se producen en partidos de izquierdas que tratan de emprender transformaciones históricas en sociedades tan injustas y desiguales como las de América Latina, es la legitimidad moral la que se ve afectada porque son los proyectos políticos en su conjunto, pese a los innegables avances sociales conseguidos, los que terminan siendo enjuiciados, etiquetados como corruptos, populistas e ilegítimos y, finalmente, condenados. Ganando las elecciones, Cristina Fernández Kirchner ha obtenido su primer indulto, por eso América Latina no avanza.

Eduardo Luis Junquera Cubiles.