Los privilegios de las eléctricas, historia de una estafa:
Lo siento, pero lo que pasa en España no sucede en ningún país de nuestro entorno, esos con los que tantas veces nos comparan nuestros políticos manipulando datos u ofreciendo cifras sesgadas. Cuando leemos que España es uno de los países europeos con la electricidad más cara, debemos tener en cuenta que, las estadísticas que utiliza Eurostat para elaborar sus informes con el fin de comparar los precios de la energía en los diferentes países de la Unión Europea se hacen antes de impuestos, lo cual indica que, independientemente del puesto que ocupe España en la clasificación final en el continente, el precio que pagamos es aún mayor que el declarado por Eurostat, atendiendo también al salario medio de nuestro país, al coste de la vida y al impacto de los impuestos en el recibo final.
Corría el año 1997, hasta entonces, el sector eléctrico estaba regulado en nuestro país. Era el Estado, tan denostado en su papel gestor por el Partido Popular, el que establecía los precios a cobrar por las propias empresas. Josep Piqué, entonces ministro de Industria, anunció ufano y satisfecho el comienzo de una pesadilla de alza de precios-que aún continúa-con el eufemismo de “reducción de tarifa”, que sería, según los defensores de la privatización del sector público en España, la principal consecuencia de liberalizar el mercado eléctrico. Sólo faltó que el ideario grabado a fuego en las mentes de los acérrimos partidarios del neoliberalismo dentro del PP fuera cincelado en piedra y entregado al pueblo en unas nuevas tablas de la ley. Una y otra vez, se repitieron en los medios de comunicación afines al Gobierno consignas como que una parte importante del precio a pagar por la energía sería decidida por el sacrosanto mercado a través de sus infalibles leyes de la oferta y la demanda, lo cual conllevaría, insisto, una bajada de precios. Pero esa retórica rimbombante fue desmentida año tras año por la realidad monopolística española porque cinco empresas controlan el mercado de forma rígida: Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y Gas Natural Fenosa. Entre 2004 y 2015, la subida del recibo de la luz ha sido de un 76%. Los aumentos entre 2016 y 2017 son del 12% anual, aproximadamente. Desde 2004, la electricidad, simplemente, se ha convertido en un lujo en nuestro país.
Los Costes de Transición a la Competencia:
El enorme coste de producción de la energía es la excusa utilizada por las eléctricas para aumentar los precios de la luz todos los años. No es fácil rebatir estos argumentos porque las empresas energéticas en España no son precisamente transparentes. Casi todos los datos relacionados con las eléctricas son confusos y difíciles de interpretar. El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) ha calculado las cantidades de pagos ilegítimos abonados a las compañías eléctricas entre 1998 y 2013, la cantidad asciende a entre 60.000 y 80.000 millones de euros. Las cinco grandes empresas de energía no sólo aprovecharon su enorme influencia en los sucesivos gobiernos con el fin de perpetuar su monopolio, sino que ya fueron sancionadas por la Comisión Nacional de la Competencia por tratar de impedir el cambio de empresa comercializadora y por intentar fijar los precios a los grandes clientes. Pese al control de las grandes empresas sobre el mercado español, el Gobierno creó en 1997 los llamados Costes de Transición a la Competencia para que las eléctricas aceptaran de buen grado las oscilaciones del nuevo mercado “liberalizado”. Para conseguir el privilegio de los Costes de Transición, las empresas utilizaron uno de los viejos recursos del neoliberalismo, que apela a la seguridad jurídica (protección por parte del Estado) cuando ve peligrar sus inversiones, mientras pide respeto para la libertad de mercado-el pez grande se come al pequeño-cuando los beneficios son seguros. Así, las compañías exigieron garantías para competir en un mercado abierto en el cual pudiera darse el caso de que no recuperasen las inversiones. Así es como se hizo el cálculo de los Costes de Transición, estableciendo una distinción entre las expectativas de ganancias de las compañías y los ingresos a cobrar en el nuevo sistema regulado, siempre con la premisa de que el propio mercado fijaría el precio medio del megavatio por hora (MWh) en 36 euros durante la vida útil de las centrales involucradas. La cantidad final quedó establecida en aproximadamente 8.664 millones de euros, a los que había que sumar un incentivo al consumo de carbón español, que se fijó en 2.000 millones de euros a recibir entre 1998 y 2010. El Gobierno de Zapatero acabó en 2006 con los Costes de Transición, pero nunca reclamó a las compañías lo que habían cobrado de más a los ciudadanos.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE), hoy integrada en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC), calculó que hasta 2006 las grandes empresas eléctricas habían cobrado a los ciudadanos a través del recibo de la luz 3.558 millones de euros más de lo que les correspondía por los Costes de Transición. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético anunció en 2013 que el Estado había perdonado a las grandes eléctricas una deuda de 3.396 millones de euros y denunció el hecho ante la Fiscalía Anticorrupción, que abrió una investigación con el fin de aclarar por qué motivo los responsables del Ministerio de Energía entre 2007 y 2010 (Gobierno de Zapatero) no demandaron a las eléctricas el sobrante que fue cobrado a los ciudadanos en concepto de Costes de Transición a la Competencia. La Administración tuvo la posibilidad de cobrar esas cantidades hasta 2010, fecha en que prescribió el posible cobro. El Gobierno no hizo efectivo ese derecho, pese a un informe favorable por parte de la Abogacía del Estado en 2008, a los que hubo que sumar dos informes de la antigua Comisión Nacional de la Energía del mismo año instando al Gobierno de Zapatero a proceder a la liquidación. La investigación de la Fiscalía contó con el testimonio de varios altos cargos del Ejecutivo socialista, pero dictaminó que no existía delito alguno en no reclamar esos sobrecostes, de manera que el caso terminó siendo archivado. El Gobierno del PP tampoco consideró la posibilidad de reclamar la deuda a las compañías eléctricas. Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se insiste en que no reclamar la devolución de los Costes de Transición y no fijar mecanismos de corrección posteriores constituyen dos vulneraciones de la normativa europea de Ayudas de Estado. En definitiva, pese a contar con varios informes técnicos y jurídicos para reclamar el dinero a las eléctricas, el Gobierno no lo hizo.
En nuestro país todo favorece a las grandes empresas y corporaciones: en mayo de 2008, el Ministerio de Industria elaboró un borrador de orden ministerial con el fin de reclamar a las eléctricas el dinero cobrado de más a los clientes en concepto de Costes de Transición a la Competencia. El entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, declaró que nunca fue informado de esa orden.
La regulación a medida de las eléctricas explica este despropósito: aunque en 1997 se establecieron las cuantías máximas de 8.664 millones de euros para compensar las eventuales pérdidas de las eléctricas, el mercado eléctrico no se estabilizó en el precio fijado en la Ley del sector eléctrico LSE 54/97, que era de 36 MWh, creado para hacer un cálculo máximo de los Costes de Transición, sino en precios mucho más altos. Así, en junio de 2005 el valor más alto de los Costes de Transición actualizado y establecido en la ley en esos 8.664 millones ya había sido cobrado por las empresas en su totalidad. Esta cantidad se cobró a través de dos vías: una parte en forma de tarifas de los propios Costes de transición, la otra mediante un exceso de precio sobre el precio de referencia que, en las cifras resultantes correspondía restar del valor máximo, que de esta forma quedaba actualizado sobre la estimación inicial. Según Economistas Frente a la Crisis, “si la regulación de los CTC’s no hubiera sido derogada en julio de 2006 y se hubiera mantenido hasta su final previsto en 2010 por la LSE 54/97, las empresas eléctricas hubieran tenido que devolver a los consumidores, a la vista de los precios reales del mercado que en este periodo han cobrado, todo exceso de precio por encima de 36€ MWh que hubieran cobrado entre junio de 2005 y diciembre de 2010 por la generación del conjunto de sus centrales. Es decir, si en julio de 2006 no se hubiera derogado la norma que regulaba el mecanismo de cobro de los CTC’s, hoy no tendríamos ni déficit tarifario ni una tarifa tan alta ni a nadie se le hubiera pasado por la cabeza recortar la retribución –recortes consolidados y aumentados en la LSE 24/13- de las centrales eléctricas renovables”.
El déficit de tarifa:
La segunda norma del marco regulatorio hecho a medida de las grandes empresas fue el tan traído y llevado “déficit de tarifa”. En el año 2000, el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, elaboró una legislación que favorecía a las grandes eléctricas para que nunca resultasen perjudicadas. Las empresas alegaron que los ingresos procedentes de los recibos no bastaban para cubrir los gastos fijos: transporte de electricidad, distribución, generación, y primas a las energías renovables. Durante la negociación con el Gobierno, desarrollada en la más absoluta opacidad, las compañías expusieron al Ejecutivo sus costes estimados, de manera que, si el dinero que ingresaban a través de la factura de la luz era menor que las cantidades previstas, el Estado debería abonar la diferencia a las eléctricas. En definitiva, el déficit tarifario no es, como tantas veces se dice, la diferencia entre el coste real de la energía y la tarifa a pagar por los ciudadanos, sino la diferencia entre los costes de la electricidad reconocidos por las normas regulatorias y las tarifas reguladas que pagan los consumidores. Como siempre hace el poder, se creó un armazón jurídico para perpetrar la tropelía: cuando un neoliberal dice “Estado” quiere decir también “ciudadanos”, claro, de manera que la “deuda” la abonan los consumidores y no el Estado, aunque lo cierto es que esa deuda ni siquiera la pagamos a las empresas eléctricas, sino a los propietarios de fondos de inversión que, desde 2011, fueron adquiriendo deuda eléctrica a través del Fondo de Titulización de Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). En realidad, la deuda se encuentra dividida en cuatro bloques con diferentes actores con derecho de cobro. El citado Fondo de Titulización fue creado en 2009, y su creación facilitó a las cinco grandes compañías que forman UNESA (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Viesgo) acabar con sus derechos de cobro, que así terminaron siendo adquiridos por fondos de inversión españoles y extranjeros. El beneficio medio del Fondo de Titulización en el año 2016 fue del 4,092%, un interés extraordinariamente alto en el actual panorama financiero, esta rentabilidad influye en el precio final del recibo y sitúa el coste medio de la deuda eléctrica para particulares y empresas en el 3,5%.
La estrategia de estos fondos, aquí y en cualquier otro lugar del mundo, se desvincula del espíritu de los proyectos originales que, en el caso de empresas como Iberdrola o Endesa, consistían en crear una red eléctrica que cubriese la totalidad del territorio nacional con el único fin de construir un país más moderno. El déficit de tarifa se calculó nuevamente en 2005 y 2013, de resultas de este engaño la deuda se eleva a más de 23.000 millones y no será pagada hasta 2028. Los propietarios de los fondos de inversión no suelen ser muy pacientes, de manera que cobran intereses de demora del 4,5%. Según los expertos, la eliminación del “déficit de tarifa” supondría un descenso del precio de la luz del 11%. El Gobierno de Zapatero no movió un dedo para modificar la legislación heredada del PP respecto a las eléctricas. El 5 de abril de 2017, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia publicó la deuda del sistema eléctrico a 31 de diciembre de 2016, que ascendía a 23.070 millones de euros. En el sector del gas, que también está regulado, la deuda era de 2.471 millones de euros. Esta cifra es un 66% más alta que la reconocida en 2015, la razón es que ahora se incorpora a la contabilidad el déficit generado entre 2004 y 2014, algo que antes no se hacía.
Puede salir a dar explicaciones acerca del mercado eléctrico cualquier ministro de cualquier gobierno con toda su retórica técnica y mentirosa, que nada justifica que algo tan esencial como la energía esté sujeta a los vaivenes del mercado financiero. Peor aún, las compañías eléctricas fueron construidas con el esfuerzo de todos, para que ahora, en vez de existir una relación directa empresa eléctrica-ciudadano, exista una relación plagada de intermediarios tales como los fondos de inversión, que en modo alguno buscan generar riqueza para el país o crear infraestructuras, sino tan solo obtener rentabilidad a costa de lo que sea. El déficit de tarifa es, en realidad, una conjetura, una suposición, aunque esta haya sido tenida en cuenta por todos los gobiernos y haya recibido una dotación jurídica y legal. La explicación a los enormes beneficios de las empresas eléctricas se debe no sólo a que los costes reales de generación son menores que los que las empresas reconocen, sino a que nos venden la energía a un precio mucho mayor respecto al coste real de obtención.
Pagos por Capacidad:
La ley se hizo para las eléctricas y sólo para ellas, de modo que, por si todo lo legislado no fuera suficiente, en 2007 llegaron los llamados “Pagos por Capacidad”, es decir, se paga a las empresas por sus instalaciones-algo inaudito-, tanto si producen como si no. Estos pagos consisten en ayudas en torno a los 700 millones de euros anuales que los clientes pagan a través del recibo y que las compañías cobran por tener plantas de carbón y gas para cubrir la demanda que otras tecnologías de generación como las renovables no pueden atender. Existen alrededor de cien centrales eléctricas que cobran este tipo de ayuda: las 67 que utilizan gas, algunas otras que usan carbón, y, finalmente, algunas hidroeléctricas de bombeo. Las centrales que utilizan gas y carbón están infrautilizadas y sólo producen al 10% de su capacidad. La razón es que las energías renovables, las centrales nucleares y las hidroeléctricas pueden atender la demanda de energía. Las centrales de ciclo combinado que fueron construidas se suman a las renovables, dando como resultado una potencia de 100.000 MW, cuando nuestra demanda está en torno a los 45.000 MW. La cuestión es de tal gravedad que, por poner un ejemplo, en 2014, 13 centrales de ciclo combinado cuya potencia ascendía a 5.900 MW de potencia no funcionaron en ningún momento. Se calcula que este concepto aumenta el precio medio del recibo en 50 euros anuales.
El Pago por Interrumpibilidad:
En nuestro país, desgraciadamente, la pasividad del pueblo ha dado pie a que nuestros políticos lleven a cabo políticas descabelladas de todo tipo. Por si todos estos excesos fueran pocos, el Gobierno de Zapatero creó en 2008 el “Pago por Interrumpibilidad”. Mediante este mecanismo legal, el Gobierno acordó con las grandes empresas consumidoras de energía (las acereras y el sector cerámico, principalmente, pero también cementeras, empresas fabricantes de papel y RENFE) la posibilidad de restringirles el servicio eléctrico con el fin de garantizar el suministro a la población. Por este concepto, la factura de la luz tiene un sobrecoste con el cual los ciudadanos subvencionan a la gran industria con 500 millones al año. Durante los últimos diez años, los consumidores han pagado un suplemento en el recibo de la luz de 4.900 millones de euros por Pago por Interrumpibilidad, según datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Estos precios no se justifican por causa real alguna, puesto que este recurso sólo se ha utilizado dos veces en diez años. Red Eléctrica Española es el organismo encargado de decretar los paros si fuera necesario. Lo hizo en junio de 2016 y en octubre de 2017, en las dos ocasiones por averías, y no por el exceso de demanda previsto en la normativa. El paro de 2016 afectó a las plantas asturianas de Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc por un fallo de la subestación de Soto de Ribera. El paro de octubre de 2017 perjudicó a las mismas compañías por una avería en la central eléctrica de Aboño. Debemos preguntarnos si este sobreprecio en el recibo de la luz se justifica por dos parones de cinco horas en un plazo de una década. Es el precio a pagar por tener un monopolio de cinco empresas que controlan el 67% de la oferta y el 87% de la demanda. Este concepto, el Pago por Interrumpibilidad, acaba constituyendo una subvención encubierta a la gran industria en nuestro país.
¿Qué empresas pueden acogerse al Pago por Interrumpibilidad? Para otorgar esta subvención, se subastan dos productos de potencia interrumpible. El primero se centra en las disminuciones de consumo de 5 MW y el segundo en las de 90 MW. Sólo las grandes compañías eléctricas pueden acogerse a estos criterios de mercado, por esta razón no existe una verdadera competencia y todo ello acaba derivando en los precios finales que se establecen. El resultado final de esta normativa es un sobreprecio en el recibo de la luz para los ciudadanos, mientras que las grandes empresas logran año tras año un considerable ahorro en su factura eléctrica. En su último informe, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia señalaba que el coste de este concepto en 2014 fue de 550 millones de euros; en 2015, 508 millones de euros; en 2016, 503 millones de euros; y en 2017, 525 millones de euros. Según la propia CNMC, la distorsión se produce porque para el producto de 90 MW existe un número muy pequeño de ofertantes, tan solo seis, es decir, un mercado de poca competencia, lo cual desmiente la tan publicitada idea defendida por el PP en los años noventa que afirmaba con pretendida infalibilidad que los precios de la energía serían menores en un mercado de empresas privatizadas.
Los servicios de ajuste del sistema:
Los llamados “servicios de ajuste del sistema” son sobreprecios en el recibo de la energía que proceden del siguiente concepto: Red Eléctrica insta a determinadas centrales de gas y de carbón a producir cantidades de energía no previstas por el mercado mayorista. La elección de estas centrales está determinada por su situación geográfica estratégica. Esta ubicación excepcional autoriza a las centrales a cobrar por la energía un precio mucho más alto al establecido por el mercado. Dependiendo de la época del año, el encarecimiento se sitúa entre un 5% y un 20%.
La moratoria nuclear:
En 2016, los españoles terminamos de pagar la moratoria nuclear, un concepto por el cual las compañías eléctricas eran indemnizadas a través del recibo de la luz por el parón nuclear de 1983, medida que paralizó los proyectos de construcción y puesta en marcha de centrales nucleares en España. El 30 de diciembre de 1994, el último Gobierno de Felipe González aprobó la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico, que establecía la paralización de las obras de construcción de las centrales nucleares de Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II. La ley también recogía la compensación económica a Iberdrola, Unión Fenosa y Sevillana, propietarias de las centrales. El coste total pagado por los consumidores entre 1996 y 2015 ascendió a 5.717 millones de euros en una operación absolutamente exenta de transparencia que no fue debidamente explicada a la opinión pública. En este caso, como en el resto de los diferentes conceptos de pagos a las grandes eléctricas, se repite la misma secuencia: las informaciones de todo lo que rodea al sector son confusas y opacas, pese a que las cantidades inicialmente fijadas eran de 4.000 millones de euros, algunos estudios apuntan a que los consumidores han pagado más de 9.000 millones. Esta cantidad está muy por encima de los 5.717 millones de euros que “oficialmente” hemos pagado. Hay informaciones que forman parte de la letra pequeña de la actualidad y que no son explicadas por los grandes medios: en 1996 se crea el Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear, un producto financiero que ha sido el gran beneficiario del grandioso sobrecoste de la moratoria nuclear y del cual no sabemos quiénes son sus propietarios porque la Comisión Nacional de la Energía no proporciona dato alguno acerca de los mismos. La Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico de 1994 ya establecía la posibilidad de ceder la deuda a terceros, medida que se aplicó en 1996 por medio de este fondo, que se liquidó en 2015.
La tarifa de último recurso:
Los consumidores de la Tarifa de Último Recurso han pagado desde mediados de 2009 y hasta finales de 2013 (la tarifa desapareció en mayo de 2014) una cantidad de 1.682 millones de euros en sobrecostes en el recibo de la luz. Este precio, salvo en una ocasión específica, fue siempre superior al fijado por el mercado mayorista. El principal problema es que el ciudadano pagaba por un tiempo de tres meses un precio establecido en la subasta que resultaba ser muy superior al real, todo el dinero abonado de más se iba en gran parte a la cadena de producción y comercialización de la electricidad y, en una inadmisible cesión de competencias y funciones por parte del Estado, parte de ese dinero acababa en manos de intermediario financieros que especulan con la electricidad.
La subasta de la electricidad:
El “pool” es el conjunto de la subasta diaria de electricidad, y es administrado por una empresa “independiente”, OMIE, otra anomalía en un sector que debería estar gestionado íntegramente por el Estado. Por poner un ejemplo, durante el primer trimestre de 2013, los consumidores pagaron 45,41 euros por megavatio y hora en la factura, aunque el precio de la subasta fue de sólo 18 euros. Hemos acabado por asumir como normales sobreprecios que constituyen una forma de financiar a las eléctricas de forma encubierta. Por este concepto, el consumidor pagó en 2012, 258 millones de euros de sobrecostes; en 2011, 203 millones; en 2010, 498 millones; y en 2009, 445 millones. Hay que recordar que antes de 2009 las diferencias entre las previsiones y el resultado trimestral eran compensadas después de tres meses. Mediante este procedimiento, el consumidor recibía lo que había abonado de más, algo que no sucede ahora.
Punto y aparte es el delirante mecanismo de subasta: después de establecidas las necesidades de consumo, las empresas declaran cuantos megavatios son capaces de ofrecer y su procedencia. El precio de la electricidad fluctúa hasta que se acuerda la oferta y la demanda. Sin ningún coste para ellas, entran en la subasta la energía nuclear y las energías renovables. Por orden de precio les secundan las centrales hidráulicas y las de gas de ciclo combinado, terminando por las más caras, las centrales térmicas de carbón. El precio final establecido es el de la energía más costosa en entrar en el sistema.
Estos son algunos datos de uno de los escándalos más graves de la España moderna. La liberalización del mercado eléctrico es una gran mentira porque la mitad de los costes son regulados. El sector es un oligopolio de cinco empresas que dirigen la “competencia”. Pese a todas las falsedades del sistema neoliberal para tratar de estigmatizar y ridiculizar a los ciudadanos honestos que demandan información veraz acerca de cuestiones decisivas que implican privilegios inadmisibles en favor de las grandes empresas, hoy sabemos que las deudas de todo tipo, como ha ocurrido en los casos de Ecuador o Grecia, pueden reestructurarse o anularse parcialmente. Lo mismo debería ocurrir en el caso de los sobrecostes cobrados por las eléctricas en nuestro país. Las épocas de crisis son propicias para inocular miedo en la sociedad, y cuando existe miedo es más fácil tomar medidas de excepción con las que el neoliberalismo, de la mano de los gobiernos, está transformando de forma decisiva los marcos jurídicos de los países occidentales con el fin de disminuir el tamaño de los Estados para que el dominio de las grandes empresas sea irreversible.
