Artículo 50. Constitución española.
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
LA VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Desde hace al menos veinte años, la viabilidad del sistema público de pensiones es cuestionada por nuestros gobernantes y cada cierto tiempo entra en la agenda política siendo debatida con profusión de datos en los principales medios de comunicación. Según los políticos que apoyan un sistema económico neoliberal cada vez más extendido en Occidente, que defienden la idea de un Estado más pequeño en el cual la empresa privada tendrá un peso cada vez mayor y un poder más omnímodo, entre los principales problemas para el mantenimiento de las pensiones está un hecho incuestionable: que la tasa de natalidad de las naciones avanzadas permanece estancada desde finales del siglo XX, lo cual hace que menos personas laboralmente activas trabajen para más personas que ya no trabajan y que cada vez van a vivir más tiempo como dependientes del Estado de Bienestar. La premisa de la pirámide invertida es cierta, pero no es una verdad absoluta porque los partidarios del sistema neoliberal mienten cuando nos dicen que el único modo de financiar las pensiones públicas es mediante las cotizaciones de los trabajadores en activo. Esto es una falacia porque los Estados disponen de otros ingresos diferentes de las aportaciones directas de los trabajadores. En nuestro país, las pensiones se financian, básicamente, mediante esas aportaciones, pero en otros países se sufragan también a través de los impuestos o de otros ingresos.
Fraude fiscal y economía sumergida:
En el caso de España, Gestha, la organización que agrupa a técnicos e inspectores de Hacienda declara que el 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas. Gestha calcula que la suma del dinero que pierde el Estado anualmente asciende a 88.000 millones, 59.000 millones en impuestos y 29.000 en cotizaciones a la Seguridad Social. Jesús Barcelona, coordinador en Asturias del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda señala que el Estado no reconoce estas cifras pese a que están avaladas por estudios de varias universidades y por la propia Comisión Europea. Las cifras de Gestha son claras: el fraude fiscal en España se sitúa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%. Si España consiguiese reducir el fraude a niveles europeos podría ingresar 38.000 millones de euros adicionales al año, lo que supondría cuatro veces más que la cantidad recaudada si se aumentase el impuesto del IVA en dos puntos. La diferencia entre los 88.000 millones de fraude fiscal estimado y los 38.000 millones que el Estado podría recuperar se establece porque ningún país del mundo es capaz de detectar la totalidad del fraude que se produce en su territorio.
La importancia de estas cantidades está determinada por el presupuesto anual que el Estado español dedica al pago de pensiones, una cifra que ascendió a 139.647 millones de euros en 2017. Los últimos datos completos del déficit público de los que disponemos son los de 2016, año en que el déficit alcanzó el 4,51%, es decir, 50.401 millones de euros. El año 2017 se cerró con una cifra estimada del 3,1%. Informes de la Unión Europea cifran en algo más de 12.000 millones de euros los recortes llevados a cabo en gasto sanitario en nuestro país entre 2009 y 2016. En cuanto al gasto público dedicado a Educación de las diferentes administraciones en España, la cifra alcanzaba en 2015 (último ejercicio del cual se tienen datos completos) los 43.979 millones de euros. De los 28 países que conforman la Unión Europea, España ocupa el puesto 23º en cuanto al porcentaje de dinero público destinado a la Educación, con un 4,1% del PIB, muy lejos del 7% de Dinamarca; el 6,5% de Suecia; el 6,4% de Bélgica; o el 6,2% de Finlandia. También estamos lejos de la media europea de gasto en Educación por habitante, que se sitúa en 1.405,38 euros; en este sentido, nuestro país ocupa el puesto 17º de la Unión, con 957,68 euros per cápita. Los recortes en Educación entre 2009 y 2013 fueron de 9.000 millones de euros. Los efectos de estos recortes han sido devastadores: un informe de Comisiones Obreras estima que entre 2012 y 2017 la enseñanza pública perdió 22.531 profesores. Se produjo un incremento de 20.791 personas en el personal interino, así como un envejecimiento de las plantillas, un incremento del número de alumnos por clase y una pérdida para los alumnos de horas de biblioteca, de tutorías y de atención a los alumnos con necesidades especiales. También se han producido recortes en las becas destinadas a la compra de libros de texto y en las ayudas de comedor. Comparemos todas estas cifras de recortes con las cantidades que España puede recaudar anualmente si mejora sus procedimientos a la hora de perseguir el fraude fiscal y la economía sumergida.
Entre las principales dificultades a la hora de afrontar el problema del fraude fiscal está la insuficiente dotación de medios humanos, puesto que en los países de nuestro entorno se destinan entre cuatro y cinco veces más recursos económicos y más personal para detectar el fraude. La organización del trabajo dentro de la Agencia Tributaria también es determinante ya que, aunque el 72% del fraude lo cometen las grandes empresas o las mayores fortunas, cuatro de cada cinco trabajadores de Hacienda de nuestro país que trabajan en la lucha contra el fraude se dedican a investigar a ciudadanos con recursos menores y a empresas pequeñas. El porcentaje entre los técnicos de la Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude respecto a la población está en 1 empleado por cada 1.928 ciudadanos, mientras que la media de la OCDE se sitúa en 1 empleado por cada 900 ciudadanos (1 por cada 860 en Francia; 1 por cada 729 en Alemania; y 1 por cada 551 en Luxemburgo). La falta de inversión también explica la poca eficacia de la Hacienda pública en la lucha contra los defraudadores: tan solo el 30% del personal de la Agencia Tributaria se dedica a la inspección, en contraste con el 42% de la media de la Unión Europea. De resultas de estos datos, los inspectores sólo consiguen detectar el 10% del dinero defraudado. Buena parte del fraude prescribe porque los expedientes iniciados no finalizan a tiempo. Las cantidades que el Estado podría obtener con una inversión más eficiente en la lucha contra el fraude son estimadas, pero se consideran bastante realistas porque los países de nuestro entorno tienen niveles de impuestos similares, lo que significa que, si bien no habría un incremento espectacular de las cantidades conseguidas a corto plazo, sí serían importantes a medio y largo plazo.
La economía sumergida en su conjunto se define como una variable no observada: esto significa que sólo puede evaluarse mediante variables medibles que no son directas. Según un estudio de la universidad alemana de Tubinga, la economía ilegal en España equivale al 17,2% del PIB, lo que nos sitúa en el tercer puesto a nivel europeo, sólo por detrás de Italia y Grecia, segundo y primero con un 19,8% y un 21,5% respectivamente. Naturalmente, el ciudadano medio tiene una responsabilidad decisiva en el fraude fiscal porque este no se circunscribe tan solo al fraude que llevan a cabo las grandes empresas, sino al rechazo de facturas por trabajos menores con el fin de evitar el pago del IVA, la evasión fiscal a escala menor, la contratación no declarada de trabajadores en negocios pequeños, el fraude en el número de horas declaradas de los trabajadores por parte de los empresarios en PYMES o la producción clandestina de bienes de todo tipo.
El estudio de la universidad de Tubinga contrasta con el informe elaborado por el profesor Jordi Sardà, de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), en 2014. Este estudio fue presentado por técnicos de Hacienda pertenecientes a Gestha y en el mismo se aseguraba que en 2012 la economía sumergida había alcanzado los 253.000 millones de euros, cifra equivalente al 22,6% del Producto Interior Bruto español de entonces. El informe analizaba variables como el sector de la construcción, el desempleo, el consumo eléctrico o la tasa de actividad para evaluar de forma fiel el porcentaje de economía sumergida. El estudio señalaba que el desplome de la construcción-un sector clave de la economía ilegal en nuestro país- no produjo un afloramiento de su actividad oculta ante Hacienda. También se destacaba que, en las regiones con mayor nivel de desempleo, que a la vez fueron las más afectadas por el impacto de la caída del sector de la construcción se registraba una mayor actividad de fraude fiscal: así, el nivel de economía sumergida llegaba al 31,1% en Extremadura; al 29,2% en Andalucía; o al 29,1% en Castilla-La Mancha. Madrid es la Comunidad Autónoma con menos fraude con una tasa del 17,3%, si bien los técnicos de Hacienda señalan que los datos de Madrid pueden inducir a engaño, puesto que la capital de España es la sede del 60% de las empresas más grandes, que son más tendentes a evitar el pago de impuestos por medio de la ingeniería fiscal y no mediante el fraude directo. El informe también puso de manifiesto que la economía sumergida es un mal endémico en provincias como Toledo, Orense, Ávila y Albacete, todas estas áreas son provincias de interior, su economía apenas tiene estructura industrial y la inversión exterior es escasa o nula.
La enorme diferencia entre las cifras de economía sumergida (entre 180.000 millones si nos atenemos a los números presentados por el estudio de la Universidad de Tubinga y los 253.000 millones citados en el informe de Jordi Sardà) y las de fraude fiscal (88.000 millones de euros) se produce porque el primer concepto se refiere a todas las formas de economía no declarada, mientras que el segundo hace alusión, únicamente, al hecho de eludir el pago de impuestos. Las cifras han de ser obligatoriamente dispares, puesto que sólo una parte de la actividad económica generada se destina al pago de tributos.
Los conocidos como papeles de Panamá fueron una serie de documentos confidenciales pertenecientes al bufete de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, que fueron filtrados a través de una fuente no identificada al diario alemán Süddeutsche Zeitung. El periódico germano compartió los datos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), mostrando como se ocultaban las propiedades, empresas, activos financieros, dinero y otros productos destinados a la evasión tributaria por parte de personas del mundo de la política, las finanzas, el deporte, el arte, etcétera. El bufete Mossack Fonseca prestaba labores de asesoramiento con el fin de ocultar la identidad de los propietarios de bienes y de dinero. El 13 de diciembre de 2017, se aprobó en el Parlamento Europeo un informe elaborado por la Comisión Panamá Papers, pero los votos en contra del Partido Popular Europeo y los liberales de ALDE (grupo en el que se encuentra Ciudadanos), a los que hubo que sumar la abstención de los Socialistas de Europa, lograron suprimir varias de las enmiendas para luchar contra la economía ilegal. El resultado final fue un informe menos exigente respecto a las medidas a tomar para prevenir la evasión fiscal y el lavado de dinero. El PP, el PSOE y Ciudadanos se alinearon en el Parlamento Europeo para disminuir el número de recomendaciones del informe definitivo para la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales.
El informe final eliminó la posibilidad de acabar con el “dumping fiscal”, una práctica que consiste en adoptar medidas fiscales laxas para atraer capital y que es común en países como Malta, Holanda, Irlanda y Luxemburgo. El texto definitivo tampoco recogió la petición de revisión de la legislación de la Unión Europea para acabar con los acuerdos de doble imposición, que facilitan que las empresas establezcan lazos con paraísos fiscales y territorios de baja tributación para evitar el pago de impuestos. También fueron eliminadas las recomendaciones respecto a las transferencias de beneficios a través del pago de dividendos, una práctica que consiste en la transferencia de beneficios de una sociedad matriz radicada en un país de la Unión Europea con una fiscalidad normal, hacia filiales del grupo cuya sede se sitúe fuera de la Unión. El informe tampoco incluyó medidas de cooperación e intercambio de información fiscal entre los diferentes estamentos de los Estados miembros. Esta recomendación habría sido útil en la lucha contra las empresas “offshore” y otras sociedades ocultas en paraísos fiscales porque dificultaría la utilización de la opacidad de estos territorios para evadir impuestos y ocultar capitales.
Pero ¿qué hacer cuándo quiénes deberían ser los más ejemplares se comportan como delincuentes? Según un informe de Oxfan Intermon, exceptuando el caso de AENA, la totalidad de empresas del Ibex 35 poseen filiales en paraísos fiscales. Con datos de 2016, podemos decir que estas empresas contaban con 996 filiales en esta clase de territorios. De las 34 empresas, 10 copan el 79% de esas 996 sociedades. Banco de Santander encabeza la lista con 225 sociedades, seguida de ACS con 108, en tercer lugar, se encuentra Repsol con 93 filiales, a continuación, se encuentran Arcelor Mittal, BBVA, Ferrovial, Iberdrola, Acciona, Iberia y Mapfre.
Eduardo Luis Junquera Cubiles.