El Pacto Sobre Migraciones y Asilo y las políticas derivadas de este plan presentadas el pasado 23 de septiembre por la Comisión Europea responden al problema de la inmigración tratándolo como una amenaza y una fuente de inestabilidad procedente del exterior. La realidad es que las cifras de movilidad legal de inmigrantes multiplican las de solicitudes de asilo (pese a la distorsión que las ultraderechas hacen de esta cuestión); y el número de residentes legales extracomunitarios era, en 2019, ocho veces superior que el total de refugiados acogidos por los Estados de la Unión Europea. Esta inmigración es esencial para mantener el modelo de bienestar europeo y, dado el envejecimiento de nuestras poblaciones, aún se hará más imprescindible a medida que el tiempo transcurra. Los inmigrantes no regularizados en Europa, incluyendo los que esperan una resolución sobre su demanda de asilo suponían solo el 1% sobre la población total del continente en 2017. Las cifras de España son similares a las del resto de la Unión, estimándose el número de inmigrantes irregulares en nuestro suelo entre 390.000 y 470.000 personas (cifras de 2019). Esto supone un 0,8% de la población española, y solo un 9% de estas personas proceden de África. Con estos datos sobre la mesa se hace más extraño analizar la ingente concentración de recursos económicos en la industria del control migratorio: la Unión Europea ha fijado la cantidad de 30.829 millones de euros destinada al control de las fronteras y la inmigración ilegal para el período 2021-2027. En el mismo espacio de tiempo, también se invertirán 24.322 millones para financiar defensa y seguridad. El Pacto no establece ninguna medida que garantice la seguridad de las rutas de migrantes procedentes de África, ni en su vía terrestre ni en la marítima, una tragedia sin igual que apenas ocupa algunos segundos en los medios de comunicación.

Europa es egoísta, profundamente insolidaria y comienza a estar anclada no solo en políticas eurocéntricas, sino en respuestas ineficaces ante realidades de enorme complejidad. No se puede ceder permanentemente al juego de equilibrios de los Estados miembros, algunos de los cuales tienen sus gobiernos en manos de la ultraderecha, renunciando para ello a adoptar una política global de futuro caracterizada por una posición humanista y una cierta altura de miras. Este acuerdo es similar al que tuvo lugar el 28 de junio de 2018, cuando Europa cedió a la presión de Italia y se adoptaron todas las demandas del país entonces defendidas por su ministro del Interior, Mateo Salvini, a excepción de una reforma del Reglamento de Dublín-retirado ahora-, el sistema de asilo de la Unión que establecía que los migrantes solo pueden pedir asilo en el primer país de la Unión al que lleguen. El nuevo Pacto trata de complacer a los países más reacios a recibir inmigrantes, principalmente a los del Grupo de Visegrado, y deja fuera las demandas de los países del sur de Europa, que deben enfrentar las llegadas de inmigrantes por vía marítima. Un acuerdo de estas características simplemente no será eficaz.

El nuevo Pacto Sobre Migraciones y Asilo tiene como pilares el acorazamiento de las fronteras, la disuasión y las devoluciones. Se establece un triple control de identidad, sanitario y de seguridad, seguido de un reconocimiento rápido entre las personas que legalmente pueden recibir asilo y las que pueden ser devueltas a sus países de origen. Como el proceso puede prolongarse hasta 12 semanas, existe la posibilidad de que se cree un limbo en cuanto a legalidad y derechos en una zona de tránsito, que daría lugar a que el inmigrante permanezca o sea detenido en los denigrantes centros de detención que existen para tal fin. Se ha creado la figura de un Coordinador Europeo de Retornos, se constituye una Agencia Europea de Asilo y se refuerza el sistema Frontex con 10.000 agentes armados de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que empezarán a patrullar en 2021. Esto supone un inmenso caudal de dinero público invertido en burocracia, tecnología y contratación de personal que enriquecerá a los propietarios de la industria del control migratorio y de manera indirecta a las mafias de tráfico de inmigrantes.

En el período 2014-2019, los diferentes gobiernos de España adjudicaron al menos 660 millones de euros a las empresas del negocio del control de las migraciones, y lo hicieron por medio de más de 1.677 contratos, la mayor parte de ellos sin concurso público. Solo el 4,5% de las personas que migran a Europa lo hace de forma irregular, pero el discurso del miedo contra una inmigración que nuestro continente necesita de forma imperiosa está sirviendo para lucrar a un grupo de empresas armamentistas y de seguridad a través de estos contratos.

La Unión Europea no contempla actualmente la creación de rutas seguras por las que acceder a Europa, un hecho gravísimo si tenemos en cuenta el enorme peligro que supone para cientos de miles de migrantes atravesar cada año el continente africano en condiciones horrorosas para acceder después a un viaje por el mar Mediterráneo, un trayecto que en sí mismo constituye la ruta de migración más peligrosa del planeta. Al contrario, la Unión Europea aprovecha las reticencias de algunos países a la inmigración para dar una respuesta militar que responde a unos intereses económicos que enriquecen a un reducido grupo de empresas mientras se establecen acuerdos de control migratorio con países como Egipto, Libia, Marruecos y Turquía, naciones en las que no existe respeto por los derechos humanos.

España, por su posición geográfica como país receptor de inmigración por vía marítima y también terrestre a través de Ceuta y Melilla, se ha convertido en uno de los principales mercados de la industria de control migratorio y algunas de las medidas adoptadas en nuestro país se exportan posteriormente a otros Estados de la Unión. Un ejemplo son las concertinas de acero utilizadas en las vallas de Ceuta y Melilla desde 2014: este sistema, subvencionado con fondos europeos, ha sido fabricado por una empresa malagueña, European Security Fencing, a su vez filial del grupo Mora Salazar, y ya se usa en las vallas fronterizas de países como Dinamarca, Hungría, Arabia Saudí, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos. La empresa proporciona varios modelos de concertina, desde las menos peligrosas, el modelo Arpón (60 milímetros de largo), hasta el modelo CBT 65 (65 milímetros de largo y más afiladas). Estas últimas fueron colocadas en el centro penitenciario de Archidona, en Málaga, inaugurado en marzo de 2018.

Al igual que ha ocurrido con las concertinas, ahora adoptadas por otros países, el despliegue de drones en la costa atlántica de España y en el Estrecho de Gibraltar ha alentado proyectos similares en el Mar Mediterráneo. En la más absoluta opacidad, también se han construido varios CATE (Centro de atención temporal de extranjeros) en el sur de España. En la actualidad, existen cuatro centros de estas características: uno se encuentra en San Roque (Cádiz), otro en Almería, otro en Cartagena (Murcia) y otro en Motril (Granada). El primer centro abierto en Motril fue clausurado y sustituido por otro con mejores condiciones tras las denuncias del Defensor del Pueblo Español. Estos centros están financiados por España y Europa. Hasta el momento, ningún contrato de los CATE ha sido publicado por el Gobierno español, pero sabemos que un documento del Ministerio del Interior señala que solo en 2019 se invirtieron más de 6,5 millones en obras y servicios relacionados con estos centros.

Las rutas a Europa desde el mar Mediterráneo, una tragedia que no cesa:

El crecimiento de la industria del control migratorio no ha conseguido frenar el flujo de migrantes ni las terribles consecuencias de estas migraciones, precisamente porque se están atacando esas consecuencias y no las causas. Las cifras proporcionadas por la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones dependiente de la ONU, institución con sede en Ginebra, dicen que en 2019 murieron 1.283 migrantes tratando de atravesar el Mediterráneo. Las cifras de 2018 eran de 2.299 personas fallecidas. Entre 2014 y 2019, al menos 35.720 personas murieron tratando de alcanzar las costas europeas a través de las diferentes rutas mediterráneas, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM. La ruta más peligrosa continúa siendo la del Mediterráneo central, que es la que discurre entre el norte de África (Libia) e Italia. Según datos de la OIN, una de cada 33 personas que utilizaron este itinerario en 2019 murieron. En 2018, esta proporción era de uno de cada 35, mientras que en 2017 fallecían una de cada 51 personas que emprendían esta travesía. La OIM señala que, pese al descenso en el número real de muertos, que se debe a la reducción del flujo de migrantes, no a mejores condiciones de seguridad, no es posible confirmar muchos naufragios que se están produciendo y que con toda probabilidad no dejan rastro de ningún tipo en el mayor éxodo humano desde la Segunda Guerra Mundial.

La ruta oriental del Mediterráneo: 

La ruta oriental del Mediterráneo discurre entre Oriente Medio y Turquía en dirección a Grecia, y es utilizada principalmente por personas de Afganistán, Siria, Irak y Somalia. A partir de 2016, coincidiendo con un agravamiento de la crisis en Siria, los ahogamientos aumentaron en aguas africanas y se redujeron a la mitad en las de Europa. Esto se produjo gracias al acuerdo firmado ese mismo año entre la Unión Europea y Turquía, un país en pleno retroceso democrático desde la llegada al poder de Tayyip Erdogan, en 2014. Por este acuerdo, Turquía se comprometía a readmitir a todos los refugiados llegados de forma irregular a las costas de Grecia. Como contrapartida, la Unión Europea aceptaba reasentar un ciudadano sirio por cada sirio retornado a Turquía, además de agilizar la concesión de visados para los ciudadanos turcos y de comprometerse a aumentar la ayuda económica a Turquía para que el país hiciera frente en mejores condiciones a la llegada de los refugiados. En primera instancia, la Unión Europea otorgó a Turquía 3.000 millones de euros y se comprometió a entregar la misma cantidad a lo largo de un período de dos años.

Con esta estrategia, la Unión Europea pretendía transmitir un mensaje rotundo que no suele funcionar cuando el receptor vive situaciones de riesgo extremo para su integridad física y moral: que los refugiados que pisasen suelo griego serían devueltos con celeridad a sus países de origen, mientras que los que esperaban en Turquía aún tendrían posibilidades de entrar en la Unión. Pero a lo que realmente se comprometió Turquía fue a controlar las fronteras de Europa con los criterios de un Estado que no respeta los derechos humanos. Para ser justos, diremos que la reducción de las llegadas a Grecia no se produjo únicamente por la toma de control de Turquía, sino porque dentro de la propia Europa se crearon zonas de restricción debidas, por ejemplo, al cierre de la ruta de los Balcanes hacia Alemania, lo que provocó que Grecia se convirtiera en destino final y no, como había sucedido hasta entonces, en puerta de acceso al continente. Las intervenciones de los guardacostas turcos no están exentas de irregularidades jurídicas, como la entrada en aguas territoriales griegas para retener embarcaciones de refugiados que posteriormente devuelven a Turquía. Las autoridades turcas amparan estas prácticas porque se sienten impunes gracias al acuerdo con la Unión Europea.

Todos los migrantes que llegaron a Grecia después del 20 de marzo de 2016 quedaron atrapados en las islas en infames Centros de Internamiento para Extranjeros como los de la isla de Lesbos (campos de Moria y Kará Tepé, este último abierto este mes de octubre), la isla de Quíos (campo de Souda), la región de Evros (Centro de Registro e Identificación de Fylakio), la isla de Samos (campo de Vathy),la isla de Rodas, la isla de Leros, la isla de Tilos, la isla de Simy, la isla de Kalymnos, la región de Kastelórizo, o la localidad de Diavata (donde existe un campo regido por militares, en el norte de Grecia). Desde la Comisión Europea se aseguraba que la concentración de refugiados en un área geográfica tan reducida era una condición indispensable para garantizar el retorno rápido a Turquía o a los países de origen de los migrantes irregulares. Pero han pasado más de 4 años y ni ha habido expulsiones masivas a Turquía desde Grecia ni tampoco se han creado cauces legales para que los refugiados se desplacen a países de la Unión Europea, con lo que su situación legal, en campos absolutamente denigrantes que ni siquiera tienen los mínimos parámetros de salubridad, seguridad, higiene y confort para acoger de forma temporal a los refugiados, permanece en un limbo legal de difícil solución. En este espacio de tiempo, tan solo se han producido 2.000 devoluciones de Grecia a Turquía, la razón es que los tribunales helenos no consideran que Turquía sea un país seguro. En realidad, Europa y los europeos no hemos hecho más que mirar para otro lado en el tema de los refugiados. La Unión Europea estableció en 72.000 el número de refugiados candidatos a entrar en la Unión procedentes de Turquía, pero solo se ha producido el reasentamiento de 25.000 personas. Mientras tanto, Turquía no ha hecho más que cumplir sus amenazas de hacer la vista gorda sobre sus fronteras para permitir la llegada a Grecia de los migrantes que huyen de los muchos infiernos africanos. En cuanto a las promesas europeas a Turquía, no se han cumplido las relativas a la liberalización de visados turcos ni tampoco las de una reforma de la unión aduanera entre Turquía y Europa.

Esto es lo que ocurre cuando se subcontrata la seguridad de las fronteras de la Unión Europea a un país que no respeta la Convención de Ginebra, la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el que están en pleno retroceso la libertad de prensa, los derechos de las mujeres y los derechos de minorías como los kurdos. Eso por no hablar del islamismo promovido por las autoridades turcas. Como antes comentábamos, en los Centros de Internamiento para Extranjeros de Grecia, donde rara vez entran los periodistas, son comunes el hacinamiento-algunos como el de Moria multiplican por siete su capacidad-, la ausencia de higiene y de condiciones de salubridad, las violaciones-denunciadas por las ONG por su elevadísima frecuencia-, las agresiones y peleas entre los refugiados, los suicidios-los voluntarios hablan de entre 4 y 5 casos diarios-, los robos o las colas de varias horas para acceder a un plato de comida. En los aledaños del campo de Moria, delimitado por verjas y alambradas, vive más gente que en el propio campo. Los médicos extranjeros que de forma voluntaria atienden a los refugiados denuncian problemas psicológicos, de alimentación y de falta de sueño, nada extraño si tenemos en cuenta que los refugiados más afortunados duermen en tiendas de campaña, mientras que otros lo hacen a la intemperie.

En opinión del coordinador de Médicos Sin Fronteras en Lesbos, Marco Sandrone, “Los números de suicidios son increíblemente altos, incluso en nuestra clínica pediátrica recibimos cada vez más niños que se quieren autolesionar”. Los menores presentan traumas producto de vivencias particularmente horrorosas en sus países de origen, sumadas a experiencias durísimas en sus viajes hacia Europa a través de África, y estos cuadros clínicos se ven agravados por las terribles condiciones de vida en el campo de Moria y en los otros centros de refugiados. Alrededor de un 40% de las solicitudes de asilo que se hacen en Lesbos son rechazadas, lo que significa una deportación segura. Aunque el hecho de pisar suelo europeo debería iniciar un proceso para conseguir el estatus de refugiado, la burocracia y la falta de medios provocan retrasos de meses en la concesión de las tarjetas de demandante de asilo. En la actualidad, la concesión de citas para la entrevista en la que se pregunta al solicitante por los motivos que le han llevado a abandonar su país y se le requiere la documentación necesaria para comprobarlo se está produciendo a dos años vista, según denuncias de la ONG Legal Centre Lesvos. Las personas pertenecientes a las ONG que visitan los campos de refugiados griegos y en especial el de Moria entran en shock al comprobar las condiciones de miseria en las que viven los migrantes. Los miembros de estas organizaciones también coinciden en señalar que las autoridades turcas regulan el flujo migratorio hacia Grecia con el único fin de presionar a Europa.

Eduardo Luis Junquera Cubiles.