El golpe de Estado que se produjo en Chile el 11 de septiembre de 1973 no fue tan solo el inicio de uno de los muchos gobiernos de carácter autoritario auspiciados por Estados Unidos en América Latina con el fin de impedir el avance del socialismo en el continente americano; las implicaciones de Estados Unidos fueron mucho más allá del apoyo político, logístico o económico y tuvieron un alcance extraordinario en la vida de los chilenos que perdura hasta hoy. A diferencia de otros proyectos totalitarios, en el caso chileno el fin último no era favorecer los intereses estadounidenses mediante el apoyo a unas élites nacionales profundamente conservadoras que en nada querían la transformación y el avance de la sociedad, sino imponer el primer modelo neoliberal diseñado desde Estados Unidos a través de varios proyectos y colaboraciones con diferentes gobiernos de Chile.
Para hablar del dictador chileno, Augusto Pinochet, que accedió al poder mediante el golpe de Estado del que se cumplen 46 años y que acabó con la vida del legítimo presidente, Salvador Allende, debemos situarnos un poco más atrás en el tiempo, en 1955, durante el segundo mandato (1952-1958) del dictador chileno, Carlos Ibáñez del Campo. En aquella época, algunos economistas estadounidenses pertenecientes a la consultora Klein-Saks, que ocupaban altos cargos en bancos de Estados Unidos fueron contratados por el Gobierno chileno con el fin de elaborar un diagnóstico tras el cual se tomarían algunas medidas para transformar la economía del país. En un principio, el grupo, conocido como la Misión Klein-Saks, propuso políticas monetaristas para estabilizar la moneda y ejercer un control sobre la inflación, pero acabaron elaborando todo un programa económico que consistía, principalmente, en reducir el déficit fiscal y limitar el crédito bancario al sector privado; acabar con los reajustes automáticos de sueldos y decretar la libertad de negociación de remuneraciones; eliminar el sistema que fijaba múltiples tipos de cambio; aumentar las importaciones y diversificar las exportaciones; atraer capitales extranjeros; suprimir los controles de precios; y reformar el sistema tributario. La ideología neoliberal recomienda siempre que el peso de las reformas económicas recaiga sobre los trabajadores en forma de sacrificios, recortes y retrocesos sociales y laborales de todo tipo, de manera que el Gobierno de Ibáñez del Campo llevó a cabo algunas de las medidas más lesivas para la sociedad propuestas por el grupo, como la congelación de salarios, que se hizo de forma inmediata, pero el ambiente social del Chile de entonces (los planes de la Misión Klein-Saks suscitaron las iras de los partidos de izquierdas y de la masa obrera chilena) hizo imposible que el programa completo se llevase a la práctica. Las reformas que perjudicaban los intereses de los empresarios vinculados a los partidos de derechas, por el contrario, fueron aplazadas de forma reiterada.
Cabe destacar el papel crucial del diario El Mercurio, fundamental para preparar el desembarco de la Misión Klein-Saks. Sin el apoyo de este periódico, manifestado a través de múltiples editoriales y artículos elaborados con el fin de crear un ambiente propicio para llevar a cabo el paquete de medidas neoliberales, la llegada de estos “expertos” se hubiera antojado más difícil. El Mercurio ha sido siempre un reducto de la derecha y la ultraderecha chilena, y ya entonces aglutinó a los sectores sociales contrarios a las políticas progresistas promovidas por el Gobierno de Allende. El Comité Church (Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales Respecto a las Actividades de Inteligencia), una comisión del Senado de Estados Unidos presidida por el senador, Frank Church, dictaminó en 1975 respecto al apoyo de Estados Unidos a El Mercurio: “Con mucho, el ejemplo mayor, y posiblemente el más significativo, de apoyo a una organización de comunicaciones fue el dinero suministrado a El Mercurio, el principal diario de Santiago, que estaba en dificultades durante el régimen de Allende… El Comité 40 autorizó 700.000 dólares para El Mercurio en septiembre de 1971, y el 11 de abril de 1972 aumentó en otros 965.000 la anterior asignación… Tanto el gobierno de los Estados Unidos como la OIT situaban dinero en manos de individuos vinculados con el periódico… El Comité 40 aprobó grandes sumas para sostener a los medios de oposición y para mantener así una campaña oposicionista implacable”. Todo ello supuso uno de tantos episodios de vergonzosa intervención de Estados Unidos en América Latina a través de la CIA. Con todo, naturalmente, el momento más grave llegó con el golpe de Estado al presidente Allende.
La Comisión Church reconocía que la CIA había desarrollado múltiples actividades en Chile “Desde la simple manipulación de la propaganda de la prensa de apoyo a gran escala de partidos políticos chilenos, desde encuestas de opinión pública hasta tentativas directas para fomentar un golpe militar. El alcance de las actividades “normales” de la estación de la CIA en Santiago incluía financiar material de los medios de comunicación chilenos a través de los activos de propaganda, apoyo directo de las publicaciones, y los esfuerzos para oponerse a la influencia comunista y de izquierda en las organizaciones estudiantiles, campesinas y laborales”. Desde mediados de la década de los cincuenta del pasado siglo, Estados Unidos había financiado también la instrucción de economistas chilenos en la Universidad de Chicago bajo la supervisión personal de Milton Friedman, junto a Mises y a Hayek, uno de los adalides del neoliberalismo. Este formidable despliegue de medios formaba parte de un amplio programa de la CIA encaminado a neutralizar el avance de la izquierda en América Latina. Este grupo de economistas fue conocido como los «Chicago Boys», y habían sido formados a partir de 1956 en la Pontificia Universidad Católica de Chile, una universidad privada de Santiago de Chile, y en la Universidad de Chile, una institución pública que a la postre es la más antigua del país. En el caso de la Pontificia Universidad Católica, el acuerdo fue suscrito en 1955 por el decano de la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas de la institución, Julio Chaná Cariola, y Albion Patterson, representante en Chile del Instituto de Asuntos Interamericanos de la Universidad de Chicago. Esta colaboración se extendió hasta 1961 y se desarrolló bajo la tutela y financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los miembros de la Universidad Católica más importantes fueron Sergio de Castro, Florencio Fellay y Víctor Oxenius, mientras que entre los procedentes de la Universidad de Chile figuraban Carlos Clavel, Carlos Massad y Luis Arturo Fuenzalida.
El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado contra el Gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. El golpe fue impulsado por las élites económicas chilenas, atemorizadas ante el alcance de las reformas emprendidas por Allende, y recibió apoyo por parte de la CIA y del futuro secretario de Estado, Henry Kissinger, que se estrenó en el cargo apenas 11 días después, el 22 de septiembre del mismo año. A diferencia de las revoluciones cubana y nicaragüense, que fueron movimientos de base que contaron con un amplísimo respaldo de la población, los golpes de Estado de Chile, Argentina o Brasil fueron intentos de Estados Unidos de restituir el poder de clase en estas naciones porque sólo la clase alta, apoyada por la fuerza de las armas, podía restablecer los privilegios de Estados Unidos en la región. Todo esto no fue algo abstracto ni un mero apoyo de carácter moral por parte del gigante estadounidense: existieron planes concretos con los cuales se trató de subyugar a todo un continente. Uno de ellos fue el de la Escuela de las Américas, establecida en 1946 en la base de Fort Gulick, en Panamá. En esta tenebrosa institución se formaron más de 60.000 personas pertenecientes a ejércitos de varios países de América Latina, que fueron adiestrados en técnicas de tortura e inteligencia militar, todo ello orientado al control de la población mediante el terror. En la escuela se formaron alumnos tan “ilustres” como los dictadores argentinos Galtieri y Massera; el dictador panameño Manuel Noriega (posteriormente derrocado por Estados Unidos, en 1989); el dictador boliviano Hugo Banzer; el dictador guatemalteco, Efraín Ríos Montt; o el golpista salvadoreño y líder de los escuadrones de la muerte, Roberto d’Aubuisson.
En 1976, una comisión del Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos reconoció estas actividades y obligó al cierre de la escuela. La institución se reabrió en 1984 bajo el Gobierno de Ronald Reagan y aún opera hoy en día, aunque en el proceso de reestructuración ha tenido varios nombres y se ha trasladado a Estados Unidos. En la actualidad, la escuela se denomina Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad y su sede se encuentra en la ciudad de Columbus, en el estado de Georgia. Hubo que esperar a 1988 para que el Congreso de Estados Unidos abriera una nueva comisión de investigación sobre sus actividades, y se hizo a raíz de un artículo aparecido en The New York Times, titulado “Testifying to torture”, en el cual se denunciaba el adiestramiento de militares hondureños en técnicas de tortura. En 1996, fue la Casa Blanca la que realizó una investigación sobre los cursos impartidos en la institución. De la misma, se dedujo que se habían utilizado “materiales impropios entre 1982 y 1991”. El mismo año, después de una enorme presión de la opinión pública, el Pentágono sacó a la luz algunos de los manuales utilizados en la escuela. El llamado Programa de Asistencia en Inteligencia a Ejércitos Extranjeros, según consta en documentos del Departamento de Defensa, enseñaba a usar “el miedo, el pago de recompensas por la muerte de enemigos, la tortura, las falsas detenciones, las ejecuciones y el uso del suero de la verdad”. Los documentos mostrados por el Pentágono, en realidad, eran fruto de la filtración de una investigación interna realizada en 1992, que reconocía que en los manuales se recomendaba, incluso, el asesinato de funcionarios de los gobiernos y de líderes políticos de países de América Latina. Al menos hasta 1996, por la Escuela de las Américas pasaron militares de 11 naciones del centro y sur del continente americano.
Los jefes de la CIA, al igual que el presidente Nixon, estaban obsesionados con Allende. Grabaciones desclasificadas en Estados Unidos y publicadas en 2010 por la página Nixontapes.org desvelan la intención del entonces presidente estadounidense de derrocar al que definía como un “hijo de puta”. En las cintas se muestra por primera vez el posible reconocimiento por parte de la CIA de su papel en el asesinato del comandante en jefe del Ejército de Chile, el general René Schneider, como una manera de desestabilizar al país. Schneider murió a causa de heridas de bala tres días después de que su coche fuera tiroteado en una emboscada, el 22 de octubre de 1970. Los autores de este crimen fueron miembros de la ultraderecha chilena vinculados y ayudados por militares, aunque se trató de implicar a grupos de ultraizquierda con el fin de impedir la investidura de Salvador Allende. Documentos estadounidenses desclasificados entre 1999 y 2000 desvelan el pago de 35.000 dólares por parte de la CIA a militares chilenos implicados en el crimen. En 2001, la cadena estadounidense CBS reveló en el documental “60 Minutes” que después del asesinato de Schneider, la sede central de la CIA envió un cable a sus agentes en Chile felicitándoles por su “excelente trabajo”. La CIA también hizo entrega de dinero para que algunos de los conspiradores huyeran del país. Las grabaciones incluyen conversaciones entre el presidente Nixon y el entonces consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger. En este ambiente de irrespirable tensión, Allende asumió la presidencia del país.
Nixon se mostró especialmente irritado con la decisión de Allende de nacionalizar las empresas estadounidenses, principalmente las dedicadas a la extracción del cobre, y llega a definir Chile como un “Estado fascista”. “Todo lo que hacemos con el Gobierno chileno será observado por otros gobiernos y grupos revolucionarios en América Latina”, añadió Nixon. El 5 de octubre de 1971, el entonces presidente estadounidense comunicó a Kissinger y a Connally, el secretario del Tesoro, su decisión: “He decidido eliminar a Allende. Todo vale en Chile. Golpeen sus traseros, ¿ok?”. En junio de 1971, el exministro del Interior democristiano, Edmundo Pérez Zukovic, fue asesinado por el grupo de ultraizquierda Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), lo que hizo recordar la muerte, nueve meses antes, del general René Schneider. En una de las grabaciones, Kissinger se queja amargamente: “Los hijos de puta nos están culpando a nosotros. Están culpando a la CIA del crimen de Pérez Zukovic”. La opinión de Connally fue fundamental, pues el secretario del Tesoro pensaba que, si Estados Unidos no daba una lección a Allende, otros países de América Latina podrían seguir sus pasos en cuanto a nacionalizar empresas estadounidenses, de manera que promover el golpe de Pinochet era una manera de matar dos pájaros de un tiro: proteger los intereses estadounidenses en el país e implementar el primer proyecto neoliberal a escala nacional de la historia. El Comité Church registró al menos 21 contactos entre miembros de la CIA y elementos de las Fuerzas Armadas chilenas realizados entre el 5 y el 20 de octubre de 1970 con el fin de dar un golpe de efecto que contaría con el apoyo de los más altos niveles del Gobierno de Estados Unidos.
Eduardo Luis Junquera Cubiles.