El poder de los llamados «colectivos» y su relación con el chavismo
En Venezuela hay demasiadas armas y demasiada violencia. No sólo es uno de los países más violentos del mundo, sino también uno donde los grupos paramilitares están más profundamente arraigados. Entre esos grupos están los Tupamaros y La piedrita, ambos considerados como brazos armados del chavismo por su apoyo a la Revolución Bolivariana, aunque existían desde mucho tiempo atrás. La creación de los Tupamaros data de 1989, coincidiendo con las graves revueltas del “caracazo”, mientras que el origen de La Piedrita se remonta a 1985. Estos grupos operan al margen de la ley, combinando el activismo político y social con acciones militares y criminales. Sus miembros suelen admirar las brutalidades cometidas por grupos terroristas como ETA o las FARC y, aunque presuman de haber «limpiado» las calles de narcotraficantes, también han sido relacionados de forma inequívoca con el tráfico de drogas, con los ajustes de cuentas y con muchas otras formas de delincuencia, como el robo de vehículos. La postura del Gobierno de Maduro, como antes la del Gobierno de Chávez es ambigua: mientras una comisión presidencial trabaja para desarmar a la población, de manera extraoficial se arma a estas milicias y no se combaten sus actividades delictivas. Los colectivos reciben financiación a través de subvenciones porque las acciones que algunos de ellos desempeñan son reconocidas por el Gobierno como «labor social». Por otro lado, la favela 23 de enero, lugar de nacimiento de ambos movimientos, es territorio donde no entra la policía ni se cumple ley alguna más allá de la que dictan los jefes de las bandas. Ambos grupos, Tupamaros y la Piedrita, disponen de material pesado y son capaces de hacerle frente a la policía sin problema alguno y también, aunque con más limitaciones, al ejército. Los Tupamaros tienen presencia en todo el país, a diferencia de La Piedrita, que solo está presente en Caracas.
Aparte de estos dos colectivos, en Venezuela operan entre 20 y 100 organizaciones que reciben esta denominación. Según la BBC, muchos de ellos son pacíficos y han adquirido un papel muy activo en el plano político y social, vinculado a su larga tradición izquierdista. Ese fue el nexo de unión con el chavismo y la Revolución Bolivariana. Por su parte, el Gobierno declara que numerosos colectivos son agrupaciones sociales que trabajan en proyectos de educación y de producción dentro de las organizaciones comunales promovidas por el chavismo.
El general Fernando Ochoa Antich, exministro de Defensa y excanciller venezolano, declaró en una ocasión que el Gobierno utiliza los colectivos, pero que carece de control sobre ellos. Buena prueba de ello es lo que ocurrió en febrero de 2009, cuando el propio Hugo Chávez acusó a Valentín Santana, líder de La Piedrita, de llevar a cabo acciones violentas cuando este colectivo atacó con bombas lacrimógenas y objetos contundentes las sedes de Globovisión, El Nuevo País, el Ateneo de Caracas, la sede del partido de derechas, Copei, la Nunciatura Apostólica y las viviendas del empresario Marcel Granier y de la periodista Marta Colomina. Chávez manifestó que se comunicó con la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitando acciones contra Valentín Santana, quien en una entrevista en el semanario Quinto Día proclamó la autoría de La Piedrita en estas acciones violentas contra personas y medios de comunicación ligados a la oposición. Aunque se dictó una orden de detención contra Santana, esta jamás llegó a ejecutarse.
Para Fermín Mármol, profesor de criminología en la Universidad Santa María de Caracas, entrevistado por The New York Times, los colectivos se convertirán en guerrilla urbana si Maduro es desalojado del poder. Al menos desde hace dos años, los colectivos están siendo integrados en estructuras paramilitares destinadas a militarizar la sociedad venezolana, un proyecto propio de Maduro para defender la Revolución Bolivariana, que constituye un paso más para convertir a Venezuela en una dictadura, lejos de los estándares obligatorios de toda democracia. Entre los órganos creados por el Gobierno de Nicolás Maduro está el ODDI (el órgano de Dirección de la Defensa Integral) que actúa en los barrios y depende del jefe de gobierno de Caracas; el ZODI (la Zona Operativa de Defensa Integral): y la REDI (Región de Defensa Integral). Todos estos organismos poseen una completa estructura militar.
¿Qué puede pasar por la cabeza de un joven para que pueda mostrar admiración por grupos terroristas como ETA y las FARC? Por desgracia, las enormes desigualdades presentes en América Latina propician la creación de favelas donde proliferan las bandas criminales que controlan los barrios al margen o en connivencia con el ejército y la policía. En estos lugares, los niños crecen familiarizándose con la violencia, el sincretismo religioso, las drogas y las armas. En semejante entorno, los jóvenes y adolescentes rinden culto al dinero fácil (procedente del delito) y a la violencia, y es ilusorio esperar que en esta clase de barrios florezca ningún tipo de movimiento cívico capaz de aglutinar a la juventud en torno a proyectos sociales, políticos o culturales. Los barrios pobres de Venezuela, como las favelas brasileñas, son territorios que no ofrecen suficientes alternativas a sus habitantes para que se integren de manera plena en la sociedad.
La diferencia entre estos grupos y la llamada Milicia Nacional Bolivariana de Venezuela es que esta última está formada por la población civil, depende por entero del Gobierno venezolano en cuanto a adiestramiento y suministro de armas (que se guardan en los cuarteles) y está subordinada al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. La creación de la Milicia Nacional y la potenciación de La Piedrita, los Tupamaros y otros colectivos respondía al temor de Chávez, en mi opinión infundado, de que Venezuela podía ser objeto de una invasión estadounidense, algo que hoy es una opción no tan descabellada. El apoyo a estas asociaciones podría tener cierta lógica desde otro punto de vista: que acudieran en auxilio de Chávez ante un hipotético levantamiento del ejército, pero las fuerzas armadas le fueron mayoritariamente leales desde su llegada a la presidencia hasta su muerte en 2013.
La oposición apuesta por desmantelar todos los colectivos, independientemente de su carácter criminal o no. La razón es que los colectivos pacíficos sirven para vertebrar a la sociedad civil en torno a proyectos sociales que promocionan la cultura, la autogestión y la economía alternativa. El proyecto político-económico de la oposición, al menos hasta 2017, era un proyecto avalado por el FMI y por el Banco Mundial que, acompañados de los medios de comunicación más poderosos del planeta, declararían una suerte de estado de emergencia en Venezuela con el único fin de otorgar al país caribeño un préstamo en condiciones muy favorables y lucrativas-como ocurrió en el caso de Grecia-para la banca internacional. Desde este punto de vista, los colectivos pacíficos son sus enemigos más enconados porque llegan a todos los rincones de Venezuela con acciones sociales y con un mensaje de solidaridad en contra del capitalismo salvaje y dominante. Es curioso que las acciones de estas agencias especializadas de la ONU a la hora de declarar «emergencias humanitarias» vayan casi siempre encaminadas a salvar y favorecer los intereses económicos de los grandes grupos financieros antes que a las personas que padecen los efectos de esas crisis.