Una de las principales misiones que el neoliberalismo lleva a cabo en cada país, independientemente de que este sea una dictadura o una democracia, es la de intentar destruir el tejido social que forman las asociaciones privadas o públicas porque estas no fomentan el individualismo sino la solidaridad, el asociacionismo y la colaboración entre los ciudadanos. Este era el caso de los centros de salud de los barrios más pobres de las ciudades de Chile. Estos organismos, como otras asociaciones de la sociedad civil chilena fueron desmantelados por el régimen dictatorial de Pinochet. El Gobierno golpista, sin atender ningún derecho ni reivindicación de las minorías indígenas del país, privatizó también recursos naturales como las industrias de la pesca y la madera. El modelo chileno en materia de pensiones, salud y educación constituye un ejemplo de desigualdad monstruosa porque el acceso a estos derechos se encuentra totalmente condicionado por el poder adquisitivo de cada individuo. La reforma de la educación, por ejemplo, fue consagrada por ley días antes de que Pinochet abandonara el poder. Aunque los siguientes gobiernos llegaron a duplicar el presupuesto en esta materia, las diferencias de partida eran tan enormes que aún no se han logrado resolver los principales problemas de la educación chilena.

Desde 1970, las élites económicas de Chile se habían organizado en un club de oposición a Salvador Allende denominado «El Club de los lunes», y financiaron sus propios trabajos y estudios por medio de varios institutos de investigación, en colaboración con los “Chicago Boys”, algo que otorgó a estos últimos cierto prestigio ante la sociedad chilena y sirvió para que sus ideas comenzasen a difundirse. En 1975, tras marginar a su principal rival y partidario de las teorías keynesianas, el general Gustavo Leigh, Pinochet puso al frente de la economía a varios de los «Chicago Boys» más importantes. La primera misión que recibieron de parte del dictador fue, como no, negociar los créditos con los técnicos del Banco Mundial, que sabían que los economistas reeducados en Chicago eran favorables a sus ideas.

Unidad Popular fue una coalición de partidos de izquierdas que había llevado a la presidencia de Chile a Salvador Allende. El objetivo de la coalición era que en el país triunfara un sistema democrático a semejanza del que imperaba en los países nórdicos: una economía de mercado en la cual los ciudadanos disfrutaran de la mayor cantidad de derechos. Entre las medidas promovidas por el Gobierno de Unidad Popular estaban la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas; terminar con el latifundismo por medio de una reforma agraria; nacionalizar la banca y las empresas más importantes; nacionalizar el cobre; y erradicar el hambre en los menores. Allende había sido elegido en 1970, y desde entonces hasta el golpe de Estado que llevó al poder a Pinochet, el Banco Mundial, coaccionado por Estados Unidos, suspendió los créditos a Chile. En este caso, sí existían fuertes discrepancias entre el Banco-que consideraba que Chile cumplía con las condiciones para recibir fondos-y el Gobierno de Estados Unidos.

Así se expresaba Catherine Gwin, antigua economista del Banco Mundial: “Estados Unidos presionó al Banco para que no prestara fondos al Gobierno de Allende después de la nacionalización de las minas de cobre chilenas. A pesar de la presión, el Banco envió una misión a Santiago (habiendo determinado que Chile adoptaba una actitud conforme a las reglas del Banco, que preveían que, para conceder un préstamo, después de una nacionalización, estuvieran en curso los procedimientos para la indemnización). Robert McNamara (presidente del Banco entre 1968 y 1981) se reunió enseguida con Allende para comunicarle que el Banco estaba dispuesto a conceder nuevos préstamos con la condición de que el Gobierno estuviera dispuesto a reformar la economía. Pero el Banco Mundial y el régimen de Allende no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos de un nuevo préstamo. Durante el período de la presidencia de Allende, Chile no recibió ningún préstamo. Justo después del asesinato del presidente legítimo, en 1973, el Banco reanudó los préstamos, otorgando un crédito a 15 años para el desarrollo de las minas de cobre. […] La suspensión de los préstamos a Chile entre 1970 y 1973 se menciona en el informe del Tesoro estadounidense del año 1982 como un ejemplo significativo del ejercicio fructífero de la influencia de Estados Unidos sobre el Banco. Y aunque el Banco hubiera dado su principio de acuerdo para un nuevo préstamo en junio de 1973, las propuestas de préstamos no fueron tomadas en consideración por el comité de dirección hasta después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973”.

En los archivos del Banco Mundial consta un documento en el cual el Gobierno de Chile expresa sus quejas con motivo de la reunión del Banco, en septiembre de 1972. En la misiva, el Gobierno chileno indica que ha presentado ante la entidad una serie de proyectos elaborados, pero el Banco ni siquiera abrió un procedimiento legal para examinarlos mientras Allende ocupó la presidencia del país. El Gobierno de Unidad Popular nacionalizó más de 500 empresas, entre ellas las que comercializaban con cobre, que constituye la primera fuente de divisas para el país, ya que Chile es de largo el primer productor del mundo con más del doble de la producción de Perú, el segundo en la lista. El régimen de Pinochet reintegró la mayor parte de las empresas a sus dueños, pero tras esta operación llevó a cabo una segunda campaña para privatizar 50 de las 67 empresas públicas existentes antes del Gobierno de Unidad Popular. Únicamente se reservó la explotación del cobre con el fin de asegurarse los enormes ingresos procedentes de esta industria. Exactamente el mismo plan de privatización del sector público se llevó a cabo en Irak, en 2003, de la mano de Paul Bremer, plenipotenciario de Estados Unidos en el país. De hecho, la mayoría de los servicios públicos iraquíes fueron privatizados, todo ello, como ocurre en los países occidentales, usando la excusa de una “mejor gestión” y una “mayor eficiencia a la hora de prestar servicio”. En el caso chileno, incluso empresas como Lan Chile, que habían sido públicas durante 60 años, pasaron a pertenecer a inversores privados. La dictadura de Pinochet consagró estos cambios plasmándolos en la Constitución chilena que el país aún conserva. Los expertos económicos contrarios al neoliberalismo creen que el ejemplo de Chile es una muestra clara de cómo un Estado pequeño se convierte en un ente maniatado por las grandes corporaciones.

Daniel Hojman, profesor de la Universidad de Harvard, afirma: “Yo creo que el único capaz de planificar de manera eficiente el sector eléctrico es el Estado; el que puede planificar en forma armoniosa la ciudad es el Estado. En Chile, el propio Estado se ató las manos para no aportar soluciones no sólo más justas, sino también más eficientes. La energía es un sector en Chile donde falta planificación al punto que la inversión está parada”. Alfredo Joignant, profesor Titular de la Escuela de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales de Chile e Investigador Principal del Center for Social Conflict and Cohesion Studies (COES), declaró en 2013: “¿Sabía usted que toda la reconstrucción tras el terremoto del 2010 se hace en Chile a través de empresas privadas? En Chile, el Estado no puede tener empresas constructoras. Está prohibido. En otros países, en casos de catástrofe el Estado interviene con todo”.

Caso aparte y de extraordinaria gravedad es el de las corrupciones que afectan a la privatización de las empresas públicas durante la dictadura. Las diferentes comisiones encargadas por la Cámara de Diputados de Chile para analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado, ocurridas con anterioridad a 1990, han dictaminado de manera rotunda que las privatizaciones tuvieron tres efectos destacables: en primer lugar, crearon monopolios; en segundo lugar, hubo un aumento de la desigualdad; en tercer lugar, las responsabilidades no han sido asumidas por los responsables del saqueo. Aquí exponemos algunas de las conclusiones de las distintas comisiones de investigación: “Como ha sido habitual en las economías neoliberales, pese al objetivo inicial de terminar con los subsidios a las empresas, el Gobierno decidió subsidiar al sector privado para crear una clase empresarial dinámica y competitiva que pudiera hacerse cargo del modelo económico”. Una de las comisiones también habla del apoyo prestado a la banca durante la crisis de la deuda que afectó a América Latina en 1982, como una forma de subsidio al sector privado. No se especifica, en ningún caso, que dicho “apoyo” consistió en la entrega de fondos por el Banco Central con el fin de evitar el cese de pagos de la banca y la ruina de muchas empresas y pequeños depositantes; “En el desarrollo de estos objetivos se favoreció a personas y grupos empresariales vinculados al régimen dictatorial y se fortaleció a ciertos sectores o actividades económicas con estímulos que aún permanecen vigentes. De forma simultánea, se destruyó el tejido social y se impuso un orden social y económico desigual reforzado por medidas como el plan laboral que destruyó los sindicatos. La dictadura creó un sistema de diferenciación social y exclusión en la sociedad chilena, especialmente en el acceso a los bienes públicos y debido a la facilidad con la que se eludieron y transgredieron limitaciones y procedimientos legales”; “Es aleccionador comprobar que los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los técnicos que las diseñaron desde la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) o que fueron interventores de empresas estatales”; “Los hechos demuestran que muchos de los encargados de privatizar las empresas, terminaron siendo dueños de las empresas objeto del encargo. A esa actitud podemos calificarla como negociación incompatible, abuso de poder, aprovechamiento, etcétera”; “La distribución del período 1973-1990 (dictadura de Pinochet) fue la más desigual de la historia de Chile. En los sesenta y comienzos de los setenta, existía en la sociedad chilena un coeficiente Gini (indicador de la desigualdad de ingresos dentro de un país) de entre 12 y 13, a finales de los 70 la cifra asciende a 15, y en la década de los ochenta a 20”; “Muchas empresas fueron devaluadas con el fin de que sus propios gestores las comprasen pidiendo créditos a bancos que, por motivos estrictamente políticos, jamás se negarían a dar esos préstamos”.

Hubo que esperar a 1986, cuando la represión del régimen chileno causaba conmoción en todo el mundo occidental, incluyendo Estados Unidos, para que el Gobierno de Ronald Reagan solicitara al Banco Mundial la organización de un debate sobre la adjudicación de un préstamo a Chile, de forma que evitara la oposición del Congreso estadounidense. La solicitud fue rechazada por Barber Conable, presidente del Banco, mediante una nota enviada a James Baker, que entonces era vicesecretario del Tesoro. En palabras de Eric Tousaint, economista belga y portavoz del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM): “Se puede conjeturar que el pedido del Gobierno no era más que una concesión de fachada dirigida a la opinión pública, de manera que apareciese sensible a las preocupaciones democráticas expresadas, sabiendo que, en un reparto bien lubricado de los papeles, el presidente del Banco mantendría el rumbo político preconizado por el Gobierno. Todos salían ganando”.

Eduardo Luis Junquera Cubiles.