Desde el inicio, en 2009, de la crisis de deuda en Grecia, el PIB ha caído en más de un 25%; el paro supera el 26%; el desempleo juvenil se sitúa en casi el 50%; y el 45% de los pensionistas reciben menos de 665 euros al mes, cantidad que está por debajo del umbral de la pobreza. Las sucesivas bajadas de las pensiones han hecho que algunos jubilados cobren menos de la mitad de lo que recibían en 2009; según datos que maneja Unicef, el 40% de los niños también viven por debajo del umbral de la pobreza. Un tercio de las empresas del país han cerrado en los últimos cinco años. El gasto en sanidad por ciudadano ha disminuido en un tercio desde el comienzo de la crisis y unos 25.000 médicos han perdido su trabajo. Muchas escuelas públicas han cerrado, dejando a miles de niños sin escolarizar. Gran parte de los hospitales han sido desmantelados y han sufrido recortes en personal, instalaciones y medicamentos. Se calcula que el 20% de la población no tiene calefacción ni teléfono. El 15% de la población de Grecia está ahora en situación de pobreza extrema. Como es normal en tiempos de crisis, la tasa de natalidad ha disminuido en más de un 22%, mientras que la mortalidad infantil se eleva a un alarmante 4,78%.
La crisis griega se debe a la deuda de 320.000 millones de euros que el país no está en condiciones de pagar, algo que cualquier economista sabe. El propio FMI calcula la deuda griega en un 180% de su PIB, y prevé que ascienda al 260% en 2060. La razón es que el Estado heleno gastó durante años mucho más dinero del que podía producir, y ese gasto fue financiado a través de créditos. Los mayores acreedores de deuda griega son Alemania, Francia, Italia y España. Grecia también debe dinero al FMI y al Banco Central Europeo. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en el año 2001, definió como indignantes las medidas impuestas a Grecia por la propia Unión Europea en el verano de 2015. Pero debemos remontarnos varios años atrás para explicar el desastre griego: fuera de la catastrófica gestión económica llevada a cabo desde 1974 (año en el que se proclama la Tercera República Griega), hasta 2015, momento en que comienza el Gobierno de SYRIZA, salvo en el caso de varios presidentes “independientes”, la mayoría de ellos vinculados al sector financiero, Grecia ha sido gobernada siempre por primeros ministros pertenecientes al PASOK (socialistas) o a Nueva Democracia (centro-derecha). Durante las dos legislaturas (2004-2007 y 2007-2009) en que Kostas Karamanlis fue primer ministro, las cuentas de Grecia fueron falseadas con la colaboración del banco Goldman Sachs. El nombramiento de Mario Draghi como presidente del BCE es uno de los grandes ejemplos de la penetración de los poderes económicos dentro de los Estados: Draghi fue vicepresidente en Europa de Golmand Sachs, el cuarto banco de inversión del mundo. Durante su mandato, el banco asesoró a Kostas Karamanlis sobre cómo ocultar la auténtica dimensión del déficit del Estado heleno. Esta ocultación llevó a Grecia a la bancarrota durante la crisis financiera de 2007-2008. Los efectos de esta quiebra durarán décadas en el país y quienes perderán serán los de siempre: los ciudadanos. Una persona con este perfil debió haber causado alarma entre los medios de comunicación y la ciudadanía al aparecer su nombre entre la terna de candidatos a presidir el BCE cuando el anterior presidente, Jean Claude Trichet, cesó en su cargo. Pero como ya hemos comentado, las sociedades de Europa y de los EE. UU. conviven con estas anomalías desde el advenimiento del neoliberalismo.
Por si esto fuera poco, en este contexto de crisis económica, la más profunda que ha afectado a los ciudadanos de un país europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un bufete de abogados alentó a las grandes multinacionales a que utilizaran el arbitraje de inversiones para defender sus beneficios en Grecia. Se trataba del grupo alemán Luther, que informó a sus clientes de que, en el caso de que Grecia no pudiera pagar, era perfectamente legal interponer una demanda amparándose en los TBI vigentes. Luther sugería literalmente que “el sucio comportamiento financiero de Grecia” presentaba una sólida base con el fin de que los grandes grupos inversores pudieran reclamar cuantiosas indemnizaciones que, naturalmente, serían pagadas por los ciudadanos griegos, ya de por sí terriblemente castigados por una crisis en la que no tienen ninguna responsabilidad.
La propia ONU ha reconocido que los TBI pueden limitar gravemente la capacidad de los Estados para financiarse y luchar contra los graves efectos de las crisis sobre los servicios sociales y la población. El bufete de abogados estadounidense K&L Gates, en un informe de 2011 declaró que «mediante los tribunales de arbitraje las multinacionales podrían obtener el resarcimiento de los daños sufridos por pérdidas de inversión de los países que no pagaran su deuda soberana”. El informe también indicaba que “dadas las actuales crisis financieras en todo el mundo, esto debería dar esperanza a los inversores que han sufrido pérdidas a causa de la reestructuración soberana de sus instrumentos de deuda”. La firma apuntaba a Grecia como un país especialmente vulnerable y recomendaba a sus clientes investigar sobre que tratados debían constituir la base de nuevas demandas. También les instaba a utilizar como elementos de presión los propios mecanismos ISDS (los tribunales para solucionar los conflictos entre Estados y empresas, incluidos en la mayor parte de los tratados bilaterales, que están por encima de la jurisdicción ordinaria de cada país).
Eduardo Luis Junquera Cubiles.