Las hipotecas “subprime”:

        Las llamadas hipotecas “subprime” se caracterizaban por tener un alto riesgo porque se concedían a personas con trabajos precarios, sin propiedades que pudieran servir como garantía para respaldar la hipoteca y con bajos ingresos. La inversión se garantizaba porque, al presentar un riesgo mayor, el interés cobrado a esos clientes era superior respecto a las hipotecas normales, en general entre 1,5 y 7 puntos más alto. Estas hipotecas también incluían más comisiones y la financiación podía superar el 80% del valor de la casa y hasta el 100%, algo que también sucedió en España. Si, pese al riesgo que conllevaban, las hipotecas eran concedidas a los clientes menos solventes, era porque el banco ya había previsto su colocación en los mercados financieros. De nuevo se repiten los mismos ingredientes que han conformado otros episodios de abusos de las entidades bancarias: la opacidad y el riesgo. En Estados Unidos, los bancos tienen fijado un límite máximo para conceder créditos de riesgo alto, pero se saltan esta norma al ceder los créditos a otras entidades intermediarias, que adquieren los derechos de cobro a cambio de pagar un interés menor a la entidad financiera. El mercado de hipotecas “subprime” pasó de representar el 8,5% del total de hipotecas concedidos en 2003 al 20,1% en el año 2006. Durante el mismo período, el índice de acceso a la vivienda se desplomó en Estados Unidos, cayendo un 20% debido a los altos precios. Esto explica en parte el aumento de la concesión de las hipotecas “subprime”, por las cada vez mayores dificultades de los hogares estadounidenses para adquirir una vivienda. Las hipotecas “subprime” se concedieron, no por la bondad del mercado, sino porque los bancos vieron un nicho de negocio en aquellas personas que no cumplían las exigencias mínimas para recibir un crédito, pero que incluso así disponían de un mínimo de solvencia y no eran consideradas un riesgo para el sistema bancario. Además, nadie pudo prever el descenso del precio de la vivienda en Estados Unidos.

        A comienzos de 2002, el entonces presidente, George W. Bush, solicitó ayuda al sector privado con la expectativa de que los bancos financiasen a las personas de ingresos más bajos para que adquirieran casas. La respuesta de la Reserva Federal fue reducir las tasas de interés del 6% al 1% en pocos meses. Esta medida dio inicio a una gran expansión del crédito hipotecario, que se extendió a personas tradicionalmente excluidas de este negocio, lo que incentivó la especulación y el aumento del precio de la vivienda. Con el fin de aumentar el número de personas que podían acceder a una hipoteca “subprime”, fue necesario relajar los criterios de acceso. En EE. UU., los ciudadanos reciben una calificación crediticia determinada por varios factores. Esta calificación se utiliza con el fin de clasificar el pago de deudas de cada persona en el pasado. Cuanto más alta sea la calificación, mejor valoración recibirá el ciudadano por parte de la entidad que concede el crédito. La calificación se mueve en una escala que va del número 300 al 850, y se calcula tomando como referencia datos de su historial crediticio como préstamos, tarjetas de crédito y hasta pagos atrasados de alquiler y servicios públicos. Esta información es recopilada por grandes agencias como Experian, Equifax y TransUnion. Estos organismos interpretan los datos y otorgan la calificación. El sistema confeccionado por las tres agencias es el denominado VantageScore, mientras que el desarrollado por Fair Isaac Corporation, una compañía de análisis de crédito de California, se llama puntaje FICO, y es el más utilizado en EE. UU.

        Llegados a este punto, debemos hablar de la corrupción normalizada que domina el mundo financiero, algo fundamental para el progreso de la economía especulativa. ¿Es posible generar crecimiento real en la economía cuando la rentabilidad es el único objetivo? Los efectos de la búsqueda de esta rentabilidad, con frecuencia han sido devastadores. Los grandes bancos acumularon tal cantidad de hipotecas “subprime” que, para que no afectaran a sus balances, decidieron venderlas a fondos de inversión. Con este fin, las hipotecas “subprime” se mezclaron con productos financieros de menor riesgo con el fin de ser vendidos como “paquetes” a estos fondos y a otras entidades bancarias, dedicadas antes al negocio bancario tradicional, pero que ahora no querían perder la oportunidad de conseguir grandes beneficios en el sector inmobiliario. Los paquetes de menor riesgo fueron vendidos a compañías de seguros, fondos de pensiones, bancos y gobiernos extranjeros, mientras que las hipotecas con riesgo más alto de impago fueron vendidas a los bancos de Wall Street. Estas hipotecas, como antes comentábamos, aplicaban intereses superiores al tener un riesgo mayor, lo cual generó mayores beneficios al principio, pero todo cambió cuando la Reserva Federal aumentó los tipos de interés: muchos clientes no pudieron pagar y el precio de la vivienda comenzó a caer. Fue en el primer trimestre de 2007, no se producía un descenso en el precio de la vivienda en Estados Unidos desde 1991.

        Cuando un banco estadounidense concede una hipoteca “subprime”, la contabiliza en sus estadísticas, esto significa que la entidad disfruta de los beneficios, pero también asume el posible impago depositando una cantidad de dinero en concepto de reservas en la Reserva Federal. El alto riesgo y las reservas depositadas limitan el número de hipotecas que una entidad puede conceder. Fue así como nació la llamada titulización: como antes comentábamos, con el fin de reducir los riesgos y las reservas necesarias para asegurar estas operaciones, las entidades que comercializaban las hipotecas “subprime” traspasaron las hipotecas a otros bancos o fondos. El comprador se lleva los beneficios y asume los riesgos, el negocio está en que la entidad que traspasa se queda con las comisiones y puede continuar otorgando más hipotecas “subprime”. Las agencias de calificación cooperaron de forma indispensable para otorgar una calificación positiva a los productos financieros tóxicos, algo que, en ningún caso, debería haber ocurrido. Los bonos procedentes de la titulización de hipotecas se emitían por tramos con la denominación de bonos estructurados. Estos tramos se comercializaban dependiendo de la calidad de las hipotecas. De esta manera, los intereses de los bonos del primer tramo correspondiente a las hipotecas de menor riesgo se pagaban fácilmente. Las del segundo tramo tampoco presentaban mayores dificultades de pago. El problema comenzaba con la amortización de los intereses a los del último tramo. Las tres grandes agencias, Standard & Poor´s, Moody´s y Fitch (todas estadounidenses, aunque Fitch también tiene sede en Londres), que controlan el 90% del mercado mundial otorgaron la famosa calificación de triple A a los bonos del primer tramo. Las hipotecas “subprime” se agruparon en productos financieros denominados obligaciones de deuda garantizada (CDO), y las agencias calificadoras también les dieron una calificación dentro de la A, y lo hicieron a sabiendas de que eran un producto de altísimo riesgo. Al estar bien considerados y tener una rentabilidad mayor, los CDO también se comercializaron sin problema. Entre 2006 y 2007 se emitieron CDO garantizados por hipotecas “subprime” por el increíble valor de más de 200.000 millones de dólares. Basándose en el índice de morosidad del 1 %, las agencias calificaron la titulización de las hipotecas como triple A e hicieron lo mismo con muchos de los CDO. El 75% de los CDO examinados por Moody`s terminó con la concesión de triple A a este producto financiero, es decir, 563 millones de dólares para un total de CDO por valor de 750 millones.

        Hasta el mismo instante de su quiebra, Lehman Brothers, la aseguradora AIG y la empresa energética Enron disfrutaron de buenas calificaciones crediticias por parte de las agencias de calificación, que además no rinden cuentas ante nadie, pero reciben jugosos honorarios de parte de las mismas empresas a las cuales otorgan esas puntuaciones. Uno de los ejemplos más indecentes acerca de esta más que cuestionable manera de proceder fue el que afectó a la empresa alemana de seguros, Hannover Rück. Moody’s publicó una calificación de esta empresa como A2, a la vez, le enviaba una carta comunicándole que estaban a la espera de la correspondiente remuneración. La aseguradora germana se negó a pagar, a lo que Moody’s respondió rebajando su calificación mientras seguía reclamando su dinero. Al final, Moody`s calificó la deuda de la empresa como basura (Baa1), lo cual desembocó en importantes pérdidas para la aseguradora (se calcula que Hannover Rück perdió 175 millones de dólares a causa de esta operación, por lo que tuvo que hacer frente a despidos masivos). Esto ocurrió a comienzos de 2003, el comportamiento de Moody`s fue similar al de un grupo mafioso, entre otras cosas porque el informe a Hannover Rück no fue solicitado por la empresa alemana. Es evidente que para un observador imparcial la mecánica de concesión de calificación por parte de las agencias supone, como mínimo, un conflicto de intereses.

        Continuando con el caso de las hipotecas “subprime”, la globalización hizo el resto. En realidad, muchos expertos y analistas, además de miles de ejecutivos de los grandes bancos sabían lo que podía suceder, pero mientras los precios de la vivienda siguieran al alza nadie, ni banqueros ni políticos, quería bajarse de la montaña rusa. Ignorar la realidad no es la mejor forma de mitigar o evitar sus efectos: en el momento en que estalló la crisis de 2007, el 52% de las hipotecas concedidas en EE. UU. no estaban sujetas al control federal, sino al de los estados. Investigaciones judiciales establecieron posteriormente que el banco de inversión, Bear Stearns, engañó a sus inversores falseando datos acerca de los títulos que vendía, de los cuales una buena parte eran conjuntos de créditos hipotecarios sin apenas valor y de altísimo riesgo. Otro tanto podemos decir de Washington Mutual, la caja de ahorros más grande de Estados Unidos, que estafó a prestatarios e inversores, aportando en todo momento datos falsos con los que enmascarar el riesgo. Goldman Sachs obtuvo ganancias de más de 4.000 millones de dólares en una crisis que asoló al mundo y que hizo que otras grandes entidades bancarias tuvieran que ser rescatadas.

        Un informe de la Comisión Levin, con representantes del Subcomité Permanente del Senado para Investigaciones, dictaminó en 2011 que esta posición ventajosa pudo deberse a que Goldman Sachs engañó a sus inversores con el fin de venderles productos vinculados a hipotecas basura, a la vez, la entidad adoptó posiciones bajistas contra estos mismos productos, comportamiento que produjo enormes beneficios para el banco. En el mundo financiero, el producto de Goldman Sachs alcanzó una gran fama y fue conocido con el nombre de Abacus. Este producto fue ofrecido a los clientes como una buena inversión y las apuestas de Goldman Sachs contra su propio producto eran simplemente un fraude. Detrás de Abacus estaba John Paulson, uno de los más importantes inversores de Wall Street, que obtuvo increíbles ganancias en medio de la crisis financiera: en 2007, cuando la crisis estaba comenzando, Paulson ganó 3.700 millones de dólares; en 2008, cuando el vendaval amenazaba con destruir la economía mundial, obtuvo 2.000 millones de beneficios; y en 2009, cuando millones de familias perdieron su hogar, recibió 2.300 millones, todo ello apostando a la pérdida de valor de activos hipotecarios. Con Abacus, Paulson obtuvo beneficios de más de 1.000 millones de dólares, mientras que Goldman Sachs ingresó 15 millones en comisiones. En esta operación, por increíble que parezca, no había nada ilegal porque el propio Paulson no estaba obligado a hacer público el conflicto de intereses. Finalmente, la Justicia estadounidense señaló que no había en el informe Levin evidencias suficientes para investigar al banco. Goldman Sachs ha pagado más de 5.000 millones de dólares en multas a la Administración de EE. UU. con el fin de silenciar las denuncias. Llegados a este punto, usted se preguntará cómo es posible que esto haya sucedido y donde estaban los reguladores que deben protegernos de todos estos desmanes.

        Respecto a las hipotecas “subprime”, poco más debemos explicar. La cuestión de la titulización fue la manera en que el producto se expandió por todo el mundo porque los paquetes de hipotecas ya titulizadas fueron comprados por fondos de alto riesgo. Posteriormente, fondos de renta fija y fondos de planes de pensiones adquirieron participaciones de estos fondos de inversión, incluso existieron fondos que compraron otros fondos con participaciones en los primeros fondos de inversión a los que habían “colocado” las hipotecas “subprime”. Así fue como un producto de altísimo riesgo se dispersó a través de cientos de entidades grandes y pequeñas. El hecho de dispersar un producto financiero de tan alto riesgo puede disimular el peligro, pero no evitarlo. En lugar de existir un banco que asume el riesgo de impago de un cliente-lo cual limitaría sin duda el número de hipotecas asumido por la entidad-, cada hipoteca “subprime” tenía en realidad millones de partícipes a los que, por supuesto, les habían ocultado que su plan de pensiones o su fondo de ahorro SIN RIESGO estaba vinculado a este tipo de producto financiero de altísimo riesgo. Todos recordamos como empezó la crisis: de un día para otro cayó la confianza entre los grandes inversores, que tuvieron un amargo despertar cuando comenzaron los impagos masivos de las hipotecas “subprime”; posteriormente, nadie quería adquirir los CDO vinculados a estas hipotecas, lo que provocó que muchas entidades bancarias tuvieran que asumir los riesgos de forma directa; esto arrastró a los fondos de inversión que adquirieron las titulizaciones en primera instancia y que estaban repletos de CDO. Ahí es cuando algunos grandes bancos tuvieron que poner dinero y se vieron obligados a utilizar de nuevo las normas de la economía real, tan distantes de los artificios de la economía especulativa. Los bancos dejaron de prestarse dinero entre ellos, aun a riesgo de recibir beneficios mucho más bajos, porque temían prestar a un banco en cuyos balances se ocultasen hipotecas “subprime”.

        Es completamente falsa la teoría de las crisis cíclicas que afectan al capitalismo en relación a la crisis financiera de 2007-2008. Todas las investigaciones periodísticas, judiciales y parlamentarias demuestran que tanto los reguladores como las entidades bancarias y los grandes inversores sabían lo que podía ocurrir. La única duda que tenían era la de cuándo comenzaría la hecatombe. Hablamos de los mercados tal como lo haríamos de accidentes naturales imprevisibles como el viento o la lluvia, o como si fueran entes etéreos, porque no hay gobierno en Occidente con el coraje necesario para imponer el criterio del bien común al criterio de rentabilidad -al precio que sea- de las grandes empresas. También porque hace tiempo que nos hemos acostumbrado a que poder político y poder económico -al menos en las grandes esferas- sean lo mismo.

        Cuando el ciudadano trata de cuestionar este sistema, la gran cantidad de medios de comunicación afines al mismo tan solo le ofrece planteamientos demagógicos tales como considerar el comunismo soviético o el castrista como la antítesis de los sistemas neoliberales. Por esta razón, el neoliberalismo gana las batallas y las guerras sin haberlas declarado siquiera, y lo hace también porque el ciudadano occidental está convencido desde su infancia de que no es posible crear -en realidad, ni siquiera imaginar- un sistema que pueda ser alternativo a este. Lo peor es que no hemos sabido elaborar una respuesta intelectualmente seria para contraponerla a todas estas patrañas: esto es, lo contrario del sistema neoliberal, injusto y desigual no es el comunismo ni ninguna otra delirante dictadura, sino la justicia social. Para nuestra desgracia, las ideas neoliberales han ganado tantos adeptos -por adhesión o por pasividad- que el futuro ofrece pocas esperanzas. Lo más normal en un mundo en el cual las empresas serán cada vez mayores y más poderosas en detrimento de Estados cada vez menores y menos intervencionistas será un escenario en el que los salarios serán más exiguos, y con esos ingresos deberemos pagar más caros servicios que antes recibíamos por nuestra sola condición de ciudadanos. Esta crisis demuestra que necesitamos más regulación y, por ende, más Estado.

         Una nueva crisis financiera:

        En sus estimaciones más conservadoras, los expertos económicos otorgan al mercado de derivados-el mayor de todos los pertenecientes a la economía especulativa-un valor 130 veces superior al dinero en circulación, si bien reconocen que estas cifras son imposibles de calcular por la indescifrable complejidad del sistema financiero. ¿Asumiría usted una hipoteca vinculada a cuestiones difícilmente explicables como las que hemos tratado de desenmarañar en este texto? Entonces ¿por qué permitimos que la economía especulativa condicione y determine con su colosal tamaño la vida de miles de millones de personas? Pues bien, nuestras autoridades-tal vez porque quienes regulan son los mismos que quienes cometen las irregularidades-no solo no han aprendido de la crisis financiera desatada hace más de 10 años, sino que están repitiendo los mismos errores-legislar para desregular-y por los mismos motivos: la irrefrenable codicia. El portal financiero Bloomberg informó a comienzos de 2015 que el negocio de las hipotecas “subprime” había regresado a Estados Unidos. Como suele ocurrir en el capitalismo actual, es necesaria la utilización de un eufemismo para hacer un lavado de imagen. El nuevo producto no se llama “subprime”, sino “nonprime”, aunque es exactamente el mismo negocio consistente en reunir hipotecas de poquísimas garantías sumadas a créditos basura de alto riesgo para después dividirlos en paquetes más pequeños con el fin de venderlos en bonos de renta fija a diferentes inversores. Bloomberg pone nombres concretos a varias sociedades de inversión y bancos que están operando con estas prácticas. Los fondos de inversión,Seer Capital Management y Angel Oak Capital, y el banco australiano Macquarie Group son algunas de las entidades que están adquiriendo los créditos de los prestatarios que tienen una baja calificación. El banco JP Morgan valoró el volumen de este negocio a inicios de 2015 en 5.000 millones de euros.

        El 21 de julio de 2010, durante el primer mandato del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue aprobada la Ley Dodd-Frank, un conjunto de medidas destinadas a proporcionar estabilidad y transparencia al mercado financiero, dotando al mismo de una mayor regulación para proteger a los ciudadanos de las prácticas abusivas de los bancos y de los costes de un posible rescate a una entidad financiera. El 22 de mayo de 2018, el Congreso estadounidense entregó al presidente, Donald Trump, el texto legal que le permitirá mitigar algunas disposiciones de la Ley Dodd-Frank en relación a las entidades locales y estatales, aunque no para los bancos nacionales. El texto fue aprobado con el apoyo de 258 votos, de los cuales 33 pertenecían a miembros del Partido Demócrata. La nueva disposición reduce las normas de supervisión para las grandes entidades. De esta manera, el texto aprobado eleva de 50.000 a 250.000 millones de dólares en activos el umbral bajo el que se considera a los bancos «demasiado grandes para quebrar», lo que exime a un buen número de entidades financieras de obligaciones destinadas a los grandes bancos. Tan solo una semana después de que esta medida fuera aprobada, concretamente el 31 de mayo, la Reserva Federal estadounidense dio el primer paso para relajar la norma Volcker, que prohibía a los grandes bancos realizar actividades especulativas de riesgo con los depósitos de los clientes. Esta norma había sido aprobada en diciembre de 2013 por varios organismos reguladores encargados de supervisar su cumplimiento, estos organismos eran la Reserva Federal (FED), la Comisión de Negociación de Futuros (CFTC), la Corporación Federal de Seguro de los Depósitos Bancarios (FDIC), la Comisión de Mercados y Valores (SEC) y la Oficina del Auditor de Divisas (OCC). La norma Volcker se añadió a la Ley Dodd- Frank y entró en vigor en julio de 2015. Los principales representantes de la Corporación Federal de Seguro de los Depósitos Bancarios (FDIC), declararon que la derogación de la norma Volcker podría causar una vuelta de las prácticas de riesgo al sistema bancario porque “abriría una puerta a que pequeñas lagunas puedan ser explotadas, con desafortunadas consecuencias”.

        Como informó Bloomberg a comienzos de 2015, algunas entidades han puesto a disposición de los inversores un nuevo producto financiero que poseía prácticamente todas las características de los CDO de los que antes hemos hablado, salvo que, como en el caso de las hipotecas “nonprime” respecto a las hipotecas “subprime”, habían cambiado de nombre. Hablamos del llamado Oportunidad de Tramo a la Medida o BTO, por sus siglas en inglés. Este producto facilita al inversor la compra de la parte de menos riesgo de un paquete de créditos emitidos por un banco. Esta herramienta tiene un producto derivado que posee deudas de diferentes clases que facilitan al inversor que se apueste por el comportamiento de los préstamos subyacentes. En la actualidad, se están ofreciendo productos BTO respaldados por créditos concedidos para la compra de coches y para financiar los estudios. Los expertos descartan que el riesgo de este producto pueda causar una crisis similar a la de hace diez años porque su expansión no es tan grande como la de los CDO. Pero la cuestión es que las entidades que deseen hacerlo no están viendo límite legal alguno para hacer crecer un negocio jurídicamente similar al de los CDO. En marzo de 2017, Santander Consumer USA Holdings Inc, filial del Banco de Santander en Estados Unidos, acordó pagar más de 25 millones de dólares para cerrar las investigaciones de los fiscales generales de Delaware y Massachusetts acerca de la titulización de préstamos de alto riesgo para la compra de vehículos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también investigó este caso. Según Maura Healey, fiscal general de Massachusetts, las investigaciones revelan que Santander Consumer financió préstamos de alto riesgo para la compra de automóviles sabiendo que muchos clientes no podrían cumplir los pagos. La investigación demostró que Santander Consumer tenía conocimiento de que algunos concesionarios tenían índices altos de incumplimiento de pagos, aunque continuaron comprando los préstamos. Desde la oficina de Healey se señaló que los comportamientos observados reproducían las prácticas anteriores a la crisis financiera de 2007-2008. El acuerdo entre el Santander y la fiscalía de Massachusetts es parte de una investigación en el sector bancario acerca de la titulización en el mercado de los préstamos de alto riesgo para compra de vehículos, según informó Reuters.

Eduardo Luis Junquera Cubiles.