Según datos de Eurostat, entre 2010 y 2015 la deuda del Estado griego pasó del 120% al 175% respecto al PIB, el poder adquisitivo se redujo en más de un 37% y el propio PIB disminuyó en un 26%. No importa cuales sean los datos que la realidad nos ofrece: el neoliberalismo se muestra siempre implacable e insaciable. Los mismos patrones de usura e injusticia se repiten en los sucesivos rescates aplicados sobre Grecia que, en realidad, han sido rescates a la banca privada europea, principalmente la alemana y la francesa. El Banco Central Europeo ha sido el primer valedor de los intereses de los bancos privados al negarse de forma sistemática a reducir la deuda helena mediante una quita, algo usual en otros rescates problemáticos. El BCE también ha promovido la sustitución de los acreedores privados por los públicos. Entre 2010 y 2012, en el marco del programa SMP, el BCE adquirió en el mercado secundario títulos griegos a grandes bancos europeos, principalmente franceses, alemanes y holandeses. En octubre de 2017, el propio Draghi reconoció que los bancos centrales de la zona euro habían ganado hasta entonces 7.800 millones de euros como consecuencia de la crisis griega. Si el BCE no hubiera realizado esta compra, los títulos griegos se habrían devaluado hasta un 75%, luego la compra a gran escala del BCE mantuvo su valor de forma artificialmente elevada. En este caso, el BCE jugó un papel de distorsionador del mercado que acabó beneficiando a la banca acreedora de los títulos griegos. El primer rescate a Grecia, lanzado en 2010 por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no perseguía la mejora de la economía griega, sino el rescate efectivo de la banca privada. La ayuda sirvió para que los bancos de Alemania, Francia y Holanda recuperasen su dinero mientras se negaban a prestar de nuevo al Estado griego.

        La mayor parte de la letra pequeña que figura en los acuerdos económicos del siglo XXI es sistemáticamente ocultada a los ciudadanos de los países occidentales, la razón es que el ciudadano con información y conciencia social consideraría inadmisible que su gobierno firme pactos con actores económicos para los cuales la ética, la sostenibilidad y la transparencia son criterios prescindibles e incluso perjudiciales para sus intereses. En mayo de 2010, durante la negociación del primer rescate griego dentro del Fondo Monetario Internacional en el que se decidió que el Fondo entregaría a Grecia 30.000 millones de euros, varios directores ejecutivos de la entidad declararon abiertamente que la medida suponía una ayuda a los bancos alemanes, franceses y holandeses. Las denuncias más rotundas fueron hechas por los representantes de Brasil y de Suiza. Ante estas acusaciones, los representantes en el FMI de Alemania, Francia y Holanda se vieron obligados a declarar que los bancos de sus países no se desvincularían de Grecia, lo que en pocas palabras significaba que no venderían títulos griegos y que mantendrían las líneas de crédito abiertas para el país heleno. Pero lo que hicieron estos tres ejecutivos fue mentir a sus colegas del FMI para obtener su voto con el fin de que la entidad suministrara dinero a Grecia, puesto que, una vez otorgado el primer rescate (110.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea y del FMI), los bancos de Alemania, Francia y Holanda vendieron sus títulos de deuda helena al Banco Central Europeo mientras se negaban a conceder créditos en el país. En la misma reunión en la cual el FMI decidió otorgar ayuda financiera a Grecia, algunos directores ejecutivos del Fondo también se mostraron críticos con la dirección del mismo por haber cambiado-sin informar a los ciudadanos y a los periodistas-las reglas de la institución en lo que se refiere a las condiciones de los préstamos a conceder. Hasta entonces, el FMI solo podía otorgar créditos a países endeudados si en el momento del préstamo se consideraba la deuda como sostenible. Los ejecutivos del Fondo eran perfectamente conscientes de que, sin haberse producido una reducción de la deuda, esta se volvía insostenible. Para sortear esta cuestión, cambiaron el reglamento en vez de someter el asunto a deliberación. También se tomó la medida-como en el caso anterior, sin recurrir a debate alguno-de conceder el préstamo con el fin de evitar una crisis financiera internacional, una forma implícita de reconocer que la finalidad era rescatar a la banca privada implicada en el caso de Grecia, una banca que había concedido créditos sin la menor garantía de devolución y sin atenerse a ningún criterio de solvencia y seguridad por parte de los estamentos deudores griegos. Los bancos más beneficiados por el rescate a Grecia fueron los franceses BNP Paribas, Crédit Agricole, BPCE y Société Générale, y los alemanes Hypo Real Estate, Commerzbank, Deutsche Bank, LBBW y DZ Bank. El Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea no negociaron una reducción de la deuda griega porque esa medida hubiera convertido en impagables millones de títulos que estaban en manos de los bancos privados. Al contrario, a estas entidades se les otorgó tiempo suficiente para abandonar posiciones en el mercado griego.

        En julio de 2011, tras una serie de negociaciones extremadamente complejas que duraron meses, el Eurogrupo aprobó un segundo paquete de medidas de ayuda a Grecia por valor de 109.000 millones de euros, cifra que en febrero de 2012 se amplió a 140.000 millones. La asistencia incluía por vez primera una reestructuración de la deuda. El BCE participó en estos planes indicando posteriormente que no intervendría en la operación. En la restructuración jugó un papel fundamental la banca privada de Alemania, Francia, Italia y el Benelux. Cabe destacar la intervención del banco francés, BNP Paribas, asesorado entonces por Jean Lemierre, que había sido presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en el período 2000-2008 y que a partir de 2014 sería presidente del propio BNP Paribas. En noviembre de 2011, bastó con que el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, declarase su intención de realizar un referéndum para consultar al pueblo griego acerca de los inhumanos recortes económicos exigidos desde Bruselas, para que la presión de los socialistas europeos, unida a la de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI le hiciesen dimitir. En semejante escenario cabía todo y Papandreu fue sustituido por Lucas Papademos, gobernador del Banco de Grecia entre 1994 y 2002 y exvicepresidente del BCE entre 2002 y 2010. Papademos había participado junto a Mario Draghi y Kostas Karamanlis en el falseamiento de las cuentas griegas en 2001.

        El BCE planificó una quita del 53% del valor de los títulos de deuda griega que estaban en manos de los acreedores privados. ¿Cómo? ¿Los bancos perdiendo dinero y asumiendo los riesgos derivados de su nefasta gestión? Nada más lejos de la realidad. La banca privada vio como sus bonos griegos perdían gran parte de su valor, de manera que fueron compensados de la siguiente manera: se les reembolsarían 70.000 millones de euros o lo que es lo mismo, el 35% del valor real de los títulos; canjearían los títulos griegos de entonces, considerados bonos basura, por bonos calificados como triple A; y recibirían en dinero efectivo una compensación del 15%, que equivalía a 30.000 millones de euros. De manera que la banca privada se vio favorecida una vez más con el nuevo paquete de rescate. El dinero procedía del Mecanismo de Estabilidad Financiera, es decir, de los ciudadanos europeos. Este pernicioso plan había sido diseñado por todos los actores económicos europeos-la Comisión Europea y el BCE-y el Fondo Monetario Internacional, en consonancia con dos de los más importantes lobbies bancarios a nivel mundial, el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) y la Asociación Internacional de Negociantes de Derivados (ISDA). Las propuestas presentadas por el IIF, un organismo no democrático y desconocido para los ciudadanos, tenían prioridad sobre cualquier otra consideración, incluida la del mantenimiento del Estado del Bienestar griego. Los dirigentes de este tipo de entes llegan a donde no llega ningún ciudadano ni ninguna asociación de defensa de los derechos civiles. El entonces presidente del Deutsche Bank, Josef Ackermann, que también presidía el IIF y que tenía estrechísimos vínculos con la banca de inversión y con grandes multinacionales (aseguradora Zurich, banco Credit Suisse, Siemens y la petrolera Shell) tenía una controvertida biografía: Ackermann luchó desde todos sus puestos para eliminar el modelo de banca renano, que tenía sus referencias en el apoyo a la industria, la prioridad de la actividad crediticia por encima de la especulativa, la reinversión en investigación y desarrollo, y la protección social. Cuando Ackermann dirigió la banca de inversión del Deutsche Bank, se dedicó a imitar los arriesgadísimos modelos de negocio de Goldman Sachs y de otros bancos de inversión, incluyendo la creación de beneficios inexistentes, la ocultación de deudas y derivados insolventes, y la creación de hipotecas “subprime” y otros productos considerados tóxicos. Cuando abandonó el Deutsche Bank, el banco tenía varios procesos abiertos en Estados Unidos, Italia y Alemania por estafa, manipulación del líbor, falseamientos de balances y evasión fiscal. Ackermann también se destacó por utilizar su influencia en el IIF para privatizar los pocos bancos y cajas de carácter público que quedaban en el continente y por aumentar de forma exponencial el sueldo de los banqueros.

        Poco antes de la reestructuración de la deuda griega, las autoridades del país convirtieron los títulos de los fondos de pensiones de Grecia en bonos de deuda. Para entonces, los bancos privados de Alemania, Francia, el Benelux e Italia ya habían vendido sus títulos griegos al BCE, a bancos de Chipre y a fondos buitre, invitados de gala al festín. Esto derivó en la crisis de Chipre de 2013. Quienes no sufrieron perjuicio alguno fueron los fondos buitre, que habían adquirido títulos griegos con un descuento del 50% y que obtuvieron un reembolso del 100% del dinero invertido. El fondo buitre Dart Management, propiedad de Kenneth Dart y radicado en las Islas Caimán-un país considerado paraíso fiscal por toda clase de organizaciones sociales y de defensa de los derechos civiles, aunque no por la OCDE (que solo reconoce como paraíso fiscal a Trinidad y Tobago) ni por la Unión Europea, que únicamente reconoce a 17 naciones que cumplen los requisitos para ser consideradas paraíso fiscal-recibió en 2012, 392 millones de euros procedentes del Estado griego como resultado de la reestructuración de la deuda helena. Kenneth Dart vive entre las Islas Caimán y Belice desde 1994, cuando renunció a la ciudadanía estadounidense para pagar menos impuestos. El fondo de Kenneth Dart sigue siempre la misma estrategia: comprar bonos de deuda de países en apuros, negarse a reestructurar la deuda e ir a los tribunales con el fin de obtener los mayores beneficios. Así obtuvo enormes ganancias en Brasil, cuando un juez dictó una sentencia que obligaba al Estado brasileño a pagar 955 millones de dólares por una inversión inicial de 375 millones que representaban en realidad 1.400 millones de dólares (la diferencia se debe a la devaluación de los títulos) en el mercado de deuda. A través de Dart Container, Kenneth Dart obtuvo beneficios en el mercado de las hipotecas insolventes de EE. UU. La misma forma de actuar que dio resultados en Brasil es la que Dart Management ha ensayado en países como Argentina, Turquía, Ecuador y Kazajistán. El fondo también obtuvo beneficios procedentes de procesos opacos relacionados con las privatizaciones de empresas rusas en los años noventa del pasado siglo XX. Posteriormente, Kenneth Dart huyó de Rusia tras ser amenazado por la mafia rusa. ¿Cómo es posible que personas y empresas con semejantes antecedentes puedan acceder a inversiones relacionadas con la deuda de un país? En las negociaciones que dieron lugar a la reestructuración de la deuda griega también fue fundamental Baudouin Prot, director general entre 2003 y 2011 de BNP Paribas, el banco más importante de Francia. Prot estaba al frente de las operaciones del banco cuando este accedió a pagar una multa de 8.834 millones de dólares en EE. UU. por falsificación de documentos y transacciones ilegales de dinero. El acuerdo implicaba el reconocimiento de los delitos, según informó la fiscalía del Estado de Nueva York.

        Ante la perspectiva de un “no” rotundo por parte de los griegos en el referéndum celebrado el 5 de julio de 2015, desde el 4 de febrero del mismo año, el Banco Central Europeo presionó al pueblo griego al restringir la liquidez a sus bancos, lo que limitaría enormemente la acción del Gobierno de Alexis Tsipras, primer ministro desde enero de 2015. La medida no debió parecer suficientemente coercitiva a los gobernantes y banqueros de la Unión Europea, de manera que el Banco Central Europeo tomó el 28 de junio la drástica decisión de restringir los préstamos de emergencia (ELA), lo que obligó al Gobierno heleno al cierre de los bancos y de la Bolsa, y a aplicar medidas de controles de capital. Incluso en ese escenario de miedo, el “no” a la propuesta de acuerdo presentado a Grecia por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en el Eurogrupo del 25 de junio de 2015 fue contundente y alcanzó el 61,3% de los votos, otorgando una victoria a Syriza de más de 20 puntos sobre el “sí”. El proyecto de reembolso de bonos griegos en manos del BCE expira en 2037. Tanto el BCE como el resto de acreedores de la deuda griega utilizan de continuo la amenaza de restricción de crédito con el fin de imponer políticas neoliberales que han podido mejorar algún indicador macroeconómico de Grecia, pero no la economía real de los griegos. Tras la capitulación del Gobierno de Syriza, parte de los beneficios económicos fueron restituidos, pero la condición era que fueran destinados a la banca privada.

        Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, opinaba en junio de 2015 sobre la crisis griega: “Prácticamente nada de la enorme cantidad de dinero prestado a Grecia ha ido en realidad allí. Ese dinero ha servido para pagar a los acreedores del sector privado, incluyendo los bancos alemanes y franceses. Grecia ha conseguido una miseria, pero ha pagado un precio muy alto para preservar los sistemas bancarios de estos países. Pero Tsipras quería dar a los griegos la oportunidad de opinar sobre este tema. Esa preocupación por la legitimidad popular es incompatible con la política de la eurozona, que nunca fue un proyecto muy democrático. La mayoría de los gobiernos no buscaron la aprobación de su gente al entregar su soberanía monetaria al BCE. Cuando en Suecia lo hicieron, los suecos dijeron que no. Ellos entendieron que el desempleo aumentaría si la política monetaria del país se establecía en base a un banco central focalizado en la inflación. La economía sufriría, porque el modelo económico que subyace en la zona euro se basa en las relaciones de poder con los trabajadores desfavorecidos. Muchos líderes europeos quieren ver el final del Gobierno izquierdista del primer ministro Alexis Tsipras. Después de todo, es muy incómodo tener en Grecia un Gobierno que se opone tanto a los tipos de políticas que han hecho tanto para aumentar la desigualdad en muchos países avanzados, y que está tan comprometido a frenar el poder desenfrenado de la riqueza. Ellos parecen creer que con el tiempo pueden hacer caer al Gobierno griego por la intimidación en la aceptación de un acuerdo que contravenga su mandato”.

        «La deuda pública de Grecia será casi totalmente socializada», afirmaba Nouriel Roubini, profesor de la Universidad de Nueva York, que en declaraciones al Financial Times sostenía que los acreedores privados habían sido los afortunados en esta turbia historia porque las pérdidas fueron transferidas a los acreedores oficiales desde los bancos privados.

Eduardo Luis Junquera Cubiles.