El Tratado de Maastricht, pues, se establece sobre los criterios impuestos desde Berlín. Uno de los primeros objetivos de Alemania era luchar contra las políticas monetarias- en opinión de los alemanes, demasiado flexibles-de los países del sur, por eso se estableció una política monetaria dirigida por el Banco Central Europeo. Los criterios de entrada en el euro ya aspiraban a imponer en el sur del continente políticas de austeridad, algo inútil si observamos cómo los criterios fueron vulnerados una y otra vez sin que existieran consecuencias para los países-del norte y del sur- que infringían las normas. La pretendida “independencia” del BCE, incluida en sus estatutos, era en realidad una entrega de la política económica a la banca privada: antes de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, los Estados podían financiarse a través de sus bancos centrales. El dinero que estos prestaban al Estado se obtenía a cambio de intereses de entre un 0,5% y un 1,5%. El Tratado de Maastricht entró en vigor el 1 de enero de 1993 y ha sido modificado por los Tratados de Ámsterdam, Niza y Lisboa. Según su artículo 104, que es idéntico al artículo 123 del Tratado de Lisboa, se prohíbe la financiación de las administraciones públicas a través de los bancos centrales de cada país. El diseño de la política económica es responsabilidad del Banco Central Europeo (BCE), mientras que el poder de conceder dinero recae en la banca privada. El artículo 104 del Tratado de Maastricht también prohíbe al BCE prestar dinero a los Estados o comprar su deuda, de modo que cuando un país necesita financiación debe recurrir a la banca privada o emitir deuda pública. Sin embargo, los diferentes países de la zona euro pueden evitar de forma parcial la prohibición solicitando préstamos a la banca pública de sus respectivos países, siempre que esta banca exista en los mismos, aunque a día de hoy ningún país ha hecho efectivo este derecho. Si el BCE hiciera las mismas funciones de los antiguos bancos centrales, el dinero prestado a los Estados se obtendría a intereses muy bajos y no necesitaría de la intermediación de los bancos privados, mientras que los mismos establecen intereses altísimos para la obtención de un crédito. Por poner un ejemplo práctico: la diferencia estimada que supuso para España durante el año 2011 la obtención de crédito a través de la banca privada y no mediante su banco central ascendió a 23.500 millones de euros, una cifra increíble en un único ejercicio. En pocas palabras, si ni el BCE ni los bancos centrales pueden financiar a los Estados en la zona euro, eso significa que la circulación del dinero queda en manos de las élites financieras, todo un golpe a la democracia y al Estado de Derecho. España paga anualmente más de 31.000 millones en intereses de deuda. Imaginemos la diferencia de este dinero-respecto a los distintos intereses impuestos por la banca privada a los Estados en comparación a los que utilizaban los bancos centrales antes del Tratado de Maastricht- invertido en las partidas presupuestarias de las cuales ha sido detraído en los últimos años (Sanidad, Educación, dependencia).

        El Tratado de Maastricht se publicitó como un avance extraordinario para los ciudadanos de la Unión Europea y, efectivamente, lo ha sido en muchos ámbitos, pero el Tratado también incluyó artículos como el citado 104, que son absolutamente nefastos para el funcionamiento de la economía de los Estados miembros. El favoritismo hacia la banca privada no era solo una cuestión perfectamente definida en la letra, sino también en el espíritu, y lo pudimos comprobar con toda crudeza en mitad de la crisis financiera: a comienzos de 2012, el Banco Central Europeo llevó a cabo varias operaciones con el fin de refinanciar a la banca privada europea a través del plan LTRO. Mediante este sistema, los bancos recibieron un billón de euros a devolver en un plazo de tres años a un interés del 1%. Debemos recordar que en esa época el crédito estaba enormemente restringido para las PYMES y para los ciudadanos del sur de Europa. Por si esto fuera poco, el 23 de marzo de 2017, el Banco Central Europeo celebró una subasta de liquidez con el fin de dotar de dinero a las entidades financieras para estimular el crédito. Un total de 474 entidades se acogieron a esta medida y recibieron 233.500 millones a un 0% de interés hasta marzo de 2021. Fue la segunda operación más importante de concesión de liquidez después de la de junio de 2016, cuando el BCE prestó a las entidades bancarias, también al 0%, un total de 399.288 millones de euros en una subasta a la que acudieron 514 bancos, según informes del propio BCE.

        Según datos del Bank for International Settlements (BIS)-la organización internacional que agrupa a los bancos centrales de todo el mundo- de 2010, durante los años inmediatamente anteriores a la crisis financiera, los bancos alemanes prestaron a las entidades bancarias españolas más de 109.000 millones de euros para que las inmobiliarias de nuestro país realizasen inversiones descomunales en la economía especulativa, hecho que terminó generando la burbuja inmobiliaria. Esta forma de proceder produjo enormes beneficios a la banca alemana y a la española. La explosión de la burbuja inmobiliaria tuvo lugar cuando la banca alemana detuvo el flujo de dinero a los bancos y cajas españoles ante el temor de quedarse sin crédito puesto que su exposición a los productos tóxicos de los bancos estadounidenses era enorme. El resto de esta historia es bien conocido: las llamadas medidas de austeridad consistentes en bajar los salarios, disminuir la protección social y recortar la inversión en sanidad, educación y pensiones nos han conducido a mayores tasas de desigualdad y a la creación de enormes bolsas de pobreza en prácticamente todos los países de Europa.

Eduardo Luis Junquera Cubiles