Las cifras de Eurostat relativas al período 2008-2016 indican pérdidas de 213.000 millones de euros para el conjunto de los países de la Unión Europea como resultado del dinero invertido para llevar a cabo los rescates bancarios. Este es uno de los mejores ejemplos de connivencia de los poderes neoliberales y los políticos de la Unión Europea con el fin de proteger los intereses de la banca, aun en detrimento de los intereses de los ciudadanos. Las cuatro empresas auditoras más importantes del mundo, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG y Ernst & Young son las compañías que prestan servicios de auditoría a los bancos que han quebrado. Según fuentes de la Unión Europea, las auditoras son las responsables de aportar una opinión “independiente” y rigurosa a la hora de auditar las finanzas de las empresas. Estos informes son considerados esenciales para los inversores y los accionistas y, por lo tanto, “contribuyen al buen funcionamiento de los mercados al mejorar la integridad y la eficiencia de los balances financieros”. Sin embargo, ninguna de las cuatro grandes auditoras fue capaz de prever el impacto de la crisis en la banca-al menos no lo hicieron público-y ni tan siquiera anticipar la propia crisis. En cualquier caso, informaciones deficientes, sumadas a afirmaciones falsas de las auditoras dieron lugar a que la Unión Europea legislara de forma expresa en el ámbito financiero. Esta forma de proceder no tuvo repercusión para el prestigio de las auditoras, que siguen asesorando a los bancos más grandes de la Unión.

Otro selectísimo grupo de empresas dedicadas a la consultoría financiera son las que diseñan las operaciones de rescate para los bancos de la Unión Europea. Con frecuencia, los planes de rescate son concebidos de manera deficiente, lo cual genera enormes pérdidas para el sector público de cada país y de la Unión en su conjunto. A su vez, un pequeño grupo de estas empresas de consultoría reciben los contratos más importantes para diseñar los paquetes de rescate de los bancos de la Unión que sufren graves problemas económicos. Un ejemplo especialmente destacado es el de la estadounidense Lazard, que también domina el mercado mundial de programas que diseñan y supervisan la privatización de empresas públicas. A menudo, los paquetes están elaborados de forma paupérrima, lo cual se traduce en pérdidas extraordinarias para el erario de cada país. El caso de Bankia es el mejor ejemplo de las malas prácticas bancarias y también de mal asesoramiento: España recibió ayuda económica procedente del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera en 2012. A finales de 2010, se había creado Bankia, que era el resultado de la fusión de 7 cajas de ahorros con graves problemas financieros debido al estallido de la burbuja inmobiliaria. En julio de 2011, Bankia sale a bolsa y los propios trabajadores de las sucursales se encargaron de convencer a los pequeños ahorradores y a pequeños inversores para que compraran acciones diciéndoles que la inversión era segura y rentable. En 2011, Bankia, entonces auditada por Deloitte, declaró haber cerrado el ejercicio con 300 millones de euros de beneficios, pero solo un año después el Gobierno nacionalizó el banco invirtiendo 19.000 millones en su saneamiento. Tras esta decisión, el Banco de España constató gravísimas irregularidades en los informes de Deloitte: el banco no solo no había obtenido las ganancias declaradas por la auditora, sino que sus pérdidas ascendían a más de 4.300 millones de euros, lo cual supuso la ruina para miles de pequeños ahorradores. Con el fin de obtener contratos de asesoría en el futuro, la consultora omitió de forma deliberada una docena de datos que hubieran echado por tierra la supuesta solvencia de la entidad.

Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid desde inicios de 2010 (a finales de ese año la caja cambió de nombre y se convirtió en Bankia) hasta mayo de 2012, había trabajado para Lazard desde finales de 2007 hasta comienzos de 2010. Durante el tiempo que duró su gestión en Bankia, Rato otorgó a Lazard cinco contratos por valor de más de 16 millones de euros, al tiempo que recibía fondos por parte de la consultora de más de 6 millones. Las deficientes informaciones de Deloitte tuvieron un coste para la auditora de 12 millones de euros en concepto de multa por conducta” irregular”. En 2013, Enest&Young sustituyó a Deloitte como auditora de Bankia, pero la consultora continuó recibiendo contratos por parte de la entidad: en 2014, incomprensiblemente, Deloitte prestó nuevos servicios de asesoría a Bankia con el fin de auditar sus fondos de pensiones.

Lo que vale para consultoras y auditoras vale también para las agencias de calificación de riesgos: aunque existen más de 70 agencias de calificación en el mundo, tres empresas neoyorquinas (Standard and Poor`s, Moody`s y Fitch) monopolizan el 90% del mercado mundial, otorgando a empresas y países que lo solicitan una evaluación de sus inversiones que, posteriormente y siempre que este examen sea positivo, los Estados o empresas utilizarán como reclamo y como garantía de solvencia ante posibles inversores. Un estudio realizado por el Banco Central Europeo en 2012 puso de relieve las conexiones entre la gran banca a la hora de proporcionar a las auditoras diferentes mercados una vez obtenida una alta calificación para un producto concreto. El estudio sugería que “existen conflictos de intereses entre los bancos y las agencias de calificación que parecen alterar el proceso de calificación. Las agencias de calificación dan calificaciones sistemáticamente mejores a los bancos que proporcionan a la agencia una gran cantidad de negocio por calificar bonos de titulización de activos”. El estudio fue confeccionado por el español David Marqués Ibáñez, economista del Banco Central Europeo; por Sam Langield, del supervisor financiero británico (FSA) y de la Junta Europea de Riesgos Sistémicos, y por Harald Hau, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad de Ginebra, y contó con la participación de veinte economistas y colaboradores. El informe fue elaborado partiendo de una muestra de 38.753 calificaciones de bancos de Estados Unidos y Europa entre 1990 y 2011 en las que participaron Standard and Poor`s, Moody`s y Fitch. Los autores del estudio declararon que la tendencia a favorecer a los grandes bancos está vinculada a los conflictos de intereses relacionados con el tamaño de las entidades y, aunque en menor medida, con el mayor respaldo por parte de los Estados. Ese sesgo acaba siendo un factor decisivo y tiene un impacto en el abaratamiento de la financiación de unos 40 puntos básicos, algo que termina siendo determinante para las entidades.

El informe analizaba 1.189 emisiones de bonos de titulización de activos con un valor nominal de seis billones de dólares. “Cuanto más utiliza un banco una agencia de calificación concreta para la calificación de sus emisiones de bonos de titulización, mayor es la recompensa de esta agencia al banco en forma de una mejor calificación crediticia. Consideramos que esto representa una clara prueba de que los conflictos de interés en el negocio de la titulización de activos ponen en peligro la calidad de las calificaciones crediticias de los bancos”, termina diciendo el informe. Las conclusiones del estudio son que, “a la luz de las deficiencias en el proceso de calificación actual, deben fomentarse fuentes alternativas de información de calificación crediticia” con el fin de “reducir el poder y la exorbitante influencia de las agencias de calificación en el sistema actual”. Debemos recordar que, como ocurrió en el caso de las grandes auditoras, ninguna de las grandes firmas de calificación anticipó la crisis financiera. Al contrario, a comienzos de 2011, una comisión del Congreso de Estados Unidos concluyó que las agencias de calificación eran culpables de la crisis financiera 2007-2008 y señaló a Moody`s como ejemplo de malas prácticas: “Concluimos que los fallos de las agencias de calificación crediticia fueron engranajes esenciales en la maquinaria de la destrucción financiera. Las tres agencias fueron herramientas clave para el caos financiero. Los valores relacionados con hipotecas en el corazón de la crisis no se habrían comercializado y vendido sin su sello de aprobación. Los inversores confiaron en ellas, a menudo ciegamente. (…) Esta crisis no habría podido ocurrir sin las agencias. Sus calificaciones ayudaron al mercado a dispararse y sus rebajas de 2007 y 2008 causaron estragos”, dice el informe de la comisión. La declaración en el Congreso estadounidense del principal accionista de Moody`s, Warren Buffet, estaba cargada de la prepotencia de quien sabe que actúa en la más absoluta impunidad y que, además, está protegido por la ley. El informe destacó que entre 2000 y 2007 Moody’s consideró de máxima solvencia (triple A) 45.000 valores relacionados con hipotecas. La comisión comprobó los modelos de cálculo desfasados, las brutales presiones de los bancos y cómo la prioridad por ganar cuota de mercado se anteponía a la calidad de las calificaciones otorgadas por las agencias. La comisión llamó la atención sobre la actuación de Moody`s que “no se aseguró de la calidad de decenas de miles de calificaciones». Cuando Buffet fue preguntado acerca de los controles internos de Moody`s, respondió que desconocía por completo cómo se gestionaba la agencia: “No tenía ni idea, no he estado nunca en Moody’s, no sé ni dónde están”. Buffet también declaró que invirtió en la compañía “Porque el negocio de las agencias de calificación era un duopolio natural, lo que le daba un increíble poder sobre los precios”.

La comisión del Congreso estadounidense destacó que un informe enviado a McDaniel-uno de los directivos de Moody`s que declararon ante el Congreso-subrayaba que para las agencias la propia calidad de las calificaciones era lo menos importante porque una calificación auténtica y veraz penalizaba el negocio de las agencias. A finales de los años noventa, los analistas de Moody`s necesitaban hasta dos meses para examinar cada producto financiero, mientras que en los primeros años de la década de 2000 pasaron a otorgar 30 calificaciones de triple A cada día. En 2005, la agencia concedió calificaciones de triple A de forma desmesurada: el 83% de los títulos hipotecarios así calificados ese año fueron devaluados. Este comportamiento deshonesto e ineficaz no solo no tuvo castigo, sino que varios directivos de Moody`s se subieron el sueldo casi un 70% al año durante la crisis.

Eduardo Luis Junquera Cubiles.