El desastre del rescate bancario:
España es el país europeo que más dinero ha perdido en el rescate bancario en comparación al resto de economías del continente. La cifra asciende a 60.613 millones no recuperables, lo que supone el 80% del dinero invertido, un total de 76.410 millones de euros. La principal razón es que el dinero suministrado a la banca llegó demasiado tarde-2012, en comparación a los años 2008 ó 2009 en los que otros países otorgaron ayuda a sus sistemas financieros-, que los bancos o cajas que recibieron el rescate estaban en estado de ruina, sin proyectos solventes debido a su escaso crédito y que el carácter jurídico de las cajas de ahorro fue un impedimento para su saneamiento. El dinero perdido por España asciende al 4,3% de nuestro PIB frente al 1,3% de Alemania, el 0,2% de Italia, o el 0,6% de Reino Unido. Todo ello pese a las reiteradas afirmaciones del Gobierno de que esto nunca ocurriría y de que el rescate no nos costaría ni un euro a los ciudadanos. Los bancos estadounidenses fueron multados por el Gobierno federal con 150.000 millones de dólares por malas prácticas, mientras que los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores hablan de 45 millones de euros en multas por el mismo motivo a las entidades de nuestro país, una cifra absolutamente ridícula que no constituye una forma de disuasión para prevenir posibles malas prácticas en el futuro. Por cierto, que de los 635.000 millones de dólares inyectados por el Tesoro de EE. UU. a sus bancos, estos devolvieron el dinero con intereses, hasta el punto de que el Gobierno de Estados Unidos no sólo ha recuperado todo el dinero invertido, sino que ha ganado 88.500 millones de dólares. Las cifras hablan por sí solas: la cantidad de 60.613 millones de euros perdidos en el rescate bancario español equivale a 55 años de complemento salarial del pacto entre el PP y Ciudadanos; a 10 años de la renta mínima propuesta por el PSOE; o a 9 años del presupuesto anual en sanidad de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno del Partido Popular ha manejado dinero público con absoluta irresponsabilidad y nos oculta que el rescate financiero podía haber sido menos costoso para el ciudadano. Del mismo modo, la banca y la sociedad en su conjunto, con una mejor inversión y con más transparencia, hubieran salido beneficiadas después de una crisis de estas proporciones. Un ejemplo de que las cosas pueden hacerse mejor es Holanda y su banco ING, junto a ABN Amro, la joya de la corona para los holandeses. Al inicio de la crisis, Holanda se vio obligada a inyectar 10.000 millones de euros en ING, un banco enormemente expuesto al mercado hipotecario de Estados Unidos. Los directivos de ING decidieron entonces tomar un nuevo rumbo: el banco disminuyó de tamaño y centró sus operaciones en el mercado europeo. ING abandonó sus inversiones en banca financiera y de inversión para focalizarse en operaciones de banca tradicional, convirtiéndose en un banco más seguro y con más recursos que le permiten hacer frente a cualquier contingencia. Para llegar a esta situación, la entidad holandesa vendió múltiples negocios en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña y también se deshizo de sus aseguradoras en Argentina y Corea del Sur. Estas operaciones significaron unos ingresos para el banco de más de 40.000 millones, lo que demuestra que la eficacia y la sostenibilidad son criterios más importantes en el negocio bancario que el tamaño, que además puede ser un factor de riesgo para la economía de todo un país: el primer listado de los llamados “bancos sistémicos” se elaboró en 2011 en el seno del Consejo de Estabilidad Financiera y en él figuraban las entidades que por su tamaño y en caso de tener problemas de solvencia podían hacer quebrar la economía de todo un país y extender los problemas al resto del mundo. Continuando con el caso de ING, la entidad holandesa fue capaz de devolver al Estado holandés más dinero del que fue necesario para rescatar al banco. A diferencia del caso español, ING pactó con el Estado una devolución de dinero con intereses al 12,5%. A este dinero hubo que sumar 1.400 millones de euros procedentes de la venta del negocio de ING en Estados Unidos. Como consecuencia de la nueva gestión, ING se ha convertido en uno de los bancos más eficientes, solventes y mejor gestionados del mundo.
Según datos de Eurostat, España también tiene el dudoso honor de ser el país de la Unión Europea que mayor coste ha debido de asumir sobre el déficit público a causa de las ayudas a la banca. En el período 2008-2016, el coste tuvo un impacto de 48.000 millones en el déficit. Sólo en el ejercicio de 2012, el año en que se aprobó el rescate a la banca, que debió ser asumido por el Estado como gasto propio, las ayudas al sector bancario ascendieron a 38.300 millones de euros, lo que supone un 40% más que el total de ayudas que recibieron los bancos griegos. No hablamos solamente de mala gestión, sino también de falta de transparencia: cada año se destinan ayudas a los bancos de las que no se informa de forma detallada. En 2016, el Estado inyectó 2.370 millones de euros que se utilizaron en la recapitalización del FROB y en la devolución a los minoristas de parte del dinero que habían perdido por el fraude de la salida a bolsa de Bankia. Es muy difícil obtener ciertos datos porque no todas las ayudas figuran en el déficit público ni tampoco está reflejado el dinero que fue recuperado por la amortización de los activos nacionalizados. Estas anomalías en la contabilidad llevaron a Eurostat a elaborar nuevos indicadores para calcular las ayudas al sector bancario y su impacto real en el déficit público. De esta manera, se usa la resta de los pasivos asumidos por cada país para pagar los rescates, a la que hay que restar los activos nacionalizados para reducir deuda. Con este nuevo parámetro, España sería el tercer país de la Unión Europea cuya deuda habría aumentado más a causa del rescate a la banca con 43.000 millones de euros a finales de 2016, únicamente superado por Alemania e Irlanda.
El sistema es especialista en distorsionar u ocultar datos con el fin de presentar la realidad de una forma más amable. Así, en el “Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios de 2009 a 2015”, el Tribunal de Cuentas estima que los recursos comprometidos en la reestructuración bancaria en nuestro país entre 2009 y 2015 ascienden a 122.122 millones de euros, aunque el órgano puntualiza diciendo que “no todos los componentes de este conjunto de recursos comprometidos representa, en términos económicos, un coste”. La valoración final del coste total del proceso de reestructuración bancaria no puede cerrarse mientras no finalicen todos los procesos de reestructuración. La cifra de 122.122 millones de dinero público involucrados de una u otra forma en el rescate bancario no incluye los avales entregados por el Estado a los bancos y cajas por valor de 85.965 millones de euros ni la deuda del banco “malo”, Sareb, completamente avalada por el Estado, cuyo importe asciende a 43.476 millones de euros. Si sumamos el total de cantidades, el dinero público comprometido llega a los 251.563 millones de euros, el 20% del PIB de nuestro país. Las sociedades examinadas en el informe del Tribunal de Cuentas son el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), los tres Fondos de Garantía de Depósitos que aún existían hasta octubre de 2011, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Banco de España. Con semejantes cantidades encima de la mesa dedicadas a proteger el negocio bancario, no es extraño que se vean comprometidas las partidas presupuestarias destinadas a educación, sanidad, dependencia o pensiones ni que toda la política económica se vea enormemente condicionada.
El Gobierno dijo una y otra vez que el rescate se hacía para salvar a los ahorradores, pero para eso ya está el Fondo de Garantía de Depósitos, que protege los ahorros depositados en imposiciones a plazo fijo en entidades bancarias de nuestro país hasta un máximo de 100.000 euros por persona física o jurídica. El rescate bancario fue, en realidad, un rescate a la banca alemana y francesa. El dinero fue otorgado a España a través del FROB, que lo inyectó en los bancos españoles que, una vez recuperada su solvencia, pudieron seguir devolviendo sus préstamos, principalmente a los bancos de Alemania y Francia y, en menor medida a los de Reino Unido y Holanda. No es extraño que, tras el anuncio del rescate a la banca española, las bolsas de Alemania y Francia subieran un 4%.
En realidad, la reestructuración bancaria en España incluía la conversión de las cajas de ahorros en bancos-medida que ya había sido recomendada por el FMI en mayo de 2010-, algo que constituía una operación prioritaria para el Gobierno del PSOE y para la banca privada desde el inicio de la crisis: el negocio de estas entidades era una tentación enorme para los bancos españoles, puesto que las cajas llegaron a tener en depósitos la mitad del ahorro total del país y controlaban el 65% de las operaciones del sector. Las cajas estaban presentes en todos los rincones de España y fueron el motor económico durante los 50 años anteriores a la crisis. La cuantía de la obra social en 2009 llegó a ser de 1.776 millones de euros anuales. La crisis fue la excusa perfecta para acometer este negocio. Con el argumento de que fueran más competitivas, se decidió que las cajas fueran privadas y que tuvieran accionistas. La propaganda y los eufemismos utilizados son esenciales para solapar la verdad ante la opinión pública, de manera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Banco de España decidieron obligar a las cajas a convertirse en bancos, pero no por la vía legal, sino aumentando de tal forma los estándares de solvencia de estas entidades que la única solución para sus gestores fue la conversión en bancos. La ratio de solvencia pasó, en un primer momento, de un 4% a un 8% para, posteriormente, situarse en un 10% inalcanzable para la mayoría de ellas. Este nivel de solvencia no fue recomendado por el Parlamento español ni por ningún otro ente democrático, sino que fue sugerido por el Acuerdo Internacional Basilea III, un pacto al que llegaron los miembros del Consejo de Estabilidad Financiera, un organismo no democrático en el cual participan los países económicamente más importantes del mundo, entre los cuales está España, a los que hay que sumar dictaduras como China o Arabia Saudí y naciones con un claro déficit democrático como Brasil, Rusia y Turquía.
Las cajas eran fundaciones sin ánimo de lucro que se regían por la ley de sociedades limitadas. Sus consejos de administración estaban formados por representantes de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos en diferentes proporciones que eran fijadas por cada comunidad. Como no tenían accionistas, tampoco podían cotizar en bolsa, lo que planteaba nuevos problemas legales. Con el fin de sortear esta cuestión, a las cajas se les dio la posibilidad de convertirse en bancos o bien de depositar todo su dinero en bancos creados por ellas. Así, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podría entrar en su accionariado e inundar a la nueva entidad de dinero público. La medida garantizó que ninguna caja desapareciese porque aquellas que no lograsen aumentar su solvencia serían intervenidas por el Estado. El marco jurídico que facilitó estas operaciones fue aprobado por el Gobierno del PSOE en julio de 2010. Según la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), los 1.776 millones de euros invertidos en obra social en 2009 generaron 1.425 millones de euros de beneficios y 33.600 empleos directos o indirectos. Aún es pronto para evaluar el impacto de la entrada de inversores privados en las cajas, pero, con los criterios de rentabilidad que la banca tradicional aplica, lo más normal es que la obra social disminuya hasta hacerse casi insignificante, aunque lo poco que en este sentido se lleve a cabo será muy publicitado por los bancos. En cualquier caso, por generosos que sean los nuevos gestores, en ningún caso se alcanzarán los niveles de inversión en obra social que realizaban las cajas porque la ley decía que debían destinar, al menos, el 50% de los beneficios a Reservas Obligatorias para garantizar su solvencia, y el resto a obra social. De resultas de la interpretación de la ley, las cajas destinaban entre un 60% y un 70% a sus reservas y entre un 30% y un 40% a la obra social.
En el momento en que estalló la crisis financiera, la situación de algunas cajas en España era desastrosa a causa de la mala gestión y de la corrupción. El mejor ejemplo de ello es Bankia. Por dar tan solo unos datos: en 2008, los gestores de la entidad, capitaneados por Miguel Blesa, dieron luz verde a la compra del City National Bank, con sede en Miami, por 628 millones de euros. A la vez, en un inadmisible gesto de despilfarro se adquirió una mansión para las posibles visitas de directivos de la caja a la ciudad por valor de 10,5 millones de euros. La mansión había sido comprada cinco años antes por 2,5 millones de euros. En 2010 sonaron las primeras alarmas sobre el estado real del banco de Miami, al que hubo que inyectar 233 millones de euros, en 2011 la entidad necesitó más capital y recibió 242 millones adicionales. También fue polémica la concesión de un crédito de ¡1.000 millones de euros! a Martinsa-Fadesa, la única entidad inmobiliaria española de gran tamaño que quebró durante la crisis financiera de 2007-2008. El dinero fue concedido en 2006 por Carlos Vela, responsable de créditos de Bankia, que apenas un año después fue contratado por la inmobiliaria. En 2008, Martinsa-Fadesa solicitaba el concurso de acreedores. Durante aquellos años, Bankia aumentó artificialmente su balance con activos tóxicos procedentes de la burbuja inmobiliaria y sus consejeros disfrutaron de sueldos millonarios (un número de 17 directivos cobraron 71 millones de euros en cuatro años). Otro ejemplo nefasto de la gestión de la caja fue la oferta de participaciones preferentes, cuya emisión resultó ser una estafa que continúa en manos de la Justicia. La Audiencia Nacional ha apreciado “indicios de criminalidad” en Miguel Blesa por crear este producto. Hoy sabemos que, desde Caja Madrid, de cara a su fusión con Bancaja, se mintió respecto al verdadero número de activos tóxicos que estaban en su poder; ambas entidades declararon tener en conjunto 11.000 millones de euros en activos inmobiliarios irrecuperables, mientras que la cifra real ascendía a más de 30.000 millones.
Pese al desastre general de las cajas, había varias cuyos parámetros eran envidiables como Unicaja, Kutxa, BBK o Caja Duero. El resultado final del despropósito bancario fue que el Estado aprovechó la crisis para inyectar dinero a los bancos y también a las cajas para luego entregar estas últimas a los primeros a un precio menor. En España, como en Europa, se juega con dinero público (nuestro dinero) con el escudo de las leyes, que favorecen siempre a la banca o con mecanismos legales creados a medida de los poderosos en la más absoluta opacidad para burlar la ética más elemental.
Con la venta de las cajas al sector bancario también se perdió algo estratégico para todo Estado de Bienestar: la oportunidad de crear una banca pública con un parque de vivienda protegida asequible para la población con menos recursos. En lugar de ello, gran parte de las viviendas públicas fueron entregadas a fondos privados extranjeros a un precio irrisorio. Uno de los ejemplo más sangrantes es el del Ayuntamiento de Madrid: según el informe provisional de la Cámara de Cuentas de Madrid, un órgano de control al que corresponde el examen económico presupuestario de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid gobernado por Ana Botella (PP) “vulneró las más elementales reglas de buena gestión” en 2013 al vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades pertenecientes al fondo buitre Blackstone (el mayor propietario inmobiliario del mundo) por valor de 128,5 millones de euros. El dictamen de este órgano describía con detalle multitud de irregularidades en la venta por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid de parte de su cartera de viviendas en régimen de alquiler y con opción a compra.
La Cámara de Cuentas desveló que el Ayuntamiento de Madrid entregó información privilegiada a cuatro empresas acerca de las condiciones de venta. También se supo que las empresas presentaron ofertas antes de que el concurso fuese público. Las conclusiones del informe son rotundas: en la venta al fondo Blackstone se ignoraron los procedimientos legales de contratación, pero también los más elementales criterios de eficacia en el manejo del dinero público, que deben ser, junto a la ética, las normas principales en la gestión de las administraciones. Entre los reproches dirigidos por la Cámara de Cuentas al Ayuntamiento de Madrid estaba el cuestionamiento de la gestión de la unión de empresas formada por la empresa Itaca Desarrollos Urbanos y Promociones y por Desarrollos Creaziona, grupo que recibió casi 2,4 milones de euros del Ayuntamiento de la capital a cambio de interceder en la operación entre el consistorio y los llamados fondos buitre. El órgano fiscalizador afirma que las únicas pruebas de la existencia de esos trabajos fueron las facturas de cobro. “No queda otra constancia de la intermediación realizada, que las facturas por dichas intervenciones, que en el caso de las 18 promociones asciende a 2.397.775 euros”. La Cámara de Cuentas también sostiene que el Ayuntamiento pagó una comisión por la venta de viviendas a Fidere (un fondo buitre propiedad de Blackstone), tomando como referencia que el consistorio había contratado a esta empresa en 2012 para vender unos solares. El ingreso máximo que como comisionista podía recibir Fidere ascendía a 2,26 millones de euros. Según la Cámara de Cuentas, ese contrato “parecía no tener relación” con las viviendas puesto que no se trataba de los inmuebles listados, en cualquier caso, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid utilizó ese contrato para pagar a Itaca por su labor de mediación con Fidere en la compra de las 18 promociones de vivienda protegida.
En su informe acerca de esta operación, la Cámara de cuentas concluye que, al inicio del proceso de venta, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo desconocía el valor objetivo del mercado de los bienes a vender, que renunció a un informe técnico realizado por personal especializado en calcular ese tipo de bienes, así como por empresas de tasación homologadas, y lamenta que las viviendas fueran vendidas por 30,5 millones menos del valor establecido por la propia empresa municipal. El informe también condena que el Ayuntamiento mostrase una valoración de la empresa Price Waterhouse Coopers, una de las cuatro auditoras más importantes del mundo, que había asesorado a la propia Fidere, la empresa adjudicataria. Según el informe de la Cámara de Cuentas, “carece de la condición de informe técnico la valoración hecha por Price Waterhouse Coopers, que no sólo carece de validez como tasación de la cartera inmobiliaria a enajenar según sus propias manifestaciones, sino que además se revelará en la fase de negociación posterior con la que resultaría adjudicataria, como asesora de esta última”. La Cámara de Cuentas recalcó que la venta de 18 promociones de vivienda pública a Fidere y a las dos sociedades del fondo buitre Blackstone “contraviene el reglamento de Adjudicación de Viviendas de Protección Pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2008 y modificado en 2012, que impide la venta de viviendas de protección pública a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento”. El informe de la Cámara de Cuentas finaliza diciendo que la EMVS vendió 1860 pisos “sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta” y “aplicando exclusivamente las reglas de mercado” al fondo de inversión.
La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, afirmó siempre que los titulares de las viviendas públicas no verían cambios sustanciales en las condiciones de alquiler tras la venta al fondo buitre Fidere, pero en varios casos el fondo aumentó el precio anual del alquiler, que pasó de 4.388 euros a 6.183 euros anuales, lo que suponía una subida del 40%. A los inquilinos se les concedió un plazo de dos años para adaptarse a las nuevas condiciones. También hubo cambios en los nuevos contratos concedidos, que se firmaban por un tiempo de un año, mientras que antes la validez era de dos. La Cámara de Cuentas llamó la atención sobre el hecho de que, una vez traspasada la titularidad de las 18 promociones de vivienda a Fidere, el Ayuntamiento no hiciese un seguimiento para garantizar que las viviendas continuaran teniendo un carácter social, y censura “que no se estableciera una comisión o instrumento adecuado y control para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones que esta se ha subrogado”. En definitiva, la Cámara de Cuentas considera que el Ayuntamiento de Madrid se desligó de sus obligaciones de proteger las condiciones sociales de la vivienda pública aun cuando estas habían sido vendidas a un fondo buitre. Pero la actuación de Fidere va mucho más allá de la anulación del carácter social de las antiguas viviendas de protección porque este fondo llegó incluso a usar las promociones como aval con el cual solicitar préstamos a bancos.
Tras la adquisición de las 18 promociones de viviendas públicas pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid, el fondo buitre Fidere se dedicó a llevar a cabo diversas prácticas de extorsión hacia los inquilinos. Los afectados explican que Fidere, de forma unilateral, rescindía el contrato de alquiler a los vecinos de un inmueble determinado, posteriormente, el fondo no aceptaba los recibos de pago de los inquilinos, a los que denunciaba por impago. Otra de las prácticas mafiosas llevadas a cabo por el fondo consistía en el envío de burofax para avisar a las familias de que debían abandonar el inmueble con motivo de obras a realizar en el mismo. Siete familias del edificio situado en el número 10 de la calle Lope de Vega de Madrid fueron avisadas mediante este procedimiento de que debían dejar sus casas por unas supuestas obras en el bloque, aunque los trabajos nunca se iniciaron. En mayo de 2017, se produjo la primera sentencia judicial contra Fidere cuando el juzgado número 43 de Primera Instancia de Madrid evitó un desahucio de una familia con un menor de dos años a la cual Fidere no renovó el contrato de alquiler pese a que estaban al corriente de todos los pagos y que residían desde hacía diez años en la vivienda. La sentencia está todavía sujeta a una posible apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. La juez entendió que Fidere estaba en la obligación de garantizar las condiciones del contrato firmado por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo con los inquilinos antes de la venta al fondo buitre. Otra de las quejas de los vecinos hace referencia a la falta de mantenimiento en los edificios, tarea que corresponde al fondo comprador. El Ayuntamiento de Ana Botella facilitó a Fidere hacer una inversión mínima con la cual garantizarse un reembolso mayor sin responder a obligación legal alguna para con los inquilinos de los inmuebles. En octubre de 2017, la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid reabrió por la vía penal la causa de la venta de 1860 viviendas públicas a Fidere.
La compra de las 18 promociones de la EMVS tuvo un coste de 128,5 millones de euros para Fidere en 2013, un precio a todas luces irrisorio. Fidere mantiene las denuncias por desahucio pese a las varias sentencias que se han producido para evitar la expulsión de los vecinos de sus casas. Con frecuencia, la ley se convierte en el parapeto tras el cual proteger de forma legal una injusticia, así, el precio de cada vivienda adquirida por Fidere ascendió a 68.000 euros, mientras que el precio actual de venta de las mismas es exactamente el doble. La explicación es que al valor de 68.000 euros se le debe aplicar un coeficiente de actualidad que corresponde al plan de la Comunidad de Madrid de 2005, fecha de construcción de la mayoría de las viviendas vendidas a Fidere. Lo llamativo es que, en 2013, cuando el fondo adquirió los pisos al Ayuntamiento de Madrid, el dinero solicitado por el consistorio no incluía el citado coeficiente. Hoy, en 2018, el fondo buitre Fidere vende y alquila parte de las 1.860 viviendas compradas al Ayuntamiento al doble del precio pagado al consistorio, y puede hacerlo legalmente porque, aunque las condiciones de venta del Ayuntamiento obligaban al fondo buitre a mantener las mismas condiciones a las familias con contrato vigente con la EMVS, a partir de la siguiente renovación los requisitos legales podrían cambiar. A partir de entonces, el fondo tuvo potestad legal para aumentar los alquileres en porcentajes superiores al 14% anual. No es necesario decir que las personas que acceden a este tipo de viviendas son ciudadanos que por sus condiciones económicas no pueden comprar una casa en el mercado libre.
En definitiva, tanto la reestructuración bancaria como la construcción de viviendas protegidas que posteriormente fueron vendidas a fondos buitre a precios menores son operaciones acometidas por nuestros gobernantes con dinero público. En ambos casos se habla de cantidades extraordinarias que no se escatiman a la hora de rescatar a la banca privada, sin embargo, cuando se habla de la viabilidad de las pensiones todo son inconvenientes para su mantenimiento.
Eduardo Luis Junquera Cubiles.
