Cualquier situación de angustia o zozobra se ve aliviada si el sujeto afligido percibe a su alrededor solidaridad y apoyo. Desde luego, ese no fue el caso de Grecia tras su quiebra a raíz de la crisis financiera de 2008. Al contrario, la crisis del país heleno fue aprovechada por sus socios europeos para adquirir a precio de saldo muchas de las empresas públicas griegas. Fue entonces cuando la pretendida fraternidad entre los pueblos de Europa saltó por los aires. Cuando el neoliberalismo esta al acecho, la primera víctima es la solidaridad. Por supuesto, este plan de privatizaciones y adquisiciones ha estado apoyado siempre por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, y son obligaciones del Gobierno griego en el marco del llamado tercer memorándum de Grecia con sus acreedores (el primer memorándum fue firmado en 2010), acordado tras el tercer programa de rescate. Después del mismo, el 13 de julio de 2015, el país se comprometió a traspasar activos estatales al fondo de privatización HRADF (Hellenic Republic Asset Development Fund), fundado en 2011, por valor de 50.000 millones de euros para pagar deudas, recapitalizar la banca y realizar inversiones. Esta cifra es, a todas luces, imposible de recaudar por parte de Grecia por las condiciones de venta-a precio de saldo-de la mayoría de las empresas que salen a subasta. El 14 de agosto de 2015 el FMI hizo una declaración sorprendente e inquietante al considerar la deuda de Grecia “insostenible” y se negó a participar en el nuevo programa de rescate al menos hasta otoño “una vez se hayan especificado plenamente las reformas fiscales, estructurales y del sector financiero y se haya evaluado la necesidad de medidas adicionales y acordado un posible alivio de la deuda”. Inexplicablemente, a los gestores del fondo HRADF les fue concedida inmunidad frente a cualquier acción penal. Por si todo esto no fuera suficiente, el fondo tenía desde su creación un régimen especial de derecho privado, lo que hacía que quedase al margen del control del Parlamento griego. Otra de las aberrantes particularidades de este ente era que, una vez le fueran transferidos los activos públicos, estos deberían ser vendidos, siendo imposible su devolución al Estado griego.

En julio de 2016 se constituye el fondo HCAP (Hellenic Corporations of Assets and Participations, S.A.), bajo control directo del BCE y de la Comisión Europea. Esta entidad fue creada para privatizar empresas del sector público heleno. El Estado griego transfirió al nuevo fondo todos sus activos en forma de patrimonio, propiedades y acciones sin recibir dinero a cambio. El tercer memorándum preveía que el 50% de los 50.000 millones de los beneficios obtenidos sería destinado a recapitalizar los bancos de Grecia, un 25% a pagar la deuda del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) y el 25% restante se destinaría a inversiones gestionadas por el propio fondo. El HCAP está dirigido por un consejo en el que figuran cinco miembros: tres son nombrados por Grecia; y dos, entre ellos el presidente, por la Comisión Europea y el MEDE, con el acuerdo del ministro de Finanzas de Grecia. Estos últimos poseen derecho de veto. En octubre de 2016, el consejo fue nombrado. Los dos representantes elegidos por los acreedores fueron el francés Jacques Le Pape para la dirección del fondo y el español David Vergara. El primero es un alto funcionario francés, procedente de Air France y del gabinete de Christine Lagarde, hoy presidenta del Banco Central Europeo y antes directora del FMI. El segundo es un antiguo miembro del MEDE y del FMI, con conexiones con la banca privada: en la actualidad es consejero del Banco Sabadell. El HCAP está formado por cuatro filiales directas: HRADF (el fondo ya existente), EDIS (la Sociedad de Participaciones Públicas), el Fondo de Estabilidad Financiera y ETAD (la Sociedad de Inmuebles de la Administración). Todo este entramado legal, supongo, por la vergüenza que supone para cualquier dirigente político salir a escena a explicar lo que todos sabemos: que la banca tiene prevalencia sobre la gente y que les parece demasiado descarado otorgar más ayudas de forma directa por la oposición que encontrarían en la opinión pública.

En contra de lo que dice la propaganda oficial, Grecia no está vendiendo empresas insostenibles, sino grupos públicos rentables que además poseen un carácter estratégico. En muchos casos, algunos de los países de los que proceden las empresas compradoras-Francia y Alemania, principalmente-se niegan a que algunas de sus empresas públicas sean participadas por capital de empresas privadas que no sean nacionales, y aún más: mantienen en varias empresas públicas la llamada acción de oro, un instrumento que permite el veto sobre decisiones que afectan a una determinada empresa que fue estatal y que ahora está parcial o totalmente privatizada porque la consideran de valor estratégico para el Estado.

 

Algunos casos de privatizaciones del sector público griego:

 

En 2013, Grecia se desprendió de la OPAP (Organización Griega de Apuestas Deportivas S.A.), que entonces era una empresa rentable. En el momento de la venta, el Estado mantenía una participación del 33%. Durante el ejercicio 2012, la empresa obtuvo beneficios por valor de más de 500 millones de euros. La venta estuvo rodeada de toda clase de irregularidades. En primer lugar, el mismo día que el grupo greco-checo Emma Delta se hizo con el control de OPAP, el valor en bolsa de las acciones de la organización de apuestas era de 9,13 euros. El Gobierno, asesorado en esta operación por el Deutsche Bank, el Banco Nacional de Grecia y el también griego NBG Securities fijó la venta en 6,13 euros por acción, restando de forma inexplicable un 33% del valor en el caso de una empresa muy lucrativa. La operación, desde el punto de vista de la pérdida de ingresos anuales para el Estado griego, así como de la venta por un precio menor de una empresa pública resultó ser un negocio ruinoso para el ciudadano griego. Stelios Stavridis, en aquel entonces director del HRADF, el fondo creado para privatizar el sector público griego dimitió tras conocerse que al día siguiente del cierre de la operación de venta se trasladó a la isla griega de Kefalonia en el avión particular de Dimitris Melissanidis, el propietario de Emma Delta, el grupo que había adquirido la OPAP. La dimisión de Stavridis fue la segunda que se producía en la dirección del HRADF, puesto que Takis Athanasópulos, primer director del fondo también tuvo que dimitir después de ser encausado por la Fiscalía griega a causa de su actuación negligente en su gestión como director de la Empresa Pública de Electricidad.

En 2014, el Estado griego vendió algunas de las más importantes propiedades inmobiliarias del país. Se trataba de 14 inmuebles adquiridos por el promotor inmobiliario Eurobank Property Services. El precio de compra se fijó en 145,81 millones de euros, pero la adquisición contaba con una serie de particularidades jurídicas: se acordó que el Estado griego alquilase de nuevo estas propiedades por un tiempo de 20 años por valor anual de 14,05 millones de euros; de resultas de estas operaciones, la pérdida final para el ciudadano griego será de 135 millones de euros; se da la circunstancia de que el comprador, Eurobank Property Services es propiedad de la matriz, Eurobank Ergasias, que a su vez es el banco propietario de una de las empresas asesoras del fondo para la privatización de empresas públicas griegas (HRADF), el Eurobank Equities Firm, que verá duplicada su inversión inicial en un plazo de 20 años. Pese a todo, la dirección del HRADF valoró la venta a Eurobank Property Services de forma positiva. A día de hoy, continúa abierta una investigación contra el Consejo de Expertos de HRADF por daños potenciales para el Estado griego por un valor superior a los 580 millones de euros. El juez anticorrupción, Constantinos Sargiotis, acusó a tres miembros de la junta del HRADF por corrupción y por retención de dividendos estatales por valor de casi 500.000 euros.

También en 2014, se vendió el terreno del antiguo aeropuerto de Atenas, el Hellinikon. Este inmenso solar ocupa una superficie de más de 6,2 millones de metros cuadrados en una de las áreas más caras de la capital griega. Desde el cierre del aeropuerto, en 2001, el Gobierno proyectó en los terrenos la construcción del que sería uno de los mayores parques de Europa. La primera valoración del solar, realizada por el fondo para la privatización de los activos públicos griegos, el HRADF, fue de 700 millones de euros, cantidad que contrastaba poderosamente con los 3.000 millones de euros reflejados en un informe realizado por la Cámara Técnica de Grecia. Finalmente, una empresa liderada por Lamda Development, propiedad de Spiros Latsis, un magnate griego, y Fosun, uno de los fondos chinos de inversión, resultó adjudicataria del contrato de alquiler por 99 años, y adquirió el 30% de la superficie. La operación se cerró por un importe de 915 millones de euros. De nuevo, como en los casos anteriores, existieron sombras en este negocio: según el HRADF, Lamda Development fue la única empresa que optaba a esta concesión, pero el HRADF está otra vez en el punto de mira y sobre el organismo se ha abierto una investigación por haber establecido criterios extremadamente rígidos para los potenciales compradores, que habrían dejado a Lamda como único aspirante. Como antes comentábamos, las condiciones de venta de los terrenos del Hellinikon han supuesto una pérdida para el Estado griego de más de 2.000 millones de euros.

 

A principios de abril de 2016, la compañía china, Cosco (China Ocean Shipping Company), se hizo con el control del Puerto del Pireo. El gigante chino pasó a controlar el 67% del puerto a cambio de 368,5 millones de euros. El Parlamento griego, en este caso, sí dio el visto bueno a la operación, que se realizó en mitad de grandes protestas sindicales a causa de los bajos salarios y las insalubres condiciones de trabajo en el puerto. Las condiciones de la venta obligaban a que 7 de los 11 miembros del consejo de dirección del puerto fueran chinos, incluido el presidente y el director general. La empresa china está obligada a realizar una inversión de 500 millones de euros, así como a pagar una cantidad anual al Estado griego por la concesión hasta 2052.

En septiembre de 2017, la compañía pública de ferrocarriles italianos, Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A, adquirió el 100 % de la griega Trainose por 45 millones de euros, según anunció el fondo griego de privatizaciones, HRADF. La compra de la entidad fue duramente criticada por la prensa griega por su bajísimo coste. En 2013, el Gobierno conservador de Andonis Samarás había tasado la compañía ferroviaria en 300 millones de euros.

En abril de 2017, un consorcio compuesto por la empresa alemana Fraport (propiedad del estado de Hesse en un 31,49% y por la ciudad de Frankfurt en un 20,11%, y participada, además, por sus propios empleados, por Lufthansa y por otros pequeños accionistas) y la griega Kopeluzos se hizo con el control de 14 aeropuertos regionales por un tiempo de 40 años. El grupo pagó 1.234 millones de euros por esta adquisición, mientras que el alquiler que abonará al Estado griego asciende a la irrisoria cifra de 22,9 millones de euros anuales. La mayor parte de los aeropuertos adquiridos se hallan en lugares con un fortísimo auge del sector turístico, causado por la inestabilidad en el Magreb y en Oriente Próximo. El consorcio deberá pagar al Estado griego un 25% del beneficio bruto, intereses, ingresos por amortización y las tasas correspondientes a la Autoridad de Aviación Civil del país. Fraport y Kopeluzos también se han comprometido a invertir 330 millones con el fin de mejorar los aeropuertos durante los primeros cinco años de gestión, lo que supone una exigua inversión de 5 millones por terminal, así como 1.400 millones de euros en cuarenta años. Para explicar la letra pequeña de la concesión a Fraport y Kopeluzos, debemos decir que el grupo realizará un único pago al Estado griego-los 1.234 millones de euros antes citados-cifra que corresponde a tres años de ingresos de los 14 aeropuertos. El dinero anual de 23 millones de euros que el consorcio pagará por los 14 aeropuertos es igual a la facturación anual de uno de ellos, el de Corfú. Se calcula que, en los 40 años de gestión, el grupo ingresará alrededor de 22.000 millones de euros, mientras que solo devolverá al Estado griego 3.850 millones. La Federación de Asociaciones de la Hellenic Civil Aviation Authority ha elaborado un plan con el fin de modernizar los aeropuertos griegos para que sean viables y rentables. En su informe, destacan que los bienes públicos griegos están siendo regalados a empresas extranjeras aun cuando hay alternativas para que funcionen de forma sostenible dentro del Estado heleno. Debemos recalcar que una de las empresas que asesoró al fondo griego para las privatizaciones con el fin de privatizar los aeropuertos es una filial de la aerolínea alemana Lufthansa que también es accionista de Fraport, la compañía que finalmente resultó ser la concesionaria de los aeródromos. Desde la asociación de pequeñas y medianas empresas de Grecia (GSEVEE) se muestran prudentes ante esta compra: “Somos cautos ante el hecho de que se venda propiedad pública a otra empresa de propiedad pública (en este caso alemana), a un precio muy bajo”, declaran en referencia a Fraport.

A finales de abril de 2018, un consorcio europeo formado por la empresa italiana Snam, como accionista mayoritario, con un 60%, la belga Fluxys y la española Enagás, con un 20%, respectivamente, resultó adjudicataria del concurso de HRADF para la compra del 66% de la empresa griega Desfa, el operador de la red de transporte de gas natural de Grecia (TSO). La operación se cerró en 535 millones de euros.

El 18 de abril de 2018, Grecia anunció la salida a concurso de Helpe (Hellenic Petroleum), la mayor compañía petrolífera del país. El porcentaje, según informó HRADF, no será nunca menor al 50,1% de la empresa, por lo que Hellenic Petroleum también pasará a manos extranjeras. En cualquier caso, las mayores privatizaciones en el caso griego son las que están por venir. Así, está prevista la salida a concurso de las empresas públicas que gestionan el agua en Atenas y en Tesalónica; parte del sector ferroviario no privatizado; varios puertos y aeropuertos; y también se está valorando la privatización de la red de autopistas. Todo ello no es sino el triunfo de las políticas descabelladas e injustas que tradicionalmente ha defendido el Fondo Monetario Internacional en todo el planeta, que consisten en otorgar préstamos a países en desarrollo o en graves dificultades económicas a cambio de que estos aprueben medidas para favorecer el neoliberalismo: recortes en el gasto público, privatizaciones de empresas públicas, desregulación con el fin de que la inversión extranjera campe a sus anchas (la excusa es crear riqueza, pero se persigue la impunidad ante algunas prácticas delictivas de algunas grandes multinacionales), eliminación del proteccionismo y las subvenciones con el fin de que las empresas menores sean adquiridas por las mayores, supresión del control de precios, reducción de salarios para aumentar la competitividad (en realidad, un eufemismo destinado a encubrir la deslocalización de empresas a lugares donde la mano de obra es más barata), eliminación de sindicatos y asociaciones que vertebren la sociedad civil, etcétera. Lo que se está produciendo en Grecia es una supresión de la propia democracia en la medida en que, por un lado, empresas extranjeras se hacen con el control de sectores estratégicos de la economía griega provocando que las decisiones más importantes que afectan al país se tomen desde instancias y poderes exteriores y, por el otro, la compra de estas empresas afecta al funcionamiento del Estado de Bienestar porque Grecia está perdiendo recursos de todo tipo que dificultan la financiación de servicios como la sanidad, la educación, los transportes, las prestaciones por desempleo o las pensiones públicas.

 

Eduardo Luis Junquera Cubiles.