Nunca sabremos si realmente estuvimos al borde de un caos occidental y acaso mundial a raíz del intento de golpe de Estado por parte de Trump el pasado 6 de enero. De haber triunfado, es muy posible que, aprovechando la confusión reinante en la primera democracia del mundo, se hubieran producido alzamientos militares en varios países. Es fácil pensar que Europa está a salvo de todo eso, como si fuésemos un continente invulnerable a los terremotos sociales, pero estamos en un mundo donde todo es muy volátil, incluyendo nuestra pretendida inmunidad democrática, y uno de los anhelos de la ultraderecha a nivel mundial es acceder al poder mediante atajos, por eso se manipula tanto el discurso, porque las malas acciones se justifican con mentiras. No es un ejercicio de ficción cuando la población es tan acrítica y pasiva. Me atrevo a decir que es imprescindible poner como ejemplo histórico el caso de Euskadi en los años 90, cuyo Índice de Desarrollo Humano llegó a ser el segundo más alto del mundo después del de Finlandia. Sin embargo, allí se mantuvo el fenómeno terrorista surgido en los años 70. Y fue así porque desde el poder político, con la necesaria colaboración de algunos medios de comunicación, se promocionaba la perniciosa idea de una España opresora de los derechos y libertades del pueblo vasco. Sin la repetida distorsión del discurso no es posible romper la paz social de sociedades ricas, cultas y estables.

Hace días me preguntaba por un dato que considero la clave de un posible desastre en Estados Unidos, y es qué parte del porcentaje de ciudadanos que votaron por Trump en noviembre, un número que asciende a 72 millones, son capaces de llegar a la violencia para defender sus ideas.  En cualquier caso, lo que sí sabemos con certeza es que alrededor de un 70% de esas personas, es decir, unos 50 millones, consideran que el resultado electoral es un fraude. La investigación más reciente de The Washington Post señala que los miles de ciudadanos que asaltaron el Capitolio provenían de al menos 36 estados e incluso de Canadá. Como era de esperar, pertenecen a todos los sectores sociales y profesiones. Además, entre ellos encontramos miembros de iglesias evangélicas y de varias milicias declaradamente supremacistas blancas como los Proud Boys o el grupo nazi National Socialist Club. En 2016, las organizaciones de extrema derecha eran minoritarias, mientras que hoy concitan el apoyo del 25% de los votantes republicanos. La mayoría de sus miembros son blancos y hombres.

Los más radicales entre quienes asaltaron el Capitolio defienden restituir la Confederación o instaurar un Estado autoritario con un único partido y un sistema racial de castas. Produce un cierto vértigo escribir sobre estas cosas, pero la ideología de estos grupos es sencilla: las jerarquías raciales existen y la única forma de defenderlas en un mundo democrático que aspira a erradicar la desigualdad y el racismo es por medio de la violencia. La bandera confederada estaba en los museos desde el final de la Guerra de Secesión (1861-1865), pero fue recuperada por el supremacismo blanco desde los años 60 del pasado siglo XX como símbolo de oposición a la lucha por los derechos civiles de los negros. Entre los manifestantes del asalto al Capitolio abundaban también los símbolos religiosos evangélicos. Los vínculos entre los seguidores de Trump y las iglesias evangélicas no son algo anecdótico: en diciembre del pasado año, miembros pertenecientes a Jericho March, grupo liderado por el pastor Eric Metaxas organizó siete concentraciones alrededor del Capitolio, a imagen y semejanza de lo que hizo, en el 1.400 a. C., el ejército israelita en torno a la mítica Jericó hasta que sus murallas cayeron, tal como se relata en el libro bíblico de Josué. Aunque condenaron los actos de “violencia y destrucción” que se produjeron en el interior del edificio, miembros de Jericho March también estaban en el asalto al Capitolio. En las marchas de diciembre decían defender los derechos religiosos y denunciaban la corrupción y el supuesto fraude electoral.

En las páginas electrónicas de las milicias encontramos instrucciones detalladas acerca de qué armas pueden portarse de manera legal en cada estado y cómo transportarlas y ocultarlas. El trabajo en la sombra de estos grupos, cuyas ideas siempre desembocan en el odio, no es inofensivo ni folclórico. En septiembre, varios extremistas fueron detenidos acusados de planear el secuestro de la gobernadora del estado de Michigan, Gretchen Whitmer. El rastreador de noticias falsas y desinformación, NewsGuard, ha detectado vínculos entre el grupo ultra reaccionario QAnon -al que ya no es posible tomar a broma- y organizaciones de ultraderecha de Alemania, Reino Unido, Francia, Australia y Japón. La facilidad con la que miembros de QAnon accedieron al Capitolio sugiere la presencia de más extremistas de los que se creía en las agencias de seguridad estadounidenses. Varios miembros de la Guardia Nacional destinados en Washington para la jura de Joe Biden fueron apartados del acto por sus vínculos con la ultraderecha, e incluso el FBI ha encontrado mensajes en las redes de miembros de la seguridad del Capitolio que simpatizaban con los manifestantes violentos.

Esta actitud contrasta poderosamente con lo que ocurrió el pasado verano, concretamente el 3 de junio, cuando la Guardia Nacional usó bombas de humo y gases lacrimógenos para dispersar a los activistas del movimiento Black Lives Matter concentrados en la Plaza Lafayette, un parque situado frente a la Casa Blanca en el que se encuentra una iglesia en la que han rezado todos los presidentes estadounidenses desde el siglo XIX. El área fue desalojada para que Trump se fotografiase con una biblia. Algo parecido sucedió en el verano de 2018, cuando 10 personas fueron detenidas cuando se manifestaban frente al Tribunal Supremo contra el nombramiento del juez reaccionario Brett Kavanaugh, acusado además de acoso sexual.

Como parte del proceso de desnazificación de la sociedad alemana, desde 1956 el Ejército alemán dispone de una unidad especializada en detección y desmantelamiento de grupos extremistas que operen en sus filas. Más recientemente, en 2017, Alemania aprobó varias leyes que castigan con dureza los mensajes de odio en redes sociales. En octubre de 2019, el gobierno de Ángela Merkel asignó una partida de 1.000 millones para financiar 89 programas contra la radicalización. Pero en Estados Unidos esta clase de iniciativas aún están pendientes de desarrollarse legalmente.

En el mes de julio del pasado 2020, una treintena de senadores de ambos partidos escribieron una carta al secretario de Defensa, Mark Esper, solicitando una revisión de los procedimientos del Pentágono a la hora de detectar y actuar contra el personal militar con ideología y actividad extremista. Los problemas de Estados Unidos van mucho más allá de los comportamientos individuales. En 2019, la agencia de noticias ProPublica realizó una investigación que desvelaba que alrededor de nada menos que 10.000 miembros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, incluyendo su director, participaban en un grupo de Facebook de carácter racista. Por su parte, el grupo ultraderechista Oath Keepers, fundado en 2009, afirma tener decenas de militares activos, ex agentes de la ley y veteranos de guerra entre sus miembros. Todo ello pese a que el FBI advierte desde hace 15 años de la amenaza del supremacismo blanco, que planea infiltrarse en las fuerzas policiales estadounidenses para detener las investigaciones de crímenes de odio racial y reclutar oficiales para su causa.

El pasado mes de agosto, el Centro Brennan, una organización dedicada a la defensa de la democracia, publicó un informe en el que el exagente del FBI, Michael German, definía como “sorprendentemente insuficiente” la respuesta del Gobierno de Estados Unidos a estos problemas. Las estadísticas son alarmantes: mientras que, en 2016, el último año antes de la llegada a la presidencia de Donald Trump, las muertes violentas vinculadas al supremacismo blanco ascendieron al 20% del total de asesinatos producidos en conflictos raciales, en 2018 el porcentaje fue del 98%. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos coincide en el diagnóstico y señala el aumento exponencial de la violencia procedente de grupos ultraderechistas blancos hasta representar la mayoría de asesinatos y atentados en el país.

Eduardo Luis Junquera Cubiles.